n 2009, el Estado chileno puso en marcha el programa Yo elijo mi PC, una iniciativa orientada a reducir la brecha digital mediante la entrega de computadores a estudiantes, reconociendo que el acceso a las tecnologías de la información constituye una dimensión relevante de las oportunidades educativas. Con el tiempo, esta política se articuló con otras iniciativas de inclusión digital, dando forma a las actuales Becas TIC de JUNAEB. Sin embargo, comprender el alcance de este programa exige ir más allá del dispositivo tecnológico; un computador representa también una posibilidad de acceso al conocimiento, de búsqueda de información y de participación en una sociedad donde las herramientas digitales ocupan un lugar cada vez más importante en los procesos educativos.
Desde esta perspectiva, Yo elijo mi PC no puede comprenderse únicamente como una política de entrega de equipamiento, sino como una intervención pública sobre las condiciones materiales en que se desarrolla la experiencia escolar. Porque no todos los estudiantes aprenden desde el mismo lugar, ni todas las familias disponen de los recursos necesarios para acompañar sus trayectorias educativas. Las desigualdades sociales y territoriales también se expresan en las posibilidades de acceder a internet, explorar información y desarrollar aprendizajes fuera del aula. En consecuencia, discutir la continuidad de este programa supone preguntarnos qué responsabilidad le corresponde al Estado frente a esas desigualdades y qué entendemos, como sociedad, por garantizar el derecho a la educación. Es precisamente en esa discusión donde un computador deja de ser solamente un objeto tecnológico y se convierte en parte de una disputa más profunda por las oportunidades, el conocimiento y la justicia social.
Resulta necesario detenernos en una cuestión que las políticas educativas corren el riesgo de omitir cuando centran su evaluación en los resultados: las condiciones desde las cuales se aprende. Los hallazgos publicados por el el Equipo Curriculum y Evaluación del CIE 16000998 en el año 2022, propone precisamente poner atención sobre ese punto, el esfuerzo adicional que los centros educativos deben realizar para mantener o elevar los niveles de logro y aprendizaje de sus estudiantes, considerando las características sociales y contextuales de las comunidades que reciben.
Esta perspectiva resulta particularmente relevante cuando hablamos de acceso a las tecnologías. Las escuelas no reciben estudiantes desde condiciones equivalentes, ni las familias disponen de los mismos recursos para acompañar sus trayectorias educativas. Por ello, pensar la educación exclusivamente desde sus resultados puede terminar invisibilizando aquello que ocurre antes de que esos resultados sean posibles. No se trata de desconocer la necesidad de evaluar el uso de los recursos públicos, sino de comprender que los resultados educativos se producen en contextos concretos, atravesados por desigualdades materiales, sociales y territoriales que también forman parte de la experiencia escolar.
Desde aquí, la discusión sobre Yo elijo mi PC adquiere otra dimensión. Si una política pública busca disminuir una brecha de acceso, su valor no puede agotarse únicamente en preguntarnos si el computador entregado produjo, por sí solo, un aumento estadísticamente significativo en las calificaciones. La pregunta también debe ser qué condiciones materiales permite generar, qué barreras contribuye a disminuir y qué posibilidades abre para estudiantes que, sin esa intervención, enfrentarían el proceso educativo desde una posición de mayor desventaja. Porque cuando las condiciones de partida son desiguales, exigir resultados equivalentes sin considerar esas diferencias puede transformar la desigualdad en una responsabilidad exclusivamente individual o escolar.
En este punto, la discusión puede ampliarse aún más. Pierre Bourdieu indica que las desigualdades no se explican únicamente por la posesión de recursos económicos. Los capitales económico, social y cultural participan en la configuración de las posiciones que los sujetos ocupan en el espacio social y con ello, en las oportunidades que tienen para desenvolverse en él. En una sociedad que ha experimentado una profunda transformación tecnológica, cabe entonces preguntarnos si estas formas de capital resultan suficientes para comprender las desigualdades contemporáneas. Sin reemplazarlas, hoy debemos comenzar a considerar una dimensión adicional, un capital de conectividad.
No hablamos simplemente de tener o no tener un computador, ni siquiera de disponer de una conexión a internet. Hablamos de la posibilidad efectiva de participar en un mundo donde una parte creciente de las relaciones sociales, educativas, laborales, culturales y ciudadanas se desarrolla mediante dispositivos, plataformas y redes digitales. Tener acceso a estas tecnologías, saber utilizarlas, disponer de condiciones adecuadas para hacerlo y poder incorporarlas a la vida cotidiana constituye progresivamente una condición para participar de la sociedad contemporánea. La conectividad, en este sentido, comienza a adquirir un carácter que excede lo instrumental, ya que puede convertirse en una forma de acceso a otros capitales, a información, vínculos, oportunidades y espacios de participación.
