Chile organizó buena parte de sus políticas públicas mediante mecanismos de delegación. Sus principales tensiones aparecieron cuando las exigencias de escrutinio crecieron más rápido que las instituciones destinadas a producirlo.
I. Cuando el problema dejó de ser Estado o mercado
Durante décadas, buena parte de las discusiones sobre el desarrollo chileno estuvieron organizadas por una pregunta relativamente simple: cuánto Estado y cuánto mercado debía existir en cada ámbito de la vida social. Educación, salud, pensiones o infraestructura eran observados principalmente desde esa oposición. Las controversias parecían depender de la distribución de funciones entre ambos.
Numerosos conflictos contemporáneos sugieren, sin embargo, que esa forma de observar la realidad se ha vuelto insuficiente. Muchas de las disputas más relevantes de las últimas décadas ya no giran exclusivamente en torno a la propiedad de las organizaciones o al alcance de la intervención estatal. Con frecuencia terminan desplazándose hacia preguntas relacionadas con supervisión, responsabilidad y control sobre decisiones adoptadas dentro de estructuras institucionales crecientemente especializadas.
La educación superior ofrece una primera señal de este cambio. Las preocupaciones iniciales por acceso y cobertura dieron paso a debates sobre calidad. Posteriormente adquirieron relevancia cuestiones asociadas a financiamiento, acreditación, sostenibilidad institucional y mecanismos de supervisión. El conflicto no desapareció. Cambió de objeto.
Una dinámica semejante comenzó a observarse en otros ámbitos. Problemas originados en contextos distintos terminaban convergiendo hacia interrogantes similares acerca de quién toma determinadas decisiones, bajo qué criterios son evaluadas y qué instituciones se encuentran en condiciones de supervisarlas. Lo relevante no es que estos sectores compartan una misma causa ni que enfrenten dificultades idénticas. Lo relevante es que controversias diferentes comenzaron a producir preguntas parecidas.
La hipótesis desarrollada en estas páginas es deliberadamente acotada. No sostiene que la oposición entre Estado y mercado haya perdido importancia. Sostiene algo más específico: una parte creciente de las tensiones institucionales contemporáneas surge allí donde funciones socialmente relevantes son ejercidas mediante formas de delegación que distribuyen responsabilidades entre múltiples actores y organizaciones.
Durante las últimas décadas, buena parte de la acción pública comenzó a desarrollarse a través de arreglos que separan financiamiento, regulación y ejecución. Esta transformación permitió ampliar cobertura educacional, movilizar inversión y coordinar actividades cuya escala habría resultado difícil de alcanzar mediante instrumentos tradicionales de administración directa. Precisamente por ello, las tensiones examinadas en este ensayo no deben interpretarse como evidencia de fracaso. Constituyen desafíos que emergen de la consolidación de esta arquitectura institucional.
El argumento central de este ensayo es que una parte importante de los desafíos institucionales del Chile contemporáneo puede entenderse como el resultado de un desfase entre la expansión de mecanismos de delegación y las capacidades desarrolladas para supervisarlos e interpretarlos públicamente.
El problema no surgió cuando la sociedad comenzó a delegar funciones. Surgió cuando dejó de ser evidente quién observaba aquello que había sido delegado.
II. Educación: el primer laboratorio
La educación superior chilena permite observar con particular claridad el desplazamiento descrito en la sección anterior. Pocas áreas experimentaron transformaciones tan profundas en un período relativamente breve. La expansión de la matrícula modificó la relación entre educación superior y movilidad social, incorporando a cientos de miles de estudiantes que históricamente habían permanecido fuera del sistema. Lo que durante gran parte del siglo XX constituyó una experiencia reservada para una minoría se convirtió progresivamente en una expectativa accesible para amplios sectores de la población.
Durante las primeras etapas de este proceso, la principal preocupación estuvo asociada al acceso. La medida más evidente del éxito consistía en ampliar oportunidades educacionales y reducir barreras de entrada. La expansión de la cobertura aparecía como una respuesta a una demanda social creciente y a las limitaciones que caracterizaban al sistema anterior.
