La Comisión Europea propone modificar el sistema de autorización de sustancias activas utilizadas en pesticidas y sustituir las revisiones periódicas por controles focalizados cuando existan nuevas señales de riesgo. Bruselas defiende que la iniciativa busca reducir trabas administrativas sin bajar los estándares de protección, mientras expertos advierten sobre los efectos de aprobar sustancias por tiempo indefinido.
Una propuesta de la Comisión Europea para simplificar las normas sobre pesticidas abrió un nuevo debate sobre los límites entre desregulación, producción agrícola y protección ambiental. El denominado Food and Feed Safety Simplification Omnibus, presentado en diciembre de 2025, plantea cambios en la forma en que la Unión Europea revisa y autoriza sustancias activas utilizadas en productos fitosanitarios.
El punto más controvertido está en que la iniciativa propone abandonar la renovación periódica obligatoria para la mayoría de las sustancias activas y avanzar hacia autorizaciones de duración indefinida, salvo determinadas categorías consideradas de mayor preocupación. La revisión pasaría a realizarse cuando existan motivos concretos que justifiquen una nueva evaluación.
La Comisión Europea sostiene que el objetivo es reducir retrasos administrativos y utilizar los recursos de las agencias reguladoras de manera más eficiente. Según Bruselas, el nuevo sistema permitiría actuar con mayor rapidez cuando aparezcan nuevos riesgos o antecedentes científicos.
El cambio que preocupa a científicos
Actualmente, las sustancias activas cuentan con autorizaciones limitadas en el tiempo y posteriormente deben pasar por procesos de renovación. La propuesta modificaría este mecanismo para que la aprobación indefinida sea la regla general, manteniendo revisiones periódicas para algunas sustancias específicas, como determinados candidatos a sustitución o aquellas cuya evaluación haya detectado problemas que requieran seguimiento.
Un análisis jurídico y científico publicado en septiembre de 2026 en Environmental Sciences Europe plantea que este cambio podría dificultar la incorporación sistemática de nueva evidencia científica al proceso regulatorio.
Los autores sostienen que reemplazar las revisiones periódicas por evaluaciones activadas caso a caso puede generar un sistema menos capaz de actualizar sus decisiones conforme aparecen nuevos conocimientos toxicológicos y ecológicos. También advierten que la propuesta, en su diseño original, no contempla una evaluación de impacto completa que permita dimensionar sus consecuencias sobre la salud y el ambiente.
Otro estudio publicado en la misma revista este mes sostiene que la combinación de aprobaciones indefinidas, menor periodicidad de las revisiones y cambios en el papel de los Estados miembros podría entrar en tensión con el principio de precaución.
¿Los Estados perderían capacidad de intervención?
Uno de los puntos que genera discusión es la relación entre las evaluaciones realizadas a nivel europeo y las decisiones de cada país.
La normativa vigente mantiene un sistema de dos niveles: la sustancia activa se aprueba a escala de la Unión Europea, mientras que los productos fitosanitarios concretos son autorizados por los Estados miembros. Estos últimos pueden considerar circunstancias ambientales o agrícolas específicas de su territorio.
El análisis publicado en Environmental Sciences Europe advierte que la propuesta podría reducir el margen de los países para actuar directamente frente a nueva evidencia científica, obligándolos en determinados casos a solicitar a la Comisión una reevaluación de la sustancia a nivel europeo.
La Comisión, por su parte, asegura que las autoridades nacionales continuarán participando en las autorizaciones de productos y que podrán considerar nueva información científica y técnica cuando corresponda. También sostiene que existen mecanismos para solicitar revisiones cuando aparezcan antecedentes que lo justifiquen.
El debate, por tanto, no gira solamente en torno a si habrá controles, sino sobre con qué frecuencia se realizarán y quién podrá activar una nueva evaluación cuando aparezcan señales de riesgo.
La evidencia sobre los efectos de los pesticidas
La discusión regulatoria ocurre mientras continúa creciendo la evidencia científica sobre los efectos de los pesticidas en organismos que no son su objetivo.
