El organismo solicitará al Ministerio de Justicia los antecedentes que fundamentaron los beneficios otorgados a personas condenadas por abuso sexual y violación contra niños, niñas y adolescentes. La cartera defendió las decisiones y sostuvo que responden a criterios establecidos por la Corte Suprema.
La Defensoría de la Niñez anunció que solicitará explicaciones formales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la rebaja de 56 condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes durante el Gobierno de José Antonio Kast.
El organismo, encabezado por Anuar Quesille, manifestó su rechazo a las decisiones y pidió conocer los antecedentes técnicos y jurídicos que llevaron a modificar el criterio que históricamente aplicaba la cartera para denegar estos beneficios en casos de agresiones sexuales contra menores de edad.
Según los antecedentes publicados por Cooperativa, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Durante ese período, solo una solicitud fue rechazada.
La Defensoría advirtió que la situación requiere una explicación clara, especialmente por las normas vigentes destinadas a impedir que personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios.
La controversia por la ley que excluye estos delitos
El debate se centra en la Ley N.º 21.421, que modificó en 2022 la normativa sobre reducción de condenas para excluir de estos beneficios a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, existe una controversia jurídica respecto de la aplicación de esta exclusión a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la modificación legal.
La Defensoría reconoció que estos casos pueden ser discutidos ante los tribunales, pero cuestionó la aplicación de un criterio general que permita conceder rebajas sin considerar adecuadamente los derechos de las víctimas.
“Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación”, señaló el organismo en su comunicado.
Quesille agregó que el Estado tiene un deber reforzado de proteger a niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando las decisiones pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de personas condenadas por delitos graves.
La institución calificó la situación como un retroceso para la protección efectiva de la niñez y anunció que continuará monitoreando el caso para evaluar eventuales acciones dentro de sus atribuciones legales.
Ministerio de Justicia defiende las rebajas de condena
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la actuación de la cartera y sostuvo que las decisiones responden a criterios establecidos por la Corte Suprema.
Según explicó, el ministerio recogió la doctrina que el máximo tribunal habría establecido al resolver recursos de amparo relacionados con la aplicación del beneficio antes de la modificación legal de 2022.
La explicación abrió una discusión sobre el alcance de ese criterio judicial y su aplicación en las decisiones administrativas del Gobierno. Durante el período informado, las 56 rebajas se materializaron mediante decretos ministeriales.
Hasta ahora, los antecedentes publicados no precisan cuántas de las condenas beneficiadas corresponden a delitos cometidos antes de la modificación legal ni cuál fue el fundamento específico aplicado en cada caso.
La solicitud de la Defensoría busca precisamente que el Ministerio de Justicia transparente los criterios utilizados y explique cómo resguardó los derechos de las víctimas. La controversia pone en el centro la relación entre la interpretación judicial de la ley, las decisiones administrativas y las obligaciones del Estado en materia de protección de la niñez.
El Maipo
