La Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la tramitación del proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa a la que el Gobierno otorgó suma urgencia y que forma parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública.
La propuesta no incorpora nuevos delitos al ordenamiento jurídico, pero sí establece un sistema de registro para personas condenadas o sancionadas por una serie de conductas consideradas incivilidades o actos vandálicos, además de contemplar restricciones vinculadas al acceso a determinados beneficios estatales.
El proyecto plantea distintas categorías de inscripción. En el caso de actos vandálicos, los infractores podrían permanecer registrados por hasta cinco años, mientras que para menores de edad el plazo inicial sería de dos años. Asimismo, las reincidencias aumentarían progresivamente el tiempo de permanencia en el sistema.
La iniciativa también considera infracciones asociadas a los Juzgados de Policía Local y a los tribunales de garantía, incluyendo situaciones como rayados en espacios públicos, evasión del transporte público, elaboración de alimentos sin autorización municipal y organización de loterías o rifas no autorizadas.
Cuestionamientos por proporcionalidad
Durante la discusión legislativa surgieron críticas desde sectores de oposición, que cuestionaron la similitud en el tratamiento de conductas de distinta gravedad.
El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, sostuvo que la iniciativa equipara situaciones muy diferentes en términos de sanciones.
“Se trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que montar una lotería”.
Otra de las observaciones apunta al eventual impacto sobre organizaciones sociales que suelen financiar actividades comunitarias mediante rifas.
En esa línea, el diputado socialista Raúl Leiva advirtió:
“Establece el ingreso a ese registro a aquellas personas que desarrollen lotería sin autorización. O sea, todas las rifas de las organizaciones sociales, cuando el Estado no está, se organicen; pues bien, si son sancionados, van a entrar al registro vándalos”.
Oficialismo defiende la medida
Desde el oficialismo, en tanto, han defendido la propuesta argumentando que forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y combatir conductas que afectan la convivencia ciudadana.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó:
“Quiero que a todos les quede muy claro es que esta ley va a salir, este proyecto va a ser ley y por eso la invitación es a que podamos tener algo que efectivamente vaya en el foco que dice su idea original”.
Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke señaló que aún es necesario revisar algunos aspectos para asegurar que las sanciones tengan efectos equilibrados entre distintos grupos sociales.
“Que evidentemente compense a los distintos sectores sociales, de manera que no se vea que hay eventualmente un castigo particular a quienes reciben ciertos beneficios sociales”.
El registro sería administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y financiado por el Ministerio de Hacienda. Su funcionamiento se asemejaría a otros sistemas de antecedentes estatales asociados al RUT de cada ciudadano.
El Maipo
