(Madrid) El denominado Decreto Maricarmen sigue paralizado hoy en el Consejo de Ministros de España, mientras se cumplieron tres noches de acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
En las últimas 24 horas, el Gobierno español impulsó negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita mayor protección a los inquilinos e impida los desahucios como ocurrió el pasado miércoles con Maricarmen Abalos, anciana de 87 años con limitaciones físicas.
Maricarmen fue desalojada y tuvo que ser remitida a un hospital donde permanece. La reacción ante lo que muchos consideran “una vergüenza nacional”, generó una movilización ciudadana en importantes ciudades del país.
Aunque una noticia en paralelo de este martes señala que se alcanzó un acuerdo entre el fondo buitre Urbagesa con Maricarmen, sus abogados y el sindicato Inquilinas, con mediación del Ayuntamiento de Madrid, continúan las manifestaciones.
El arreglo permitirá a la señora regresar a su hogar donde había vivido 71 años, en cuanto su estado de salud mejore. Faltan detalles para concretar el acuerdo.
Si bien los socialistas del PSOE, amplia mayoría en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, insisten en que trabajan “contrarreloj” para sacar el decreto sobre la vivienda, la inconformidad domina el ambiente.
La portavoz del sindicato Inquilinas, Alicia del Río, advirtió al Ejecutivo de Sánchez que no se moverán del lugar hasta la aprobación de un Real Decreto sobre Vivienda, que incluya contratos indefinidos.
Si quieren convencernos de que, en efecto, son un Gobierno progresista, deben demostrarlo con hechos, zanjó la vocera desafiante ante la administración de Sánchez.
La presión sobre la clase política es enorme en estos momentos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que de la reunión del Consejo de Ministros de hoy no les vale que salga «cualquier real decreto» sobre vivienda, sino uno que «le meta mano a los fondos buitres».
Díaz, integrante del grupo Sumar, animó a los manifestantes a movilizarse, incluso más, como el caso de la Puerta del Sol.
Por su parte, la eurodiputada Irene Montero, de Podemos, recalcó contra una ley de mínimos que volvería a poner parches a una situación que agrede la convivencia social y el bienestar de miles de españoles.
El opositor Partido Popular (PP, derecha) opinó que el Gobierno no puede imponer leyes en cuatro días cuando no lo ha hecho en ocho años, y llamó a un debate transparente y objetivo acerca del espinoso asunto.
En Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Santiago de Compostela, también registraron protestas en rechazo al panorama actual de la vivienda.
El Maipo/PL
