(Buenos Aires) La ministra argentina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Gauna enfrentan este lunes una denuncia penal por la violenta represión contra la manifestación frente al Congreso el jueves pasado.
El abogado Gregorio Galbón presentó la acusación ante los tribunales y solicitó una investigación judicial por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto, que dejó un saldo de mil 500 heridos y 18 detenidos.
De acuerdo con la denuncia, de la que se hacen eco esta tarde varios medios, más de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron en el operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
La presentación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica. Sin embargo, con el correr de la jornada, las fuerzas avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes mientras más personas se sumaban a la concentración.
Monteoliva, como máxima autoridad política de la cartera de la que dependen las fuerzas federales involucradas, debe ser investigada por las decisiones adoptadas antes, durante y después de la jornada, precisa Galbón.
Según reporta el canal de noticias C5N, la denuncia apunta a posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales. También solicita investigar quién autorizó la presencia de policías de civil armados y quién ordenó el operativo.
La denuncia apunta al operativo policial
La represión contra los manifestantes ocurrió el jueves, cuando una masiva movilización se concentró frente al Congreso de la Nación para protestar contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ese día discutió el Senado.
La acusación bajo investigación judicial abarca, además, a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.
La presentación de Galbón sostiene que el comisario inspector Gauna aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación.
Además, solicita que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.
El abogado pide determinar qué arma utilizó el funcionario policial, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, qué función tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.
C5N señala que la presentación busca establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas. También busca determinar si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas.
Preocupa la agresión a trabajadores de prensa
La denuncia pone especial énfasis en las agresiones sufridas por trabajadores de prensa. “Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional”, afirma el escrito.
Una fotorreportera sufrió un contundente golpe en la cabeza que le provocó fractura en la base del cráneo y una seria afectación en su oído izquierdo. La periodista todavía permanece ingresada en el Hospital Dr. Argerich, bajo observación neurológica.
El Maipo/PL