Hoy en un Chile, que posee un discurso político donde como sociedad aspiramos a formar parte de los países desarrollados y participar plenamente de una ciudadanía global, resulta difícil sostener ese horizonte mientras las posibilidades de acceso al conocimiento y a la participación digital continúen distribuyéndose de manera desigual. La transformación digital del país no puede medirse únicamente por la cantidad de dispositivos conectados o por la cobertura de internet, también debe tomar en cuenta quiénes pueden efectivamente utilizar esas herramientas, para qué pueden utilizarlas y qué oportunidades se abren, o se cierran a partir de ellas.
Por ello, propongo comprender el capital de conectividad como una dimensión emergente de la desigualdad contemporánea, como una condición que articula acceso, disponibilidad, uso y participación en los espacios digitales donde hoy también se produce conocimiento, se construyen relaciones, se desarrollan aprendizajes y se ejerce ciudadanía. Entregar un computador a un estudiante que no dispone de uno no constituye simplemente la distribución de un bien material, esta acción puede significar ampliar sus posibilidades de acceso a otros capitales y, con ello, intervenir sobre las condiciones desde las cuales construirá su trayectoria educativa y social.
Pero ¿quiénes son, finalmente, aquellos estudiantes para quienes una política como Yo elijo mi PC puede marcar una diferencia? Esto es importante, porque detrás de las cifras de cobertura no existen solamente beneficiarios de un programa estatal, existen niños, niñas y adolescentes que desarrollan sus trayectorias educativas en hogares donde los recursos disponibles son limitados y donde una dificultad económica puede significar, al mismo tiempo, la pérdida o restricción de otros recursos necesarios para participar plenamente de la sociedad.
La pobreza, precisamente, no puede seguir siendo comprendida únicamente como ausencia de ingresos. La actualización de la medición de pobreza de la CASEN 2024 incorporó una dimensión asociada a la conectividad digital dentro de la pobreza multidimensional. Bajo esta nueva metodología, la pobreza por ingresos alcanzó el 17,3% y la pobreza multidimensional el 17,7% de la población en 2024. El propio Estado chileno reconoce así que las condiciones de conectividad forman parte de las carencias que permiten comprender las desigualdades contemporáneas.
Esto nos obliga a mirar la pobreza de otra manera. Una disminución de los ingresos familiares no significa únicamente tener menos dinero disponible;, también esta asociada a tener menores posibilidades de acceder a determinados bienes, relaciones, experiencias y oportunidades. La pérdida o insuficiencia de capital económico puede terminar afectando otros capitales que permiten desenvolverse en el mundo social. Y en una sociedad crecientemente digitalizada, uno de esos capitales es precisamente el que aquí hemos denominado capital de conectividad.
La relación es especialmente relevante cuando observamos el mundo del trabajo. El dato más reciente disponible del Instituto Nacional de Estadísticas sitúa la tasa de desocupación nacional en 9,6% durante el trimestre junio-agosto de 2026, mientras la tasa de ocupación informal alcanzó el 26,3%. Lo que nos permiten observar un contexto en el que para muchas familias la disponibilidad de recursos económicos continúa siendo una condición decisiva para acceder a bienes y oportunidades.
Y es precisamente allí donde las políticas de redistribución adquieren sentido. Cuando una familia debe priorizar alimentación, vivienda, transporte, salud o empleo, la adquisición de un computador puede quedar muy lejos de sus posibilidades. No porque ese computador carezca de importancia, sino porque las urgencias materiales se imponen. La desigualdad, entonces, puede reproducirse por acumulación, ya que quien posee menos capital económico puede disponer también de menos recursos culturales, menos redes de apoyo, menos oportunidades educativas y, en determinadas circunstancias, menos posibilidades de conectarse de manera efectiva con el mundo digital.
Por eso, entregar un computador a un estudiante en situación de vulnerabilidad no significa simplemente sustituir un gasto familiar. Significa intervenir, aunque sea parcialmente, sobre una cadena de desigualdades que puede comenzar en la insuficiencia de recursos económicos y extenderse hacia otras dimensiones de la vida social. Allí radica una de las principales razones para comprender Yo elijo mi PC como una política de inclusión y no solamente como una política tecnológica.
La paradoja es evidente, mientras Chile incorpora la conectividad digital como una dimensión relevante para comprender la pobreza multidimensional, todavía podemos caer en la tentación de discutir el acceso a un computador como si se tratara únicamente de la entrega de un objeto.
Si la escuela constituye uno de los principales espacios de producción y distribución de conocimiento, entonces garantizar condiciones materiales para acceder a ese conocimiento también forma parte de una política de justicia educativa. Y cuando esas condiciones no están distribuidas de manera equitativa, el Estado tiene frente a sí una decisión que no es solamente presupuestaria. Y es que el Estado debe preguntarse cuánto está dispuesto a hacer para evitar que la desigualdad económica termine convirtiéndose también en desigualdad de participación, de conocimiento y de ciudadanía digital.