Una vez alcanzados niveles significativamente mayores de participación, los criterios de evaluación comenzaron a cambiar. La atención se desplazó hacia la calidad de los programas, los resultados académicos y la capacidad de las instituciones para responder a expectativas cada vez más exigentes. El acceso dejó de ser una respuesta suficiente porque el problema que había organizado la discusión durante años había sido parcialmente resuelto.
La evolución posterior resultó aún más significativa. Las controversias comenzaron a incorporar cuestiones relacionadas con acreditación, sostenibilidad financiera, gobierno institucional y capacidad de supervisión. La atención pública dejó de concentrarse exclusivamente en los resultados producidos por el sistema y comenzó a dirigirse hacia las condiciones bajo las cuales esos resultados eran generados.
La crisis de la Universidad del Mar marcó un punto de inflexión en este proceso. Más allá de las particularidades del caso, el debate se desplazó hacia preguntas relacionadas con fiscalización, responsabilidad institucional y capacidad de los organismos competentes para identificar problemas antes de que alcanzaran dimensiones críticas. La discusión dejó de centrarse únicamente en cobertura o calidad y comenzó a incorporar interrogantes acerca de cómo era observado el funcionamiento del propio sistema.
Una trayectoria distinta, aunque convergente, puede observarse en torno al Crédito con Aval del Estado. Su creación respondió al objetivo de ampliar el acceso al financiamiento estudiantil. Con el tiempo, sin embargo, adquirieron importancia preguntas relacionadas con incentivos, distribución de riesgos y efectos de largo plazo asociados a su diseño institucional. Nuevamente, el foco se desplazó desde los objetivos iniciales hacia las condiciones bajo las cuales esos objetivos eran alcanzados.
Universidad del Mar y CAE no representan un mismo problema. Sus trayectorias, actores involucrados y dinámicas institucionales fueron diferentes. Lo que comparten es otra característica: ambos muestran cómo controversias originadas en ámbitos distintos terminaron convergiendo hacia preguntas relacionadas con supervisión, responsabilidad y capacidad de escrutinio institucional.
La importancia de este desplazamiento excede largamente al sistema educacional. La educación superior funciona aquí como un laboratorio porque permitió observar tempranamente una transformación que posteriormente aparecería en otros ámbitos organizados mediante formas similares de delegación. A medida que los problemas de acceso perdían centralidad relativa, adquirían importancia cuestiones asociadas a control, supervisión e interpretación institucional.
Comprender por qué estas tensiones emergieron con particular intensidad exige examinar el contexto histórico dentro del cual dicha arquitectura fue concebida. Antes de convertirse en un problema de supervisión y escrutinio, fue el resultado de una transformación más amplia en la forma de entender la relación entre Estado, economía y sociedad.
III. El origen de la República delegada
Las transformaciones observadas en educación formaron parte de un proceso más amplio de reorganización institucional que modificó la relación entre Estado, economía y sociedad durante las últimas décadas del siglo XX. Comprender ese proceso resulta indispensable para explicar por qué mecanismos de delegación adquirieron una importancia creciente en ámbitos tan diversos como educación, pensiones, salud, infraestructura y finanzas.
Durante buena parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo chileno estuvo asociado a estrategias que asignaban al Estado un papel central en la promoción del crecimiento económico, la industrialización y la provisión de bienes considerados estratégicos. La acción pública no se limitaba a regular mercados. También involucraba planificación, inversión directa y participación activa en sectores relevantes de la economía.
Hacia finales de la década de 1960, este modelo comenzó a enfrentar dificultades crecientes. Problemas de productividad, restricciones externas, inflación persistente y conflictos distributivos pusieron en cuestión la capacidad de las estrategias desarrollistas para sostener simultáneamente crecimiento, estabilidad y cohesión social. La crisis económica se transformó progresivamente en una crisis de organización institucional.
La respuesta que emergió durante las décadas siguientes no consistió simplemente en reducir el tamaño del Estado. Consistió en modificar la forma mediante la cual éste ejercía sus funciones. En lugar de concentrar directamente actividades de producción y provisión, comenzó a expandirse una lógica orientada a separar financiamiento, regulación y ejecución. Numerosas tareas previamente desarrolladas por organismos estatales pasaron a organizarse mediante actores externos sujetos a marcos regulatorios definidos por la autoridad pública.
