(Madrid) El desahucio de una anciana de 87 años por el fondo buitre Urbagesa, sacudió a la opinión pública española, aunque hoy el conservador Partido Popular (PP) lo califica de “suceso normal”.
En particular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un liderazgo transversal dentro del PP, consideró que ahora el denominado Sindicato Inquilinas trata de demonizarla cuando lo ocurrido es parte de los reglamentos con la vivienda.
Maricarmen Abalos llevaba en su domicilio, heredado en alquiler por sus padres, 71 años pagando una mensualidad de 500 euros. En 2018 Urbagesa, también conocida como Urbagestión, fundada en 2005, compró el edificio.
De inmediato elevó el alquiler de Maricarmen a dos mil 650 euros, cifra imposible de asumir por la señora, pensionada con menos de la mitad de ese dinero.
El fondo buitre, como otros muy de moda en Madrid para convertir viviendas en apartamentos de arriendo al turismo, decidió demandar a la anciana pidiendo su desahucio, algo que fue frenado varias veces, incluso con intervención de la ONU.
Precisamente Naciones Unidas emitió este jueves una nota en la que señala que la jueza a cargo del tema debió impedir el desahucio. Maricarmen fue llevada a un hospital ayer, donde se mantiene, debido a su delicada salud.
No tiene un lugar adecuado donde vivir y lo más probable es que termine en un municipio a 80 kilómetros de Madrid, La Granja de San Ildefonso, donde residen unos primos en un pequeño apartamento de 58 metros cuadrados.
La Plataforma considera intolerable que el lanzamiento se haya ejecutado sin garantizarle previamente una alternativa habitacional digna, estable, accesible y acorde con su voluntad.
El ala más a la izquierda del Gobierno, el grupo Sumar, adelantó que buscará el próximo martes en el Consejo de Ministros semanal, alcanzar un Real Decreto sobre la Vivienda que impida se repitan casos como el de Maricarmen.
Desde el PP y la ultraderecha de Vox, los pronunciamientos han sido tibios en el mejor de los casos, o, como es habitual, culpando al Gobierno de lo ocurrido.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) emitió hoy un duro comunicado en el cual condenó el desahucio de Maricarmen y calificó de intolerable que el hecho se haya ejecutado sin garantizarle previamente una alternativa habitacional digna, estable, accesible y acorde con su voluntad.
Además, afirmó que “pone en evidencia la flagrante contradicción” de estos sucesos con la reciente aprobación parlamentaria, “de la reforma de la Ley de Dependencia”, que apuesta porque “las personas puedan permanecer en su hogar y en su entorno comunitario, con más apoyos a domicilio y derecho a decidir sobre los cuidados que reciben La PMP remarcó que un desalojo de estas características no es solo una pérdida de vivienda, sino un golpe devastador para la salud y el equilibrio emocional de una persona mayor.
“Perder de forma abrupta el hogar donde se ha vivido casi toda la vida supone perder las referencias, la rutina, los vínculos con el vecindario y el sentimiento de seguridad”, argumentó.
Numerosas manifestaciones de solidaridad y apoyo a Maricarmen tuvieron lugar en las últimas horas en distintas ciudades de España.
El Maipo/PL
