La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendió la disposición incorporada en la Ley de Reconstrucción que facilita la relocalización de concesiones desde parques nacionales hacia reservas. La medida genera preocupación por sus posibles efectos sobre áreas protegidas, entre ellas la Reserva Nacional Kawésqar.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, respaldó el mecanismo que permite trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia reservas nacionales sin esperar la aprobación de un plan de manejo. La disposición fue incorporada en la denominada Ley de Reconstrucción, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.
La medida busca destrabar solicitudes de relocalización que llevan años en tramitación. Sin embargo, abre un debate sobre las condiciones de protección de territorios que mantienen una categoría de conservación y sobre el peso que tendrán los criterios ambientales frente a los intereses de la industria salmonera.
En una entrevista con La Prensa Austral de la Región de Magallanes, la ministra sostuvo que los retrasos en la elaboración de planes de manejo son responsabilidad del Estado. Según su argumento, la falta de estos instrumentos ha mantenido detenidos procesos de traslado solicitados por empresas del sector.
Qué cambia con la nueva disposición
Los planes de manejo establecen las actividades permitidas en un área protegida, las condiciones para desarrollarlas y los sectores donde pueden habilitarse instalaciones. Su ausencia dificulta determinar cómo compatibilizar eventuales actividades productivas con los objetivos de conservación.
La Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) establece restricciones para la salmonicultura en parques nacionales. Las reservas nacionales, en cambio, tienen un régimen distinto, que no prohíbe de manera general toda actividad industrial.
La disposición incorporada en la Ley de Reconstrucción facilita que concesiones salmoneras ubicadas en parques puedan trasladarse a reservas sin que sea necesario esperar a que exista un plan de manejo aprobado.
Toledo defendió la modificación al señalar que los objetivos de conservación de un área protegida ya están definidos cuando se establece oficialmente su categoría. Desde esa perspectiva, argumentó que la ausencia de un plan de manejo no debería paralizar indefinidamente las relocalizaciones.
No obstante, el cambio reduce la necesidad de esperar un instrumento que determina cómo se ordenan y regulan las actividades dentro de estos territorios. Por eso, la discusión no se limita a resolver demoras administrativas: también involucra las garantías de protección ambiental aplicables a las reservas.
Evaluación ambiental y consulta indígena
La ministra aseguró que las relocalizaciones deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Agregó que los proyectos tendrán que cumplir con los procedimientos de participación ciudadana y consulta indígena cuando corresponda.
Esto significa que la modificación no autoriza automáticamente cualquier traslado ni elimina la evaluación ambiental de los proyectos. Su aplicación dependerá de los procedimientos y requisitos que correspondan en cada caso.
Sin embargo, la evaluación de proyectos específicos no reemplaza todas las funciones de un plan de manejo. Este instrumento permite establecer criterios generales para el conjunto del área protegida, incluidas las actividades que pueden desarrollarse y las condiciones para hacerlo.
Por ello, uno de los puntos centrales será determinar cómo se resguardarán los objetos de conservación de las reservas mientras no cuenten con esos instrumentos de planificación.
La Reserva Nacional Kawésqar, en el centro del debate
Uno de los territorios donde la controversia adquiere mayor relevancia es la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes. El área marina forma parte del territorio ancestral del pueblo kawésqar y mantiene una relación directa con las actividades tradicionales de sus comunidades.
La reserva alberga concesiones salmoneras y enfrenta cuestionamientos por los efectos de esta actividad sobre los ecosistemas marinos. Además, las comunidades indígenas han impulsado iniciativas para proteger estos espacios y han participado en procesos relacionados con la creación de un Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios (ECMPO).
La falta de un plan de manejo vigente ha sido uno de los principales puntos de conflicto. Mientras la industria reclama por las demoras en la tramitación de las relocalizaciones, organizaciones ambientales y comunidades locales advierten sobre los riesgos de ampliar la actividad productiva en zonas protegidas.
El debate también involucra la elaboración del plan de manejo de la reserva y el proceso de consulta indígena asociado. La ministra indicó que la responsabilidad de estos procedimientos se encuentra actualmente en la Corporación Nacional Forestal (Conaf), antes del traspaso de competencias al SBAP previsto para marzo de 2027.
Las advertencias sobre los estándares de conservación
La modificación ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales, que advierten que permitir traslados sin esperar los planes de manejo podría debilitar la planificación de las áreas protegidas.
El abogado de la ONG Terram, Diego Rojas, advirtió sobre el riesgo de que se reduzcan los estándares de protección al priorizar intereses económicos por sobre los objetivos de conservación que justificaron la creación de estas áreas.
Desde la industria, en tanto, el sector salmonicultor ha sostenido que varias solicitudes de relocalización comenzaron antes de que se declararan las áreas protegidas y que su tramitación se ha extendido durante años.
Las posiciones reflejan el conflicto entre la continuidad de la actividad productiva, la resolución de procedimientos administrativos pendientes y las obligaciones de protección de los ecosistemas.
La aplicación de la nueva disposición será clave para establecer cómo se resuelve esa tensión. En particular, habrá que observar qué exigencias se imponen a cada proyecto y cómo se resguardan los ecosistemas y los derechos de las comunidades vinculadas a estos territorios.
El Maipo