La subsidiariedad proporcionó una parte importante de la justificación doctrinaria de este proceso. Su relevancia histórica no radica únicamente en delimitar ámbitos de intervención estatal. Radica en haber ofrecido un principio de organización para una arquitectura basada en la delegación de funciones. Bajo esta lógica, el Estado conservaba responsabilidades significativas, pero crecientemente ejercidas a través de regulación, financiamiento, supervisión e incentivos antes que mediante provisión directa.
Las transformaciones impulsadas durante este período modificaron sectores completos de la vida económica y social. Aunque cada ámbito siguió trayectorias particulares, comenzó a consolidarse una forma relativamente homogénea de coordinación institucional: funciones de relevancia pública eran ejecutadas por organizaciones formalmente autónomas dentro de marcos definidos por el Estado.
La persistencia de esta arquitectura a través de gobiernos de orientaciones distintas constituye uno de los rasgos más significativos de la experiencia chilena reciente. Reformas posteriores alteraron reglas, ampliaron derechos y fortalecieron organismos de supervisión, pero rara vez abandonaron la lógica general de coordinación heredada. Más allá de los cambios introducidos, la estructura básica permaneció reconocible.
La importancia de esta continuidad suele quedar oscurecida por debates centrados exclusivamente en la oposición entre Estado y mercado. Sin embargo, esa dicotomía describe de manera imperfecta lo ocurrido. El Estado no desapareció ni renunció a funciones relevantes. Cambió la forma de ejercerlas.
La cuestión decisiva para este ensayo no es determinar si esa transformación fue correcta o incorrecta. Es comprender las consecuencias institucionales que produjo. A medida que la coordinación de funciones socialmente relevantes comenzó a depender de múltiples organizaciones y relaciones regulatorias, emergieron exigencias que los modelos anteriores enfrentaban de manera distinta.
La República delegada nació precisamente de ese proceso. No fue el resultado de un Estado ausente, sino de una forma específica de estatalidad que comenzó a gobernar crecientemente a través de otros.
Comprender las fortalezas y tensiones de esta arquitectura exige examinar con mayor detalle las características del Estado que emergió de ella.
IV. Del Estado productor al Estado delegador
La arquitectura institucional descrita en la sección anterior no implicó una simple reducción de la acción estatal. Lo que se transformó fue la forma mediante la cual el Estado ejercía sus funciones. Allí donde anteriormente predominaban mecanismos de provisión directa, comenzaron a expandirse modalidades basadas en regulación, financiamiento e incentivos orientados a coordinar organizaciones formalmente autónomas.
La literatura internacional ha descrito este proceso mediante conceptos como Estado regulador o capitalismo regulatorio. Autores como David Levi-Faur han mostrado que numerosas economías contemporáneas experimentaron una transformación similar. El Estado dejó de concentrar exclusivamente funciones de producción para asumir tareas asociadas a regulación, supervisión y coordinación. Más que una retirada, se produjo una reconfiguración de sus instrumentos de intervención.
En Chile, esta lógica se extendió hacia ámbitos particularmente relevantes para la vida social. Educación, pensiones, salud, infraestructura y mercados financieros comenzaron a operar mediante arreglos que distribuían funciones entre organismos públicos, reguladores especializados y organizaciones externas a la administración directa. La acción estatal permaneció presente, aunque crecientemente ejercida a través de otros actores.
Esta reorganización permitió ampliar capacidades de coordinación en una escala difícil de alcanzar mediante estructuras burocráticas tradicionales. La expansión educacional, el desarrollo de infraestructura y la profundización de diversos mercados no pueden comprenderse adecuadamente sin considerar estas nuevas formas de organización. La persistencia de esta arquitectura a través de gobiernos con orientaciones políticas diversas refleja, en parte, esa capacidad para resolver problemas concretos.
Precisamente porque estos sistemas lograron consolidarse comenzaron a emerger nuevas exigencias institucionales. La coordinación de funciones socialmente relevantes pasó a depender de relaciones cada vez más extensas entre organizaciones distintas, marcos regulatorios especializados y responsabilidades distribuidas entre múltiples actores. A medida que estos sistemas crecían, también aumentaba la dificultad para comprender cómo se adoptaban determinadas decisiones, cómo se distribuían riesgos y cómo podían evaluarse los resultados obtenidos.
