La presidenta del Senado afirmó que la propuesta impulsada por el Gobierno enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios. La reforma también contempla un registro de personas vinculadas al crimen organizado y un régimen penitenciario diferenciado.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó el debate por la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado y aseguró que una de sus principales propuestas, la creación de un nuevo Estado de Excepción, no tendría los votos suficientes para avanzar en el Congreso.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, la senadora por Antofagasta explicó que los parlamentarios conocieron el primer borrador de la iniciativa hace cerca de tres semanas.
Según relató, desde ese momento surgieron dudas sobre la posibilidad de aprobar la propuesta.
“Nos dimos cuenta que el Estado de Excepción no iba a volar, no tenía posibilidad ni realismo legislativo”, sostuvo Núñez.
La parlamentaria contó que luego se reunieron con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, además de generales de Justicia de las Fuerzas Armadas. El objetivo fue analizar alternativas y revisar las dificultades que presentaba el proyecto.
“Apenas lo conocimos supimos que eso no flotaba”, afirmó la presidenta del Senado.
Núñez sostuvo que el Congreso debe buscar mecanismos que puedan convertirse efectivamente en ley. A su juicio, existe un respaldo transversal para avanzar contra el crimen organizado, pero las propuestas deben considerar la realidad legislativa.
“Somos los responsables de saber cuáles son los caminos más realistas y después hacernos cargo de las decisiones que tomamos, no podemos votar cualquier cosa”, señaló.
Los cuatro ejes de la reforma
La presidenta del Senado precisó que la discusión no se limita al nuevo Estado de Excepción.
La reforma constitucional contempla cuatro ejes principales. El primero establece en el artículo 1° de la Constitución que la seguridad pública constituye un deber del Estado.
El segundo propone crear un registro de personas vinculadas al crimen organizado. El tercero plantea un régimen penitenciario diferenciado para integrantes de organizaciones criminales.
El cuarto punto corresponde precisamente al nuevo Estado de Excepción, que es el aspecto que genera mayores dudas sobre su viabilidad legislativa.
Sobre el régimen penitenciario diferenciado, Núñez recordó que se trata de una iniciativa que ya había sido impulsada anteriormente en la Cámara de Diputados y que cuenta con apoyo de parlamentarios de distintos sectores.
Núñez aborda investigaciones contra senadores
Durante la entrevista, la senadora también se refirió a las investigaciones judiciales que involucran a integrantes del Senado.
El pasado 20 de agosto, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias y allanamientos en las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Indep.).
Las diligencias se realizaron en el marco de una investigación por presuntas coimas relacionadas con procesos de licitación de la Junaeb.
A ellos se suman otros parlamentarios que han sido vinculados o mencionados en distintas investigaciones penales, entre ellos Camila Flores, Alejandro Kusanovic, Loreto Carvajal, Matías Walker y Karol Cariola.
Frente a este escenario, Núñez descartó que el Senado deba adoptar una postura corporativa para proteger a sus integrantes.
“Más que preocuparse, hay que actuar defendiendo la institucionalidad, sin ninguna defensa corporativa. No está el país para eso”, afirmó.
La senadora adelantó además que la Comisión de Ética del Senado anunciará próximamente nuevas sanciones y medidas.
También destacó el trabajo realizado junto al Consejo para la Transparencia para elevar los estándares de transparencia dentro de la Cámara Alta.
Núñez sostuvo que las investigaciones deben continuar sin distinciones si existen antecedentes que las justifiquen.
“Si el Poder Judicial considera que hay senadores que se deben investigar, lógicamente que somos todos iguales ante la ley y así se tiene que hacer”, manifestó.
Un Senado con menos integrantes si existen desafueros
Otro de los temas abordados fue el eventual impacto de los desafueros en la composición del Senado.
Núñez reconoció que un escenario de este tipo podría generar dificultades. Actualmente, no existe un mecanismo de reemplazo inmediato para un senador desaforado.
“Un senador desaforado es un senador menos en el Senado, pero no opera el reemplazo hasta que esté condenado”, explicó.
De esta manera, la Cámara Alta podría pasar de sus actuales 50 integrantes a 49 o incluso 48, dependiendo del número de parlamentarios que eventualmente quedaran en esa situación.
La senadora advirtió que una disminución en el número de integrantes podría afectar las mayorías necesarias para aprobar determinadas iniciativas y los quórums requeridos para legislar.
Finalmente, Núñez llamó a que las investigaciones judiciales contra parlamentarios avancen con rapidez y tengan una resolución.
“Mi único llamado a la justicia es que si se va a investigar, ojalá que se resuelva, ya sea que se condene o se absuelva, lo más pronto posible”, concluyó.
El Maipo
