En columnas anteriores hemos advertido sobre una característica que comienza a convertirse en sello del gobierno de José Antonio Kast: una enorme confianza en que bajar impuestos, flexibilizar el trabajo y facilitarle la vida a las empresas producirá, casi por generación espontánea, crecimiento, inversión y empleo. Pero mientras el Gobierno instala su “megareforma” económica, la realidad insiste en hacer preguntas incómodas.
La primera proviene del frente externo. Chile históricamente ha entendido su política internacional como una política de Estado: relaciones comerciales diversificadas, autonomía, no alineamiento, respeto a los tratados, multilateralismo y defensa de los intereses nacionales. Hoy, en cambio, comienza a instalarse la impresión de que la política exterior se está ordenando demasiado alrededor de afinidades ideológicas y del eje Washington–Milei–Israel.
No se trata de desconocer la importancia de Estados Unidos. El problema es la subordinación. Washington impone a Chile una sobretasa arancelaria de 12,5% y el Gobierno debe salir a negociar sus efectos. La pregunta es inevitable: ¿dónde está la supuesta capacidad de negociación de un gobierno que se presenta como especialmente cercano a la Casa Blanca?
La contradicción es todavía mayor con China. El gigante asiático continúa siendo nuestro principal socio comercial. Chile no necesita escoger entre Washington y Beijing. Necesita escoger a Chile.
Y mientras el Gobierno busca definiciones geopolíticas, en los confines norte y sur aparecen otros problemas. La relación con Javier Milei ha mostrado que las afinidades ideológicas no garantizan automáticamente la defensa de los intereses nacionales. Las controversias argentinas sobre el Estrecho de Magallanes y las señales de cautela del Gobierno chileno han generado legítimas preguntas.
Pero volvamos a la economía real. Porque ahí está la verdadera prueba.
El desempleo llegó a 9,5%, su nivel más alto en cinco años. Entre las mujeres alcanza 10,3% y la informalidad llega a 26,5%. Desempleo e informalidad llegan al 36%. En doce meses, además, los ocupados disminuyeron 0,2%, mientras los desocupados aumentaron 10,4%. Este no es precisamente el mercado laboral dinámico que debería acompañar un supuesto “despegue económico”.
Y aquí aparece una paradoja que hemos señalado antes: mientras se habla de crear empleo, el Gobierno cuestiona o busca modificar instrumentos laborales como la Ley Karin y la jornada de 40 horas, mientras la Sala Cuna Universal continúa esperando una resolución efectiva (para estimular el empleo femenino). El problema no es sólo cuántos empleos se crean, sino qué empleos se están creando.
Porque el desempleo estadístico tampoco cuenta toda la historia. Hay personas que han dejado de buscar trabajo, trabajadores por cuenta propia que sobreviven en la informalidad y empleos de baja calidad que permiten que las estadísticas no sean todavía peores. La informalidad ya supera una cuarta parte de los ocupados. El “desempleo encubierto” no aparece siempre en el titular, pero sí aparece todos los días en los hogares.
Mientras tanto, la gran apuesta empresarial es conocida: reducción del impuesto corporativo, incentivos a la inversión, invariabilidad tributaria, agilización de permisos y contención del gasto público.
Pero después de varios meses, los efectos prometidos de la megareforma todavía no aparecen en el empleo ni en el crecimiento. No se observa un salto significativo de la inversión capaz de transformar el escenario laboral, ni una creación robusta de puestos de trabajo formales. La promesa de que los beneficios tributarios terminarían traduciéndose en actividad y empleo sigue siendo, hasta ahora, eso: una promesa.
Y la economía acaba de entregar una señal particularmente incómoda. El IPC de agosto subió 0,6% -el doble de lo que esperaba el mercado- y la inflación anual llegó a 4,1%, superando el techo del rango de tolerancia del Banco Central. Los mayores aumentos provinieron de alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte, mientras los combustibles vuelven a presionar los bolsillos con nuevas alzas tras el bencinzao de marzo.
Esto importa porque el problema ya no es solamente macroeconómico. Es cotidiano: sube el combustible, sube el transporte, aumenta el costo de la canasta básica y se deteriora el poder adquisitivo de los salarios. Para una familia que enfrenta desempleo o precariedad laboral, una inflación anual de 4,1% no es una estadística: es llegar con menos plata a fin de mes.
Y mientras los precios vuelven a presionar, el crecimiento pierde fuerza. El último IMACEC disponible, correspondiente a julio, registró una caída interanual de 1,5%, y distintas estimaciones privadas han reducido sus proyecciones de crecimiento para 2026 hacia apenas 1%, muy lejos de cualquier escenario que permita hablar seriamente de un despegue. Y todavía falta conocer el IMACEC de agosto, que será otra prueba relevante para medir si estamos frente a un bache transitorio o a una economía que efectivamente perdió dinamismo.
El cuadro comienza a ser difícil de explicar mediante el relato de la “reconstrucción”: crecimiento débil, empleo insuficiente, desempleo creciente, informalidad elevada, inflación nuevamente sobre 4%, combustibles al alza y costo de vida presionando a las familias.
La pregunta inevitable es: ¿cuánto de los beneficios tributarios llegará efectivamente al trabajador?
Porque reducir impuestos a las empresas no es sinónimo de crear empleos. Facilitar proyectos de inversión tampoco garantiza que estos se materialicen. Y aumentar la rentabilidad empresarial no significa automáticamente mejores salarios, mayor productividad o mayor bienestar.
La experiencia histórica debiera enseñarnos algo elemental: la inversión no se decreta; se construye sobre demanda, infraestructura, capital humano, confianza, estabilidad institucional y perspectivas de mercado.
La política internacional y la política económica terminan encontrándose aquí: un país que entrega ventajas tributarias esperando inversión, flexibiliza el trabajo esperando empleo y se subordina internacionalmente esperando mejores condiciones comerciales corre el riesgo de confundir expectativas con resultados.
Y esa es, finalmente, la pregunta que atraviesa todas nuestras columnas anteriores: ¿para quién se está reconstruyendo Chile?
Porque si la respuesta es para las empresas, bastan las rebajas tributarias.
Si la respuesta es para Chile, habrá que hablar también de trabajadores, mujeres, empleos de calidad, salarios, productividad, participación, protección social y soberanía.
Y ahí, por ahora, el relato parece avanzar bastante más rápido que la realidad.
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
