El 29 de diciembre de 2025, Leonardo Suárez firmó su último informe como director de Estudios de LarrainVial, la firma donde trabajó casi treinta años. Suárez es un analista respetado en el mercado y lejano a cualquier simpatía de izquierda. Su pronóstico para 2026 era optimista: con el cobre entre US$5,3 y US$5,8 la libra, una recuperación de la inversión y del consumo, y un gasto público que creciera solo el 1,7% aprobado en el presupuesto, Chile podía crecer 3,3% y quizás cerrar el año en equilibrio fiscal. La prensa lo llamó el “cóctel de bienvenida” para José Antonio Kast.
Diez meses después, el cobre superó esas cifras y promedia más de US$6,1 la libra, 40% sobre el año anterior. Ningún gobierno chileno había contado en décadas con un precio así. La economía, en cambio, está detenida. El Banco Central estima un crecimiento de entre 0,25% y 0,75%, Hacienda rebajó su propia proyección de 1,8% a 0,7%, y el FMI deja a Chile con la segunda expansión más baja de Sudamérica, por encima solo de Bolivia. El mismo organismo calcula que el desempleo llegará a 9,5%. En agosto el Imacec cayó 1%.
La explicación oficial culpa a la lluvia, a la guerra en Medio Oriente y a la menor producción de cobre. Esos factores existen, pero dejan fuera la parte de la historia que dependía del gobierno.
El escenario de Suárez descansaba en la demanda interna: hogares, empresas y Estado gastando e invirtiendo. Lo que pedía al fisco era modesto, ejecutar el presupuesto que el Congreso ya había aprobado. Jorge Quiroz tomó el camino opuesto. Antes de asumir envió a los ministerios un instructivo que ordenaba recortar 3% del gasto en todas las carteras, como parte de un ajuste de US$6.000 millones, y más tarde agregó US$1.000 millones al recorte del año, que quedó cerca de los US$4.000 millones. Hablamos de alrededor de un punto del PIB retirado de la economía en plena desaceleración. Los decretos alcanzaron a Desarrollo Social, a Justicia y a Culturas, y los sitios de memoria también perdieron fondos.
Los números de la Dirección de Presupuestos lo confirman. El proyecto para 2027 crece 1,5% sobre lo que se espera gastar este año, pero 2,7% sobre la ley de presupuestos de 2026. La diferencia muestra que el Estado terminará el año gastando menos de lo que la ley le permitía.
El golpe cayó donde más duele. El Banco Central reporta una caída relevante de la inversión pública durante el primer semestre y un deterioro del empleo en la construcción y otros rubros intensivos en mano de obra. El gasto interno, que crecía 2,3% en el primer trimestre, se frenó a 0,1% en el segundo. Cuando se paralizan obras públicas hay despidos, esas familias reducen su consumo, el comercio lo resiente y la recaudación de impuestos no mineros se debilita. En una desaceleración ese efecto se amplifica, y cualquier manual de macroeconomía lo advierte.
Hacienda celebra que el déficit estructural cerraría 2026 en 2,3% del PIB, bajo su meta de 2,6%. Con un crecimiento cercano a cero y el desempleo subiendo, ese sobrecumplimiento quiere decir que el Estado retiró de la economía más recursos de los que su propia regla le exigía. La ganancia extraordinaria del cobre terminó en las planillas de balance, lejos de la actividad y del empleo.
Quiroz leyó a Suárez de manera selectiva. El analista sostenía que un equilibrio fiscal impulsado por la demanda interna daría al gobierno margen político para bajar el impuesto corporativo. El ministro conservó la rebaja y desechó la condición que la hacía posible.
La reducción del impuesto de Primera Categoría de 27% a 23% se aprobó en julio, aunque para las rentas de 2026 la tasa se mantiene. Baja a 25,5% en 2027 y alcanza el 23% en 2029. La única medida presentada como estímulo no movió la economía este año, mientras los recortes empezaron a operar desde marzo. Los hogares cargaron con el ajuste de inmediato; las grandes empresas tendrán su alivio más adelante.
Ese orden obedece a una convicción política. Es la vieja doctrina de la austeridad expansiva, según la cual achicar el Estado basta para generar la confianza que atrae inversión privada. La evidencia internacional que la respalda es escasa, y el Chile de 2026 agrega un caso en contra. En la misma línea, cuando se discutió la capitalización de Codelco, el ministro advirtió que si la empresa sigue endeudándose tendrá que abrirse a capital privado. Para este gobierno, la bonanza del cobre sirve más como argumento para reducir lo público que como oportunidad para fortalecerlo.
Hay cosas que el gobierno no controla. La producción de cobre bajó por leyes de mineral más pobres, mantenciones y temporales, y el petróleo subió por la guerra. Aun sin Quiroz, 2026 difícilmente habría sido el año de 3,3% que imaginaba Suárez. Por eso mismo era más urgente cuidar la demanda interna, la variable que sí estaba en manos de Hacienda. Con el presupuesto ejecutado y la inversión pública protegida, habríamos tenido un año mediocre, pero no este estancamiento con desempleo en alza.
Ahora Hacienda proyecta para 2027 un crecimiento de 3,3%, con la demanda interna avanzando 4,2%. Son casi las mismas cifras que Suárez esperaba para este año, desplazadas doce meses. Mientras llega esa recuperación prometida, quienes perdieron su trabajo en las obras suspendidas y las familias que pagan más caros los combustibles siguen financiando la apuesta del ministro.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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