El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción de $28 mil millones para la Ley Ricarte Soto, lo que encendió las alertas de parlamentarios por el financiamiento de tratamientos de alto costo. La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que los pacientes actuales y quienes cumplan los requisitos seguirán recibiendo sus medicamentos, mientras la oposición cuestionó el alcance del ajuste y el aumento anunciado para la cartera.
La discusión del Presupuesto de Salud para 2027 abrió un nuevo frente de controversia entre el Gobierno y parlamentarios de oposición. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reducción de $28 mil millones en los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos y medicamentos de alto costo para personas con enfermedades cubiertas por el programa.
Durante la sesión de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, la ministra de Salud, May Chomali, defendió la propuesta del Ejecutivo y sostuvo que la disminución presupuestaria no significará la interrupción de los tratamientos para quienes ya reciben cobertura ni para nuevos pacientes que cumplan con los requisitos establecidos.
Sin embargo, las explicaciones del Gobierno no disiparon las dudas sobre la capacidad de financiamiento del sistema y la posibilidad de incorporar nuevas patologías en el futuro.
Ley Ricarte Soto: Gobierno garantiza continuidad de tratamientos
La Ley Ricarte Soto contempla cobertura financiera para medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo asociados a 27 patologías. Su financiamiento proviene del presupuesto fiscal y de un fondo de reserva basal de $200 mil millones, creado por ley en 2019.
Chomali explicó que esos recursos se han utilizado progresivamente para responder al aumento de la demanda. También reconoció que la sostenibilidad financiera del mecanismo requiere una revisión, debido al incremento del gasto asociado a los tratamientos.
La ministra aseguró que el Ejecutivo no dejará de financiar los medicamentos de los pacientes que actualmente están incorporados al programa ni de quienes ingresen y cumplan las condiciones exigidas.
No obstante, la secretaria de Estado señaló que ampliar los mecanismos de financiamiento requiere modificar la legislación. En ese contexto, indicó que el Gobierno trabaja en una propuesta para abordar la sostenibilidad del fondo.
El recorte presupuestario ha generado preocupación entre parlamentarios y organizaciones vinculadas a pacientes, especialmente por sus posibles consecuencias sobre la incorporación de nuevas enfermedades y beneficiarios.
Karol Cariola cuestiona el aumento anunciado por el Gobierno
La senadora Karol Cariola (Partido Comunista) cuestionó la presentación del Ejecutivo, que sostiene que el presupuesto de Salud aumentará un 4,7% durante 2027.
La parlamentaria afirmó que las cifras presentadas no representan un crecimiento real del gasto y acusó al Gobierno de utilizar una interpretación que, a su juicio, no refleja el aumento efectivo de los recursos disponibles.
“Lo demás es puro marketing fiscal”, sostuvo Cariola, quien calificó la propuesta como un congelamiento del gasto en salud, en lugar del incremento anunciado por las autoridades.
Las críticas de la oposición también apuntan a los recursos para la atención primaria y al valor del aporte per cápita basal, aspectos que forman parte de las discusiones sobre el financiamiento de los servicios públicos de salud.
La controversia se produce mientras el Congreso revisa las distintas partidas del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.
Presupuesto regional también genera cuestionamientos
La discusión presupuestaria incluyó reparos de los gobiernos regionales. El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, cuestionó la falta de claridad sobre los recursos destinados a cumplir los compromisos de la ley de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano.
La autoridad afirmó que, pese a la aprobación de la normativa para las regiones de Ñuble y Biobío, hasta ahora no cuentan con información suficiente sobre las asignaciones presupuestarias ni sobre los proyectos que se ejecutarán.
Crisóstomo advirtió que una ley de reconstrucción sin recursos asociados corre el riesgo de no cumplir sus objetivos, especialmente en las comunidades que todavía necesitan recuperar infraestructura y servicios afectados por los incendios.
En paralelo, la partida correspondiente a los gobiernos regionales enfrentaba cuestionamientos en la subcomisión encargada de su revisión.
La discusión de las partidas de Salud y de los gobiernos regionales refleja las tensiones que acompañan la tramitación del Presupuesto 2027, con diferencias entre el Ejecutivo, parlamentarios y autoridades territoriales sobre la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los compromisos públicos.
El Maipo