El cambio alteró gradualmente los criterios mediante los cuales se juzgaba el desempeño institucional. Durante las etapas iniciales, la atención estuvo concentrada en expansión, acceso e inversión. Posteriormente comenzaron a adquirir relevancia cuestiones relacionadas con incentivos, estructuras de gobierno y mecanismos de supervisión. No se trataba simplemente de nuevas preocupaciones. Eran preguntas generadas por la evolución de sistemas que habían alcanzado grados crecientes de especialización e interdependencia.
La expansión de mecanismos de delegación no genera por sí misma déficits de legitimidad ni problemas de control. Numerosos sistemas organizados bajo esta lógica funcionan de manera estable y producen resultados socialmente valorados. Sin embargo, incrementan la dependencia respecto de instituciones capaces de supervisar, interpretar y evaluar relaciones que ya no pueden observarse directamente desde el espacio público.
La estabilidad de la República delegada comenzó a depender crecientemente de esas capacidades. El desafío ya no consistía únicamente en coordinar recursos o ampliar cobertura. Comenzaba a depender de la posibilidad de comprender cómo funcionaban sistemas cuya operación cotidiana se desarrollaba a través de múltiples intermediarios y niveles de decisión.
En este punto emerge una cuestión que atraviesa buena parte de las economías contemporáneas: la dificultad para identificar el origen de determinados beneficios dentro de estructuras organizacionales cada vez más especializadas. La pregunta deja de referirse exclusivamente a cuánto valor se genera. Comienza a depender también de cómo puede reconstruirse su origen.
V. La cuestión de las rentas
La evolución de la República delegada introdujo una dificultad que excede ampliamente el caso chileno. A medida que la coordinación de funciones socialmente relevantes pasa a depender de múltiples organizaciones, contratos e intermediarios, se vuelve más complejo identificar el origen de los beneficios obtenidos por quienes participan en esos sistemas. La cuestión deja de ser exclusivamente cuánto valor se genera. Comienza a incluir otra pregunta: cómo distinguir entre beneficios asociados a creación de valor y beneficios vinculados a posiciones institucionales particularmente ventajosas.
La preocupación posee una larga tradición en la historia del pensamiento económico. Desde David Ricardo, la noción de renta ha sido utilizada para describir ingresos que exceden aquellos necesarios para mantener una determinada actividad. Aunque el concepto ha adquirido significados diversos, conserva una pregunta común: bajo qué condiciones determinados beneficios reflejan productividad, innovación o riesgo asumido y bajo qué condiciones derivan principalmente del control de activos escasos o ventajas protegidas frente a la competencia.
La existencia de rentabilidades elevadas no constituye, por sí misma, evidencia de captura de rentas. Diferencias persistentes pueden surgir de mejoras tecnológicas, capacidades organizacionales superiores o decisiones exitosas bajo incertidumbre. Precisamente por ello, la cuestión relevante no consiste en considerar sospechoso todo beneficio significativo. Consiste en determinar qué mecanismos permiten identificar su origen.
Esta dificultad no es exclusiva de sistemas organizados mediante delegación institucional. Forma parte de un problema más amplio presente en las economías contemporáneas. Sin embargo, adquiere una relevancia particular cuando responsabilidades, riesgos y flujos de recursos se distribuyen entre múltiples organizaciones. En estos contextos, reconstruir cómo se generan determinados resultados exige información crecientemente especializada.
Autores como Mariana Mazzucato han destacado la importancia de distinguir entre actividades orientadas a crear valor y actividades orientadas principalmente a apropiarse de valor ya generado. Desde otra perspectiva, Brett Christophers ha mostrado cómo el control de determinados activos puede producir flujos relativamente estables de ingresos independientemente de procesos continuos de innovación. Más allá de sus diferencias, ambas aproximaciones llaman la atención sobre un mismo problema: identificar el origen de ciertos beneficios se vuelve cada vez más difícil a medida que aumentan los niveles de intermediación económica y organizacional.
La relevancia de esta cuestión para el argumento desarrollado en estas páginas no radica en demostrar que determinados sectores sean necesariamente rentistas. Radica en que la dificultad para distinguir entre distintas fuentes de rentabilidad incrementa la demanda por mecanismos de evaluación, supervisión e interpretación. Allí donde resulta complejo reconstruir relaciones entre recursos, riesgos y resultados, también aumenta la dependencia respecto de instituciones capaces de producir información confiable y criterios relativamente estables de análisis.
