Un grupo de parlamentarios de oposición junto al Partido de la Gente (PDG) presentó este lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar diversas disposiciones contenidas en el proyecto de ley Escuelas Protegidas, recientemente aprobado por el Congreso.
La acción busca que el organismo revise la constitucionalidad de cuatro normas que, según los legisladores, podrían afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes reconocidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales ratificados por Chile.
Entre los argumentos expuestos, los parlamentarios sostienen que las disposiciones cuestionadas podrían vulnerar principios como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y el derecho a la educación. Asimismo, señalan posibles incompatibilidades con la Convención sobre los Derechos del Niño y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Cuestionamientos a revisión de mochilas y controles policiales
Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta a la facultad entregada a los establecimientos educacionales para revisar mochilas, bolsos y otros objetos personales de los estudiantes mediante sus reglamentos internos.
Los requirentes sostienen que la norma carece de criterios específicos respecto a su aplicación y no establece mecanismos claros de protección para los alumnos involucrados.
También fue objetada la disposición que permite a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones realizar registros de vestimentas y pertenencias dentro de los establecimientos educacionales sin autorización previa de un fiscal.
Según los parlamentarios, esta medida podría implicar una ampliación de facultades de control respecto de menores de edad sin contar con las garantías exigidas por la legislación vigente.
Libertad de expresión y acceso a la educación
Otro de los artículos impugnados corresponde a la prohibición de utilizar prendas de vestir o accesorios que promuevan o hagan referencia a la violencia, las drogas o conductas contrarias a la ley.
Los diputados argumentan que la redacción de la norma es demasiado amplia y podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias que afecten la libertad de expresión, la libertad de conciencia y el derecho de reunión de los estudiantes.
Asimismo, cuestionaron la disposición que establece una inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior para personas condenadas por determinados delitos.
A juicio de los requirentes, la medida podría constituir una sanción adicional a la condena judicial y generar diferencias de trato basadas en la situación económica de los estudiantes, afectando el acceso a la educación superior.
Ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de analizar los argumentos presentados y determinar si las disposiciones impugnadas se ajustan o no al marco constitucional vigente.
El Maipo
