Diez de las dieciséis regiones anegadas. Municipios solos frente a la emergencia. La alcaldesa de La Serena denunciando abandono mientras el Estado central se toma su tiempo para aparecer. Sobre ese fondo el gobierno de José Antonio Kast acaba de aprobar su megarreforma tributaria y económica —no cualquier telón, sino la demostración en vivo de su rasgo más propio: usar la restricción económica como forma de disciplinamiento social. No es una simple operación financiera. Retira al Estado de su papel histórico e instala una forma de gobernar que individualiza responsabilidades y repliega la solidaridad colectiva. Financieramente, fortalece a los más ricos: menos carga tributaria para las corporaciones. Pero quedarse ahí sería miope. Lo que queda, debajo del articulado, es una guerra de trincheras que corre en varias direcciones a la vez: política, interna, territorial, temporal. Cada bando atrincherado en lo suyo, el diálogo convertido en lujo que nadie puede costear.
Primero la política, la más visible. La ofensiva del Ejecutivo no encuentra enfrente un frente unido: la oposición tiene sus propias trincheras, vetos de minorías, liderazgos que negocian sin poder comprometer a sus bases. El gobierno se atrinchera del otro lado, en su mayoría ajustada, convencido de que los votos alcanzan y de que no hace falta construir nada que dure. Traslada, de paso, competencias del nivel central al municipal —pasando por el regional— y sale de la operación con menos capacidad de intervenir. Una trinchera contra otra, previsible.
Menos previsible es que las trincheras partan también al propio oficialismo. RN acaba de hacerle llegar a Kast una propuesta —con las buenas formas de siempre— para mecanismos de coordinación. Que haga falta proponerlo ya dice bastante: ni el bloque de gobierno funciona como coalición. La iniciativa le correspondía al Presidente desde el primer día; llega meses después, cuando ya no hay dudas de que ninguna coalición formal va a cuajar, y detrás de crisis ya vividas sin los mecanismos que cualquier otro gobierno ha tenido. “Coalición” es palabra prohibida, incómoda para republicanos y para el propio Kast; se prefiere “coordinación”, que no espanta a nadie. Diego Schalper, vicepresidente de RN, lo presenta como agenda común y aporte de “experiencia acumulada” —experiencia y agenda de las que, en los hechos, hoy se carece. Es también la respuesta de RN a republicanos y a la UDI, que la acusan de desmarcarse: la pretensión es participar del debate antes del voto, no enterarse por los diarios. La última acusación constitucional, resuelta en bochorno, gastó meses de energía del oficialismo entero y fue decisión unilateral de republicanos con un partido que ni siquiera está en el bloque. Lealtad que no se exige a quien arrastra a todos sin avisar, pero sí a quien debe seguir después. Si La Moneda sigue gobernando sin ese mínimo de reflexión compartida con sus propios socios, después no podrá reclamar lo que tuvo tiempo de resolver.
La trinchera se vuelve territorio con las lluvias. Estado ausente en la reconstrucción, ausente en el financiamiento de las zonas anegadas. Nada ausente, en cambio, en lo policial: ahí se despliega entero, resguardo de la propiedad mediante. Fuerzas Armadas activadas, albergues levantados, y la reconstrucción prometida atada, otra vez, a la lógica de la propia megarreforma. El ministro de Hacienda vendió el proyecto como la herramienta para “reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble”, pero trasladó al mercado y a la inversión privada lo que le correspondía al Estado directamente. Cada región golpeada, un campo de batalla donde se decide si el Estado actúa o se retira. Cada decisión fiscal, una bala.
Y por último la trinchera que no se ve todavía: el tiempo. Lo que compromete esta megarreforma, en el fondo, es la soberanía del país por más de veinte años. Quince, veinte, veinticinco —el número exacto da igual—: ese es el horizonte de condiciones favorables que la ley les fija a las empresas, y un compromiso de ese largo no es constitucional, porque amarra de antemano las facultades del Congreso para legislar en el futuro. Triunfo pírrico. Pan para hoy, hambre para mañana. Señal de victoria política inmediata, sí, pero sobre una megarreforma con legitimidad social y política escasa. Tal como quedó redactada en el Senado, tiene fecha de vencimiento: el próximo gobierno, si es de otro color o incluso de otro matiz de tonalidad, va a querer tocarla. La trinchera de hoy no es la zanja de mañana.
Cuatro trincheras, una sola lógica. Poder central que abandona lo cotidiano de los territorios y aparece solo para imponer orden, incapaz de sellar acuerdos ni con la oposición ni con los suyos, atado a una ley que ni siquiera garantiza sobrevivir al próximo cambio de gobierno. Cada quien, mientras tanto, arreglándoselas con lo que tenga a mano. La oposición resiste desde las suyas con lo que le queda: recursos institucionales, un Tribunal Constitucional al que acudir. Canibalismo del sálvese quien pueda, cada bando encerrado en su discurso, vetos cruzados y golpes de mayoría en lugar de política.
No hace falta ir muy lejos para confirmarlo: el propio ministro de Hacienda vende una ley tributaria como reconstrucción, fiscal y político fundidos sin pudor. La reforma no esconde nada detrás: es ella misma el instrumento con que se arma un Estado que reparte represión donde antes repartía derechos. Fuego cruzado, entonces, donde lo que se dirime no es el bien común sino quién aguanta más. Estado de naturaleza hobbesiano hecho política: la ley del más numeroso reemplazando el arte del acuerdo. Provisional, como toda trinchera.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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