El proyecto ingresado al Congreso busca eliminar la capacidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos para interponer querellas criminales, reducir su Consejo Directivo de 11 a cinco integrantes y crear una Dirección Ejecutiva. La iniciativa también proyecta recortes de personal en las oficinas regionales y en la unidad de protección del organismo.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que modifica la estructura y las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La propuesta apunta a reforzar el carácter consultivo y técnico de la institución, pero incorpora cambios que podrían reducir su capacidad de intervención en causas penales.
La modificación más significativa es la eliminación de la facultad del organismo para presentar querellas criminales. En su reemplazo, el Ejecutivo propone que pueda denunciar ante las autoridades competentes hechos que pudieran constituir delitos, sin intervenir como parte querellante en esos procesos.
El proyecto fue derivado a las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda, para iniciar su tramitación legislativa. Por ahora, se trata de una propuesta y sus disposiciones no están vigentes.
Gobierno busca limitar la intervención judicial del INDH
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la iniciativa y sostuvo que el propósito es delimitar las funciones del Instituto.
El secretario de Estado explicó que el proyecto elimina la posibilidad de interponer querellas, pero mantiene la facultad de efectuar denuncias penales. Según el Gobierno, el INDH debe concentrarse en su función de promoción y protección de los derechos humanos, con un rol consultivo y técnico, y no actuar como persecutor penal.
La iniciativa, sin embargo, mantiene las atribuciones para presentar recursos de amparo y de protección. También incorpora expresamente la posibilidad de que el organismo participe como amicus curiae, mediante informes y opiniones especializadas que contribuyan al análisis de los tribunales, sin convertirse en parte del proceso.
El cambio supone una modificación relevante en la intervención institucional del INDH en causas criminales. Actualmente, sus querellas le permiten participar formalmente en procesos judiciales relacionados con hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos.
De aprobarse la reforma, el Instituto podría poner antecedentes en conocimiento de los organismos correspondientes, pero ya no tendría esa misma facultad para iniciar acciones penales como querellante.
Consejo Directivo pasaría de 11 a cinco integrantes
El proyecto también propone una reestructuración de la gobernanza del organismo. El Consejo Directivo del INDH se reduciría de 11 a cinco integrantes, con mandatos de cuatro años y la posibilidad de una sola renovación.
El Ejecutivo plantea modificar el sistema de designación para combinar la participación de los poderes públicos y de la sociedad civil. Según los fundamentos de la iniciativa, los cambios buscan mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y fortalecer el pluralismo en la composición del Consejo.
Además, se crearía el cargo de director ejecutivo, responsable de la gestión administrativa y operativa de la institución. Su nombramiento se realizaría mediante un concurso del sistema de Alta Dirección Pública, mientras que el Consejo conservaría las decisiones estratégicas.
La reforma también establece nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Entre ellas, se contempla que el informe anual detalle las actividades realizadas, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado, el grado de cumplimiento de esas recomendaciones y la ejecución presupuestaria.
Informe financiero proyecta reducción de personal
Uno de los aspectos que genera atención es el impacto que los cambios tendrían en la dotación del Instituto. El informe financiero del proyecto contempla una reducción del 50% de la dotación regional en un plazo de un año y medio, además de una disminución del 70% de los abogados de la unidad de protección.
El Ejecutivo estima que la reorganización permitirá alcanzar un ahorro fiscal cercano a $3.721 millones anuales cuando la reforma esté completamente implementada.
Estas proyecciones abren interrogantes sobre la capacidad territorial del organismo para recibir denuncias, acompañar a personas afectadas y realizar labores de protección y promoción de los derechos humanos, especialmente fuera de Santiago.
El alcance efectivo de esos cambios dependerá de la discusión legislativa y de las modificaciones que puedan incorporarse durante la tramitación.
Reforma abre debate sobre el papel del Instituto
La propuesta del Gobierno plantea una discusión sobre el alcance que debe tener el INDH dentro del sistema institucional chileno. Mientras La Moneda sostiene que busca fortalecer su función técnica y consultiva, la eliminación de las querellas y la reducción de personal proyectada podrían limitar algunas de las herramientas con las que actualmente interviene en la defensa de los derechos humanos.
La reforma todavía debe ser discutida por el Congreso. Hasta que exista una ley aprobada y publicada, el INDH conserva sus atribuciones actuales, incluida la facultad de presentar querellas criminales en los casos que correspondan.
La discusión parlamentaria determinará si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo y en qué condiciones quedaría la capacidad de actuación judicial y territorial del organismo.
El Maipo
