El “Escudo de las Américas” y la encrucijada soberana de Chile. Por Luis Mesina

El “Escudo de las Américas” se ha articulado públicamente bajo la narrativa de un acuerdo multilateral destinado a la cooperación en seguridad y el combate al crimen organizado transnacional; sin embargo, un examen riguroso de los documentos oficiales revela implicancias que contradicen dicho propósito inicial. Lejos de constituir un tratado de asistencia policial estándar, la iniciativa supone un alineamiento doctrinal con la administración de Donald Trump y una concesión de soberanía nacional inédita en la historia reciente, que compromete el dominio y control estratégico sobre recursos críticos como el cobre, el litio y las denominadas “tierras raras”.

En este escenario, la conducción del gobierno de José Antonio Kast da cuenta de una preocupante vulnerabilidad en la defensa de la autonomía del Estado. En periodos de mayor rigidez institucional, compromisos de esta envergadura habrían provocado la activación inmediata de mecanismos de control parlamentario, tales como una acusación constitucional por notable abandono de deberes. No obstante, el sistema político chileno actual exhibe una profunda desconexión con los desafíos estratégicos, priorizando disputas domésticas accesorias por sobre la protección de los intereses soberanos de la nación.

A pesar de que el Ejecutivo ha defendido la adhesión al bloque como un acto de “cooperación voluntaria”, los compromisos derivados del Escudo de las Américas sugieren una subordinación formal a las directrices geopolíticas de Washington. Las justificaciones ofrecidas por la Cancillería y el presidente Kast disienten de forma explícita de las declaraciones programáticas de la propia Casa Blanca. En términos analíticos, se asiste a una reactivación de la histórica doctrina Monroe -denominada críticamente en el debate contemporáneo como doctrina Donroe-, la cual faculta la calificación de carteles criminales como organizaciones terroristas para legitimar intervenciones militares operativas en la región.

El aspecto más restrictivo del acuerdo prohíbe de forma taxativa que actores extra hemisféricos -con especial énfasis en la República Popular China-, adquieran activos estratégicos en la que el Departamento de Estado norteamericano considera su zona de influencia exclusiva. De este modo, el objetivo central de la administración Trump radica en consolidar una hegemonía económica, política y militar en el continente.

El gobierno estadounidense ha manifestado esta postura de manera explícita y sin ambages diplomáticos, instando a los Estados signatarios a emplear la fuerza letal de sus respectivas fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Esta estrategia replica modelos operativos ensayados previamente en la cuenca del Caribe, caracterizados por intervenciones unilaterales de alto costo humano. La innovación presupuestaria de este acuerdo radica en que el financiamiento de dichas operaciones ya no será asumido de forma exclusiva por las arcas fiscales estadounidenses, sino que se prorrateará entre todos los miembros del bloque. En consecuencia, Chile se vería compelido a financiar despliegues tácticos cuyos objetivos responden a los intereses nacionales de una potencia extranjera y no a los propios. Al suscribir este marco regulatorio, el presidente ha excedido los límites de su mandato constitucional, comprometiendo la seguridad del Estado y entregando argumentos jurídicos suficientes para que la oposición exija responsabilidades políticas severas.

En el plano macroeconómico, los costos de una política de exclusión comercial de esta naturaleza no han sido debidamente ponderados. De acuerdo con los informes de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), el comercio exterior de Chile se encuentra fuertemente concentrado: China representa el 33,9% del intercambio comercial total (sustentado en la exportación de cobre, litio, productos acuícolas y frutícolas), mientras que Estados Unidos constituye el 16,7% (centrado en cátodos de cobre, salmón y manufacturas). En una escala considerablemente menor se ubican socios regionales como Brasil (6%), Japón (5,3%) y Argentina (4%).

Vincular al país a una alianza de seguridad subordinada a una potencia que exige restringir los lazos comerciales con el principal socio económico de Chile no solo vulnera el principio de autodeterminación, sino que introduce un factor de riesgo sistémico sobre un tercio de nuestra actividad económica externa. El Estado ha ingresado a una encrucijada geopolítica cuyas repercusiones de largo plazo son aún difíciles de predecir.

Es evidente que la política exterior chilena ha quedado supeditada a la volatilidad de las decisiones unilaterales de Washington, debilitando la histórica tradición de neutralidad, multilateralismo e independencia que ha caracterizado a la diplomacia del país. El hito precursor de este viraje estratégico se manifestó con la decisión del Ejecutivo de retirar a Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL); un abandono institucional que envió una señal equívoca a la comunidad internacional respecto a la disposición del Estado de Chile para integrarse en esquemas de alineamiento restrictivos, cuyo correlato definitivo se traduce hoy en el denominado “Escudo de las Américas”.

Luis Mesina Marín: Profesor de Historia y Geografía, activista chileno vocero de la Coordinadora No Más AFP.​ Magíster en Educación y diplomado en Economía de la Universidad de Chile.​

El Maipo/Le Monde Diplomatique

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