El Gobierno del país sudamericano anunció la medida, con el fin de revisar la importación, logística y distribución de combustibles a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Para ello, entró en vigor el decreto supremo 5697, el cual oficializa la intervención estatal, que es de orden extraordinario y temporal; concluirá en 180 días como máximo. Este plazo podría ampliarse hasta 90 días más cuando concluya el límite actualmente establecido.
Los trabajos por parte de las autoridades serán encabezados por una comisión integrada por los viceministros de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas.
“La decisión responde a la emergencia del abastecimiento, pero encuentra a la petrolera en una crisis mucho más profunda. En el año en que llega a sus nueve décadas de existencia, YPFB administra menos reservas, produce menos hidrocarburos, perdió mercados de exportación y depende cada vez más de las importaciones”, de acuerdo con el diario local El Deber.