Un metaanálisis publicado en Nature Communications en 2025 reunió 20.212 resultados de 1.705 estudios y concluyó que insecticidas, herbicidas y fungicidas producen efectos negativos sobre una amplia variedad de organismos no objetivo y pueden afectar distintos niveles de las cadenas ecológicas. Los autores plantearon la necesidad de mejorar las evaluaciones de riesgo para proteger la biodiversidad y los ecosistemas.
El estado de las poblaciones de insectos también ha sido objeto de amplio seguimiento científico. El denominado estudio de Krefeld registró una reducción superior al 75% de la biomasa de insectos voladores durante 27 años en áreas protegidas de Alemania. Investigaciones posteriores han discutido cuánto corresponde atribuir a factores como el clima, el uso del suelo y otras presiones ambientales, por lo que el origen del fenómeno no puede reducirse a una sola causa.
Esto ha reforzado la discusión sobre cómo evaluar los efectos acumulativos de las sustancias utilizadas en la agricultura y su impacto más allá de las especies consideradas plaga.
El caso del glifosato vuelve a aparecer en el debate
Uno de los ejemplos más conocidos dentro de esta discusión es el glifosato, herbicida ampliamente utilizado y cuya evaluación científica ha generado conclusiones diferentes entre organismos internacionales.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como “probablemente carcinogénico para los seres humanos” (Grupo 2A), basándose en evidencia limitada en humanos y suficiente en animales de experimentación.
La evaluación europea llegó a una conclusión distinta. En 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señaló que no identificó áreas críticas de preocupación respecto del impacto del glifosato en la salud humana, animal y el medio ambiente, aunque sí detectó vacíos de información y algunos riesgos que requerían consideración. Ese mismo proceso se apoyó en la clasificación de peligros realizada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que no consideró justificada la clasificación del glifosato como cancerígeno.
Las diferencias entre estas evaluaciones muestran por qué la actualización periódica de la evidencia científica constituye uno de los principales puntos de discusión de la reforma europea.
Bruselas defiende la simplificación
Frente a las críticas, la Comisión Europea insiste en que el proyecto no elimina los criterios estrictos para autorizar sustancias activas ni los requisitos que deben cumplir los productos fitosanitarios.
El organismo señala que las evaluaciones de riesgo seguirán involucrando a los Estados miembros y a EFSA y que la propuesta busca sustituir procesos de renovación que se han retrasado durante años por un sistema más focalizado en sustancias que presenten señales de preocupación.
La Comisión también plantea acelerar el acceso al mercado de productos de biocontrol y mantener mecanismos para revisar sustancias cuando aparezca nueva evidencia científica.
Organizaciones de consumidores y sectores de la sociedad civil, sin embargo, consideran que simplificar los procedimientos no debería significar reducir las garantías de evaluación y control. La organización europea de consumidores BEUC ha pedido que los cambios no debiliten la evaluación de riesgos ni el nivel de protección vigente.
La reforma todavía puede cambiar
La propuesta aún no es una legislación definitiva. El Parlamento Europeo y el Consejo continúan trabajando sobre el texto y pueden introducir modificaciones antes de que exista una decisión final.
De hecho, el debate ya ha producido diferencias entre las instituciones. Un documento reciente del Consejo muestra que los Estados miembros han trabajado sobre textos de compromiso para modificar algunos de los elementos originales de la propuesta, mientras la discusión parlamentaria continúa abierta.
La discusión europea se concentra así en una pregunta central: cómo reducir la burocracia y los retrasos regulatorios sin disminuir la capacidad de las instituciones para reaccionar cuando aparecen nuevas evidencias sobre los efectos de los pesticidas.
Mientras el proceso legislativo continúa, científicos, organizaciones ambientales, consumidores, agricultores e instituciones europeas mantienen posiciones diferentes sobre hasta dónde debería llegar la simplificación y qué mecanismos de protección deben permanecer intactos.
El Maipo