La cuestión de las rentas se transforma así en algo más que un problema económico. Se convierte en un problema institucional. La discusión deja de concentrarse exclusivamente en los beneficios observados y comienza a desplazarse hacia las condiciones bajo las cuales esos beneficios son interpretados, evaluados y eventualmente cuestionados.
Este desplazamiento constituye una consecuencia directa de la evolución de la República delegada. A medida que aumentan las exigencias asociadas a supervisión e interpretación, adquieren relevancia actores especializados cuya función principal consiste precisamente en observar sistemas que ya no pueden comprenderse únicamente a través de sus resultados visibles.
Comprender el papel de estos observadores resulta fundamental para entender las tensiones institucionales que acompañan la consolidación de esta arquitectura.
VI. Los observadores de la República
La dificultad para interpretar sistemas organizados mediante múltiples niveles de delegación produjo una transformación institucional de gran alcance. A medida que la coordinación de funciones socialmente relevantes comenzó a depender de organizaciones especializadas, contratos complejos y marcos regulatorios diferenciados, adquirieron creciente importancia organismos cuya función principal consistía en observar, evaluar e interpretar el funcionamiento de esos sistemas.
La expansión de estas instituciones constituye uno de los rasgos más significativos de la evolución reciente del Estado chileno. Mientras parte importante del debate público continuó concentrándose en la distribución de funciones entre Estado y mercado, se consolidó una infraestructura institucional orientada a supervisar relaciones que ya no podían comprenderse únicamente mediante mecanismos tradicionales de control administrativo o decisión política.
La aparición de estos organismos respondió a necesidades concretas. Sistemas organizados mediante formas extensas de delegación requieren información especializada, criterios estables de evaluación y procedimientos capaces de resolver controversias técnicas. A medida que aumentan los niveles de intermediación, también aumenta la necesidad de instituciones capaces de producir interpretaciones confiables sobre procesos cuya lógica interna resulta difícil de reconstruir desde la observación cotidiana.
Reguladores, organismos fiscalizadores, entidades acreditadoras, paneles técnicos y mecanismos arbitrales forman parte de esta evolución. Aunque operan sobre ámbitos distintos, comparten una función común: producir observación institucional sobre sistemas cuya operación se desarrolla más allá de la administración directa del Estado.
Su importancia no radica únicamente en la capacidad para fiscalizar comportamientos. También deriva de su función interpretativa. Estos organismos establecen criterios de evaluación, determinan qué información resulta relevante y producen decisiones que orientan la comprensión pública de conflictos complejos. En sociedades crecientemente especializadas, observar implica también interpretar.
La expansión de estos observadores constituye, en gran medida, una consecuencia del éxito de la propia República delegada. Cuanto más sofisticados se vuelven los sistemas de coordinación, mayor es la necesidad de instituciones capaces de supervisarlos e interpretarlos. El problema no surge de su existencia. Surge de la posición que progresivamente ocupan dentro de la estructura de autoridad de la sociedad.
En este punto la discusión adquiere una dimensión republicana. La cuestión central deja de ser únicamente quién administra determinados recursos o ejecuta ciertas funciones. Comienza a depender de las condiciones bajo las cuales quienes interpretan, supervisan y resuelven controversias ejercen esa autoridad.
La tradición republicana ha prestado especial atención a este problema. En los trabajos de Philip Pettit, la libertad se encuentra asociada a la ausencia de dominación arbitraria más que a la mera ausencia de interferencia. Desde esta perspectiva, el ejercicio legítimo del poder exige mecanismos que permitan observarlo, cuestionarlo y exigir justificaciones públicas respecto de sus decisiones.
La relevancia de esta preocupación para la República delegada resulta evidente. A medida que aumenta la dependencia respecto de organismos especializados encargados de interpretar sistemas complejos, también aumenta la importancia de los procedimientos destinados a supervisar el ejercicio de esa autoridad. La cuestión decisiva ya no consiste únicamente en la calidad técnica de las decisiones adoptadas. Consiste también en las condiciones bajo las cuales dichas decisiones permanecen sometidas a escrutinio público.
