La decisión se anunció tras una tensa sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el titular de Justicia debió explicar los decretos que redujeron penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. El oficialismo ha defendido que las decisiones se ajustaron al marco legal.
La oposición anunció que impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, tras las controversias por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El anuncio se realizó este miércoles, luego de una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados en la que el secretario de Estado entregó explicaciones sobre los decretos firmados por su cartera. La exposición no logró contener los cuestionamientos de los parlamentarios opositores, que exigieron responsabilidades políticas y pidieron su salida del cargo.
La ofensiva fue anunciada por la diputada comunista Daniela Serrano y recibió el respaldo de distintas fuerzas opositoras. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que las explicaciones del ministro no fueron suficientes y defendió la necesidad de avanzar con el mecanismo constitucional.
“Un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional”, afirmó Yeomans, quien agregó que, a su juicio, el ministro debe dejar su cargo.
Rebajas de condenas desataron la controversia
El cuestionamiento se originó por decretos que beneficiaron con reducciones de penas a 56 personas condenadas, entre ellas individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. Las decisiones generaron críticas por los criterios utilizados para conceder los beneficios y por la interpretación de la normativa aplicada por el Ministerio de Justicia.
Durante la sesión, Yeomans cuestionó las rebajas concedidas a condenados por estos delitos y afirmó que las explicaciones de Rabat dejaron inconsistencias sin resolver.
La diputada Serrano, por su parte, sostuvo que el ministro habría excedido sus atribuciones al interpretar la ley para resolver las solicitudes. La oposición plantea que el caso requiere determinar si existieron responsabilidades políticas y si la actuación de la cartera se ajustó a las obligaciones del cargo.
La controversia también ha alcanzado a otros decretos de reducción de condenas, incluidos casos de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y de individuos que afirmaron tener vínculos con el Tren de Aragua.
Rabat defendió la aplicación de la ley
Durante su intervención ante la Cámara, el ministro argumentó que las decisiones se relacionan con la aplicación temporal de la legislación que modificó las condiciones para acceder a rebajas de condena en determinados delitos sexuales contra menores.
Rabat señaló que la reforma legal entró en vigencia en febrero de 2022 y sostuvo que, desde entonces, los tribunales han resuelto recursos bajo un criterio que considera relevante para explicar los decretos cuestionados.
El secretario de Estado también planteó que el Congreso no incorporó una disposición transitoria que aclarara expresamente la aplicación retroactiva de la modificación legal. Su defensa se centra en que las decisiones se adoptaron considerando el marco jurídico y los criterios judiciales existentes.
Sin embargo, la oposición cuestionó esa interpretación y afirmó que las explicaciones no despejaron las dudas sobre el fundamento de las rebajas. La discusión enfrenta así dos cuestiones distintas: la interpretación jurídica de la normativa y la responsabilidad política por las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Justicia.
Acusación constitucional abre un nuevo frente para el Gobierno
Con el anuncio, la oposición busca iniciar un procedimiento que podría tener consecuencias políticas para Rabat. Para avanzar, los parlamentarios deberán preparar los fundamentos jurídicos del libelo y reunir los apoyos necesarios en la Cámara.
La acusación constitucional no está formalmente resuelta por el solo hecho de haber sido anunciada. Su tramitación dependerá de la presentación del documento, de su revisión parlamentaria y de las votaciones correspondientes.
La controversia también ha generado cuestionamientos dentro del oficialismo. Mientras el Gobierno ha defendido la actuación del ministro bajo el argumento de que se aplicó la normativa vigente, parlamentarios de distintos sectores han planteado reparos sobre las rebajas y sus consecuencias.
El caso mantiene en el centro del debate la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, los criterios para conceder beneficios penales y los límites de las atribuciones del Ministerio de Justicia. La discusión parlamentaria deberá determinar si los antecedentes permiten sostener una acusación constitucional y qué responsabilidades corresponden a las autoridades involucradas.
El Maipo
