El Gobierno manifestó este lunes su disposición a introducir modificaciones al proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La instancia contó con la participación del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y del biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quienes defendieron la propuesta, aunque reconocieron que existen aspectos que podrían perfeccionarse durante la tramitación legislativa.
Alvarado explicó que el proyecto no modifica el carácter público de las sentencias judiciales, ya que las condenas actualmente pueden ser consultadas conforme a la legislación vigente.
“Este proyecto no altera el principio general de publicidad en las actuaciones jurisdiccionales”, afirmó.
No obstante, señaló que durante la discusión en particular podrían incorporarse ajustes respecto a la información contenida en el registro.
“Tratándose de la información que dispone el registro, si se estima necesario, en el debate en particular se pueden, a lo mejor, incorporar categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que origina la inscripción, o también alguna regulación sobre quiénes pueden consultarlo”, indicó.
El secretario de Estado recalcó que esas eventuales modificaciones apuntan a perfeccionar la iniciativa y no significan poner en duda su constitucionalidad.
“Si hay preocupación sobre esta materia, quiero transmitir que nosotros estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que aún existen diferencias entre los distintos sectores políticos y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar propuestas durante la etapa de indicaciones.
“Existen diferencias que habrá que ir abordando en la discusión particular, en las indicaciones”, señaló.
Sin embargo, defendió el objetivo del proyecto y argumentó que quienes dañan bienes públicos generan costos que finalmente deben asumir todos los contribuyentes.
“Cuando alguien daña lo que es de todos, esa reparación la pagan todos los contribuyentes. Cada municipio gasta cientos de millones de pesos en reparar los espacios públicos. Esas personas no tienen derecho a recibir lo que el resto de los contribuyentes les entrega como beneficio social”, afirmó.
El Maipo
