Por unanimidad, el Senado aprobó en general y en particular el proyecto de ley que busca graduar las sanciones vinculadas al uso, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes. Tras concretarse la votación en la Sala, la iniciativa —originada por moción— deberá volver a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional, donde se analizarán las modificaciones introducidas por la Comisión de Agricultura.
El objetivo central de la propuesta legislativa es flexibilizar los montos de las penalizaciones para hacerlas proporcionales a la gravedad de la falta, el valor de los productos, el daño causado y la capacidad económica del infractor, evitando así un impacto desmedido sobre los pequeños productores agrícolas.
Detalle de las sanciones y montos
La iniciativa introduce cambios a la regulación establecida en la Ley N° 21.349, fijando nuevos rangos para las infracciones cometidas:
- Inscripción en el Registro Único Nacional: La omisión de cualquiera de las obligaciones relacionadas con el registro del uso de estos insumos se sancionará con multas que irán de 10 a 500 UTM.
- Comercialización e incumplimiento de requisitos: Quienes comercialicen o pongan a disposición de usuarios e intermediarios productos que no cumplan con la normativa legal, reglamentaria o las disposiciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), arriesgan multas de 10 a 1.000 UTM.
Todos los fondos recaudados por estas multas irán a beneficio fiscal. Su cálculo final ponderará tanto el valor comercial de los lotes comprometidos como la magnitud del perjuicio ocasionado.
Proporcionalidad y resguardo a pequeños agricultores
Durante el debate en el hemiciclo, legisladores de la Comisión de Agricultura valoraron la iniciativa enfocada en adecuar el marco punitivo a la realidad del sector.
La senadora Andrea Balladares destacó que el texto permite clasificar con mayor precisión los distintos tipos de infracciones. “De esta forma se busca resguardar a los agricultores y evitar que errores formales de etiquetado sean sancionados severamente”, señaló.
Por su parte, el senador Ignacio Urrutia advirtió las dificultades que enfrentan los pequeños productores frente a sanciones desproporcionadas en relación a sus ingresos. “Queremos que la empresa grande pague una multa más alta que la que debe cancelar la pequeña. Este mercado se basa en la buena fe porque no hay forma de estar seguro de que el producto que me venden es exactamente lo mismo que lo que dice la etiqueta”, explicó Urrutia.
El Maipo