Y es aquí donde la discusión deja de ser solamente educativa y comienza a interpelarnos como sociedad. Porque si aceptamos que la conectividad constituye progresivamente una condición para acceder al conocimiento, participar de redes sociales, desarrollar aprendizajes, relacionarse con las instituciones y ejercer ciudadanía, entonces la ausencia de esa posibilidad no es una carencia menor. Es una forma contemporánea de exclusión. El problema no es solamente quién tiene un computador y quién no, el problema es quiénes podrán participar plenamente del mundo que estamos construyendo y quiénes deberán hacerlo desde una posición de desventaja.
El riesgo es que, al retirar una política destinada precisamente a disminuir esa brecha, terminemos reproduciendo una sociedad donde existan estudiantes preparados para habitar plenamente la ciudadanía digital y otros que, desde el comienzo de sus trayectorias, deban hacerlo con menos herramientas, menos oportunidades y menos posibilidades de acceder a los capitales que circulan en ese espacio. No se trata de afirmar que un computador determina el futuro de un estudiante, se trata de reconocer que cuando las condiciones materiales de acceso al conocimiento se distribuyen desigualmente, las posibilidades de participación también comienzan a distribuirse de manera desigual.
Y entonces aparece una pregunta incómoda ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo? Porque podríamos terminar reproduciendo, bajo nuevas formas, una antigua estructura de desigualdad compuesta de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. No porque la ley establezca formalmente esa diferencia, sino porque las condiciones materiales para ejercer derechos, acceder al conocimiento y participar de la sociedad no son las mismas para todos. Hoy la exclusión ya no necesariamente se encuentra en la ausencia de una escuela, de un libro o de un documento de identidad, también puede encontrarse en la imposibilidad de conectarse, de acceder a información, de desarrollar competencias digitales y de participar de los espacios donde hoy se construye buena parte de la vida social.
Por eso, cuando analizamos las acciones y los discursos de quienes gobiernan, cuando entendemos que un presupuesto también comunica qué problemas se consideran prioritarios y qué sujetos merecen la preocupación del Estado, las decisiones adquieren un significado que va más allá de las cifras.
El discurso no está solamente en lo que una autoridad dice, también está en aquello que decide financiar, en aquello que decide postergar y en aquello que deja de considerar necesario. Cuando una política pública dirigida a disminuir una desigualdad deja de recibir financiamiento, el acto presupuestario también produce un mensaje, y con este mensaje establece qué desigualdades merecen ser enfrentadas y cuáles quedan entregadas a las capacidades individuales de las familias.
Y aquí es donde debemos detenernos, porque no todas las familias pueden resolver individualmente aquello que la desigualdad estructural produce, pedir que cada hogar compre su computador, pague su conexión y construya por sí mismo las condiciones necesarias para participar del mundo digital puede parecer, desde determinadas posiciones, una defensa de la responsabilidad individual. Pero para quien debe escoger entre alimentación, arriendo, transporte, medicamentos o conectividad, esa elección no existe realmente.
El Estado, entonces, no solamente distribuye recursos, también distribuye posibilidades, y cuando esas posibilidades se retiran de quienes tienen menos capacidad para obtenerlas por sus propios medios, la desigualdad deja de ser solamente una diferencia económica y comienza a transformarse en una diferencia de participación, de conocimiento y de ciudadanía.
Tal vez por eso Yo elijo mi PC sea mucho más que un programa de computadores, quizás es una pregunta sobre el país que queremos construir. Si Chile aspira a formar parte de una sociedad desarrollada, global y digitalizada, debemos preguntarnos si ese desarrollo será una experiencia compartida o un privilegio para quienes puedan pagarlo. Porque un país no se define únicamente por la tecnología que produce, por la velocidad de sus conexiones o por la cantidad de dispositivos que existen en sus hogares. También se define por quiénes pueden utilizar esas tecnologías para aprender, participar, crear y decidir sobre su propio futuro.
Y si hoy comenzamos a aceptar que algunos estudiantes tendrán las herramientas para conectarse plenamente con ese mundo mientras otros deberán observarlo desde fuera, entonces no estaremos solamente frente al término de una política pública, estaremos ante la reproducción de una frontera social, estaremos frente a una ciudadanía con mayores posibilidades de participar y otra cuya participación será siempre más difícil.
La pregunta, finalmente, no es cuánto cuesta un computador. La pregunta es cuánto le cuesta a una sociedad dejar a una parte de sus niños, niñas y jóvenes fuera de las condiciones materiales necesarias para construir su propio lugar en el mundo.
Y aquí aparece, finalmente, una cuestión que considero fundamental, una política educativa no debiera evaluarse solamente por aquello que consigue modificar en los resultados, sino también por aquello que consigue transformar en las condiciones que hacen posibles esos resultados.
*Carlos Miranda Carvajal. Académico, profesor e investigador postdoctoral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha Facultad de Humanidades, UPLA.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
