El Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y una agenda legislativa para restringir estos beneficios. La decisión se produce tras conocerse que 56 condenados por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas de condena durante el actual Gobierno.
El Gobierno de José Antonio Kast anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, luego de la controversia por los beneficios concedidos a personas condenadas por abuso sexual y violación contra menores de edad.
La medida fue comunicada este viernes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, que también anunció una serie de iniciativas legislativas para modificar las condiciones de acceso a estas reducciones de pena.
La decisión se produjo después de que se conociera que 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes recibieron rebajas de condena desde el inicio de la actual administración. De acuerdo con los antecedentes publicados, 27 de los beneficiados fueron condenados por abuso sexual y otros 29 por violación.
La controversia generó cuestionamientos desde la oposición y también desde sectores del oficialismo. Hasta ahora, el ministro Rabat había defendido la decisión de conceder los beneficios, argumentando que se ajustaba a la normativa vigente y a la interpretación que su cartera hacía de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Justicia atribuye la controversia a un vacío legal
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia explicó que un análisis de la normativa permitió identificar un “vacío legal” relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022.
Ese año se introdujeron cambios legales que restringieron el acceso a estos beneficios para personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores. La controversia se centra en cómo deben aplicarse esas restricciones a quienes recibieron sentencia antes de la modificación legal.
El ministro Fernando Rabat sostuvo que el Ejecutivo impulsará proyectos de ley para impedir que estas personas continúen accediendo a las reducciones.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló.
El secretario de Estado agregó que, mientras se tramitan las iniciativas, se mantendrá suspendida la tramitación de los decretos pendientes.
Las rebajas ya concedidas no quedan anuladas
La suspensión anunciada por el Gobierno no implica que los beneficios otorgados anteriormente hayan quedado sin efecto. El Ministerio no anunció la revocación de los decretos ya concedidos ni detalló un mecanismo para revertir las reducciones de condena.
La discusión también se instaló después de que Rabat señalara que la mayoría de las personas beneficiadas probablemente ya había salido de prisión. Esa situación plantea interrogantes sobre el alcance práctico de las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
Por lo tanto, la suspensión afecta la tramitación de nuevos decretos, pero no resuelve por sí sola la situación de quienes ya recibieron el beneficio.
Gobierno anuncia cambios al sistema de rebaja de condenas
Además de suspender los decretos pendientes, el Ministerio de Justicia anunció una agenda legislativa que buscará modificar el procedimiento para acceder a la reducción de condena por conducta intachable.
Entre las medidas se contempla revisar las causales de exclusión, establecer reglas temporales para determinar qué requisitos deben cumplir los postulantes y garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas durante estos procedimientos.
El Ejecutivo también anunció que impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.
La iniciativa busca que las solicitudes de reducción de condena, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean resueltas por jueces, en lugar de las comisiones especiales que actualmente participan en estos procesos.
La controversia deja abierto el debate sobre la interpretación de las restricciones legales, el papel del Ministerio de Justicia en la concesión de estos beneficios y los mecanismos para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a reducciones de pena.
El Maipo