Esta observación no supone que la provisión estatal directa constituya una alternativa libre de problemas. Las burocracias públicas enfrentan dificultades de coordinación, información e incentivos ampliamente documentadas. Tampoco implica que la especialización técnica sea incompatible con la democracia. Por el contrario, numerosas funciones contemporáneas dependen necesariamente de conocimientos especializados. La cuestión es más acotada: cómo asegurar que formas crecientes de autoridad técnica permanezcan vinculadas a mecanismos efectivos de control y justificación pública.
Una de las principales tensiones de la República delegada no surge de la existencia de actores privados, reguladores o árbitros. Surge cuando las exigencias de escrutinio aumentan más rápido que las instituciones destinadas a hacerlo posible. Allí aparece el problema que atraviesa el conjunto de este ensayo: la necesidad de observar a quienes observan.
La evolución de la República delegada puede entenderse, en última instancia, como la historia de ese desplazamiento. Desde la expansión de mecanismos de delegación hacia la creciente importancia de organismos encargados de interpretarlos. Comprender las implicancias de este proceso exige volver a la pregunta que organizó estas páginas desde el comienzo.
VII. Conclusión: la República delegada
Las controversias examinadas en estas páginas sugieren que una parte importante de los desafíos institucionales contemporáneos no puede comprenderse exclusivamente a través de la oposición entre Estado y mercado. La expansión de mecanismos de delegación modificó la forma en que funciones socialmente relevantes son organizadas, supervisadas y evaluadas, generando problemas que no se reducen a la propiedad de las organizaciones ni al alcance de la intervención estatal.
La República delegada surgió como una respuesta a problemas de coordinación que los modelos anteriores enfrentaban con dificultades crecientes. Su persistencia a través de gobiernos de orientaciones diversas difícilmente puede explicarse sin reconocer esa capacidad. Precisamente por ello, las tensiones analizadas en este ensayo no constituyen una demostración de fracaso. Reflejan desafíos asociados a la consolidación de una arquitectura institucional que logró expandirse y estabilizarse durante varias décadas.
A medida que aumentó la dependencia respecto de organizaciones especializadas, también adquirieron importancia instituciones encargadas de supervisar, interpretar y evaluar sistemas cuya operación ya no podía comprenderse únicamente a través de sus resultados visibles. La cuestión dejó de concentrarse exclusivamente en quién ejecutaba determinadas funciones. Comenzó a depender de las condiciones bajo las cuales esas funciones permanecían sometidas a escrutinio público.
Una de las principales tensiones de la República delegada no surgió de la expansión de actores privados ni de la transformación de las funciones estatales. Surgió cuando las exigencias de escrutinio crecieron más rápido que las instituciones destinadas a producirlo. La cuestión decisiva ya no consiste únicamente en quién administra determinados recursos o presta determinados servicios. Consiste en determinar bajo qué condiciones permanecen sometidos a control quienes observan, interpretan y administran aquello que la sociedad decidió delegar.
En torno a esa pregunta se juega una parte importante de los desafíos institucionales del Chile contemporáneo.
*Jessica Cuadros Ibañez, Economista, consultora internacional y ex consejera del BID.
Bibliografía
The Rise of Regulatory Capitalism. Edward Elgar, 2005.
Regulatory Capitalism: How it Works, Ideas for Making it Work Better. Edward Elgar, 2008.
Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press, 1995.
Ronald Coase, The Nature of the Firm (1937).
Oliver Williamson, The Economic Institutions of Capitalism (1985).
Douglass North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990).
Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization (1988). Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and Regulation (1993).
Oliver Hart, Firms, Contracts and Financial Structure (1995).
Principles of Political Economy and Taxation. 1817.
The Value of Everything. 2018.
Rentier Capitalism. 2020.
James Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent (1962).
Mancur Olson, The Logic of Collective Action (1965).
George Stigler, The Theory of Economic Regulation (1971).
Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford University Press, 1997. Quentin Skinner, Liberty before Liberalism (1998).
El pensamiento de Jaime Guzmán. Historia política de Chile, 1810-2010. José Joaquín Brunner, trabajos sobre educación superior y transformación institucional. Salvador Valdés, trabajos sobre pensiones y diseño institucional.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
