La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, anunció que citará a una sesión para esclarecer la caída de los ahorros previsionales. El Fondo E registra una rentabilidad negativa promedio de 10,4% durante 2026 y la Superintendencia de Pensiones inició un proceso sancionatorio contra las siete AFP.
Las pérdidas del Fondo E de las AFP llegaron al Senado. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), anunció que convocará a una sesión especial para revisar los antecedentes de la caída, luego de recibir solicitudes de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición.
La decisión se produce en medio de los cuestionamientos a las estrategias de inversión de las administradoras y de las dudas sobre las eventuales responsabilidades en la gestión de los ahorros previsionales.
A través de su cuenta de X, Núñez afirmó que la situación requiere explicaciones y advirtió que, si se comprueban responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
La convocatoria se suma a la sesión especial anunciada en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que ambas corporaciones buscarán esclarecer las causas del retroceso y conocer los antecedentes de las operaciones financieras involucradas.
Fondo E acumula pérdidas de 10,4% durante 2026
Según los antecedentes presentados por los parlamentarios, el Fondo E registra una caída promedio de 10,4% durante 2026, con casi la mitad de ese retroceso concentrado en septiembre.
La situación ha generado preocupación porque este multifondo es considerado el más conservador del sistema y suele ser utilizado por personas próximas a jubilarse o que buscan reducir la exposición de sus ahorros a las fluctuaciones del mercado.
Las pérdidas se han vinculado con inversiones en instrumentos de renta fija de largo plazo y contratos de derivados financieros, incluidos los swaps de tasas de interés. Estas operaciones pueden generar resultados negativos cuando las tasas evolucionan en una dirección distinta a la prevista por las estrategias de inversión.
La caída ha abierto un debate sobre la exposición al riesgo de un fondo cuyo objetivo es ofrecer una alternativa relativamente conservadora para los afiliados.
Oficialismo y oposición piden explicaciones
Las solicitudes para convocar la sesión especial llegaron al Senado mediante dos cartas presentadas el lunes 19 de octubre.
La primera fue suscrita por los senadores Yasna Provoste (DC) y Juan Luis Castro (PS), en representación de los comités Unido y del Socialismo Democrático.
La segunda petición fue presentada por los comités de Republicanos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, representados por Renzo Trisotti, María José Gatica, Gustavo Sanhueza y Luciano Cruz-Coke.
Aunque pertenecen a sectores políticos distintos, ambas solicitudes coinciden en la necesidad de conocer las causas de las pérdidas y determinar si existieron incumplimientos en la administración de los fondos o en los mecanismos de supervisión.
Los parlamentarios propusieron citar al ministro del Trabajo y Previsión Social, al superintendente de Pensiones, al presidente del Consejo Consultivo Previsional y a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La sesión permitirá solicitar antecedentes a las autoridades y examinar las decisiones de inversión cuestionadas. Sin embargo, la convocatoria no implica que se hayan establecido responsabilidades de las administradoras.
Superintendencia inició proceso sancionatorio contra las siete AFP
La controversia también avanzó en el ámbito regulatorio. La Superintendencia de Pensiones inició un proceso sancionatorio contra las siete administradoras del sistema, con el objetivo de determinar si existieron eventuales incumplimientos de los deberes de diligencia y lealtad en la gestión del Fondo E.
El procedimiento busca establecer si las decisiones adoptadas por las AFP se ajustaron a la normativa y a las obligaciones que tienen respecto de los recursos de sus afiliados.
Además, los parlamentarios advirtieron que en abril la Superintendencia estableció límites a las pérdidas potenciales de las carteras de derivados y otorgó a las administradoras un plazo de 210 días para adecuarse a esas exigencias.
Según plantearon en sus solicitudes, el vencimiento de ese período podría tener consecuencias sobre la materialización de algunas pérdidas. La interpretación y los efectos de esa regulación deberán ser aclarados por las autoridades competentes.
Por ahora, tanto el proceso sancionatorio como las sesiones parlamentarias apuntan a reunir antecedentes y determinar si hubo infracciones que ameriten medidas adicionales.
La discusión mantiene en el centro la protección de los ahorros previsionales y la responsabilidad de quienes administran esos recursos. El desafío para las autoridades será explicar qué provocó la caída del Fondo E, establecer si hubo incumplimientos y determinar qué medidas corresponden para resguardar a los afiliados.
El Maipo
