La discusión presupuestaria abre una nueva instancia para intentar recuperar recursos destinados a la adaptación climática, el control de daños ambientales y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Un informe de Fundación Terram advierte una brecha de $21 mil millones para este último organismo.
La discusión por los recursos destinados al Ministerio del Medio Ambiente tendrá una nueva etapa en el Senado, donde se buscará revertir parte de los recortes contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Las principales preocupaciones apuntan al financiamiento de programas de adaptación al cambio climático, la fiscalización ambiental y la protección de áreas naturales.
La controversia se produce luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la partida presupuestaria de Medio Ambiente, pese a los cuestionamientos por la reducción de recursos en áreas consideradas estratégicas para la gestión ambiental del país.
El debate adquiere especial relevancia en un año marcado por incendios forestales, temporales y otros eventos climáticos extremos, que han dejado miles de personas damnificadas y han evidenciado la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta.
El senador Alfonso De Urresti planteó la importancia de recuperar los recursos destinados a estas materias y cuestionó el impacto que podrían tener los ajustes presupuestarios.
«Prevenir cuesta más que reconstruir. Recortar en adaptación al cambio climático tras los incendios de enero y los temporales de invierno es una pésima decisión, no solo en lo ambiental sino también en lo económico», sostuvo.
Fiscalización ambiental bajo presión
Uno de los puntos de mayor preocupación corresponde a los recursos destinados a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sancionar las infracciones.
De Urresti advirtió que una reducción de recursos podría limitar la capacidad de fiscalización, especialmente cuando existe un proyecto de ley en tramitación que busca fortalecer las atribuciones de este organismo.
«La fiscalización ambiental que hemos discutido por ley y que hemos trabajado entre todos, queda en el papel si la Superintendencia de Medio Ambiente tiene menos recursos», afirmó.
El senador también cuestionó las señales que se entregan frente a los incumplimientos ambientales y sus consecuencias para las comunidades. «Incumplir sale más barato que cumplir y es una mala señal a la sociedad y al mundo empresarial», agregó.
La discusión no se limita a la capacidad sancionatoria de la SMA. También involucra la posibilidad de prevenir daños en los territorios y responder a situaciones que afectan directamente a las comunidades, como la contaminación, las sequías y las inundaciones.
SBAP enfrenta una brecha de $21 mil millones
Otro de los puntos que llegará al debate parlamentario es el financiamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo encargado de la conservación de la biodiversidad y la administración de las áreas protegidas del Estado.
Un informe de la Fundación Terram identificó una brecha de $21 mil millones entre los recursos proyectados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para implementar el servicio y los montos considerados en la propuesta presupuestaria para 2027.
La diferencia genera preocupación por las condiciones en que se desarrollará la puesta en marcha del organismo, que requiere recursos para asumir sus nuevas responsabilidades, implementar medidas y avanzar en los traspasos y reglamentos necesarios para su funcionamiento.
«No podemos fallar en la implementación del SBAP. Hay medidas, traspasos, reglamentos y un reordenamiento que son imprescindibles para que la aprobación de las leyes en las que generamos consenso se ejecuten y tengan un efecto real en el territorio», señaló De Urresti.
El senador también planteó la necesidad de garantizar recursos para cumplir los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de protección de humedales y conservación de los océanos.
En ese contexto, mencionó la postulación de Valparaíso para convertirse, junto a Bélgica, en sede del Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas, acuerdo que establece mecanismos para crear áreas marinas protegidas en espacios fuera de las jurisdicciones nacionales.
La discusión en el Senado representa una nueva oportunidad para revisar las asignaciones de Medio Ambiente y definir si se reponen recursos para enfrentar la crisis climática, fortalecer la fiscalización y asegurar la protección de la biodiversidad. El resultado de esta etapa presupuestaria será clave para determinar con qué capacidades contará el sector ambiental durante 2027.
El Maipo



