La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de incumplimientos y retrasos en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, iniciativa aprobada en 2021 que busca coordinar el trabajo de distintos organismos públicos para enfrentar la contaminación de los ecosistemas marinos.
La auditoría revisó el desarrollo del plan de acción correspondiente al período 2021-2030, incluyendo aspectos como contrataciones, pagos, viáticos, coordinación entre instituciones y el cumplimiento de las medidas comprometidas.
Entre las principales observaciones, el organismo fiscalizador advirtió que la Subsecretaría del Medio Ambiente no contaba con procedimientos ni directrices que permitieran monitorear el avance de las acciones contempladas en la estrategia. Además, hasta marzo de 2026 no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, situación que, según la CGR, dificulta la planificación, el control y la toma de decisiones.
La Contraloría también concluyó que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) no acreditaron haber impulsado programas orientados a la prevención, recolección, valorización y correcta disposición de residuos marinos, ni acciones para difundir iniciativas desarrolladas por el sector privado o la sociedad civil. Asimismo, no se verificó la implementación de medidas concretas para cumplir estos compromisos, vigentes desde 2022.
Otro de los incumplimientos detectados dice relación con las capacitaciones comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos. La auditoría estableció que estas actividades no se realizaron y que tampoco existía una planificación para ejecutarlas.
Frente a estas deficiencias, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y lineamientos que fortalezcan la planificación, supervisión y seguimiento del plan de acción. Además, deberá corregir observaciones relacionadas con procesos de pago y acreditar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.
Por su parte, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tendrá que presentar el informe técnico comprometido y dar cuenta de los avances de las acciones programadas para 2026, mientras que Directemar deberá identificar las brechas existentes, evaluar las medidas ejecutadas e informar las acciones adoptadas para avanzar en el cumplimiento de la estrategia.
El Maipo
