En Chile, una enfermera del sistema público paga entre el diez y el quince por ciento de sus ingresos en impuestos. Un tipo con quinientos millones de dólares en activos puede pagar, sobre el valor total de su fortuna, menos del uno por ciento. No porque haga algo ilegal. Porque el sistema fue construido para que eso sea perfectamente legal.
Ese dato no lo inventó la izquierda. Lo calculó Gabriel Zucman, economista francés de la Paris School of Economics, ganador de la medalla John Bates Clark —el premio más importante de la profesión para menores de cuarenta— y autor del estudio encargado por el G20 bajo presidencia brasileña en 2024. En abril publicó una columna en La Tercera. Dijo que Chile tiene “una desigualdad y una concentración de la riqueza excepcionalmente altas, combinadas con un sistema tributario altamente regresivo”.[1] Y propuso algo que cabe en una línea: un impuesto mínimo del dos por ciento sobre fortunas superiores a cien millones de dólares.
Hay que leer ese número con cuidado, porque es más subversivo de lo que parece.
Cómo se hace invisible una fortuna
Las grandes fortunas no esconden plata bajo el colchón. Ni siquiera necesitan hacerlo. Lo que hacen es estructurar su riqueza para que casi nunca produzca renta imponible. El mecanismo es viejo y simple: el dueño de un holding no recibe salario. Recibe dividendos que controla él mismo, en el momento que decide, en la cantidad que le conviene. Las ganancias de capital —el aumento de valor de sus acciones o propiedades— no tributan mientras no se “realizan”, y a veces no tributan nunca si se transfieren dentro de la misma estructura societaria. La fortuna puede crecer cientos de millones en un año y el fisco no ve un peso.
En Chile esto es completamente legal. Y cada vez que alguien ha intentado modificarlo, la reforma ha terminado protegiendo exactamente lo que prometía corregir.
El economista Ramón López estimó que el 0,07 por ciento de la población adulta chilena concentra el 34 por ciento de la riqueza privada total.[2] En Estados Unidos —que nadie acusaría de modelo igualitario— el equivalente concentra el 20 por ciento. Chile no es un caso latinoamericano de desigualdad moderada. Es uno de los más extremos del planeta, con un sistema tributario que lo consolida en vez de corregirlo.
La propuesta es absurdamente modesta
Eso es lo que más descoloca del planteamiento de Zucman: no pide mucho. No es un impuesto confiscatorio. Es un piso. Si la suma de todos los impuestos que paga una gran fortuna —sobre renta, dividendos, propiedades, lo que sea— no alcanza el dos por ciento del patrimonio total, se cobra la diferencia. Si ya paga más que eso, no debe nada adicional.
No se les pide pagar más que el resto. Se les pide pagar al menos lo mismo que el resto.
Aplicado en Chile, Zucman estimó una recaudación de tres mil millones de dólares anuales. Uno por ciento del PIB.[3] Afectaría a no más de doscientas o doscientas cincuenta familias. Con eso se podría reducir a la mitad la lista de espera del sistema público de salud. O garantizar sala cuna universal para todos los menores de dos años. O subir la Pensión Garantizada Universal a un nivel donde los jubilados no tengan que elegir entre comer y comprar medicamentos.
No son promesas abstractas. Son servicios con nombre, con dirección, con cara.
Lo que Kast propone en cambio
El Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast tiene un eje tributario central: bajar el impuesto corporativo del 27 al 23 por ciento. Eliminar las contribuciones de bienes raíces para el veinte por ciento de propietarios que hoy las pagan. Reintegrar el sistema tributario para que lo que pagan las empresas funcione como crédito contra el impuesto personal de sus dueños.
El ochenta por ciento de los recursos que le cuesta al Estado esa reducción le va a llegar a menos del uno por ciento de los contribuyentes de más altos ingresos.[4] El costo fiscal total: cuatro mil millones de dólares al año, poco más del uno por ciento del PIB.
El contraste con la propuesta de Zucman no es solo político. Es aritmético. El impuesto mínimo a las grandes fortunas generaría tres mil millones de dólares gravando a doscientas cincuenta familias. La rebaja corporativa de Kast cuesta cuatro mil millones de dólares y beneficia, en lo sustancial, a las mismas personas que Zucman propone gravar. Son dos políticas que se mueven en direcciones opuestas con magnitudes comparables. No es una coincidencia: es una decisión sobre quién paga y quién cobra.
El economista Claudio Agostini lo puso en términos más directos: “Sostener que se pueden bajar los impuestos y recaudar lo mismo vía mayor crecimiento es mentira. Es terraplanismo económico.”[5]
El gobierno no necesita que le crean a Agostini. Puede revisar su propia historia. Chile lleva cuatro décadas aplicando variantes de la misma receta —competitividad tributaria, atracción de inversión, chorreo— con resultados que están en las estadísticas: el 0,07 por ciento de la población concentra el 34 por ciento de la riqueza. Si la receta funcionara, ese número debería ir en la otra dirección.
En cuanto a las contribuciones: el sesenta por ciento de lo que recaudan —unos dos mil ochocientos millones de dólares— va a un fondo común que financia a los municipios con más carencias.[6] Eliminarlas no le quita un peso a los grandes propietarios que ya pagan poco. Le quita recursos a las comunas más pobres, que dependen de ese fondo para financiar consultorios, jardines infantiles y programas sociales. Cincuenta y nueve alcaldes lo dijeron en declaración pública: las propuestas de Kast “están completamente desconectadas de la actualidad de Chile.”
El fantasma de la fuga
Cada vez que en Chile se propone gravar a los más ricos, el argumento llega puntual: los capitales se irán, la inversión caerá, el empleo se destruirá. Tiene la ventaja de ser simple. Tiene el defecto de no estar respaldado por lo que muestra la evidencia.
Investigación de Stanford citada por Zucman en su informe al G20 indica que los multimillonarios son, en promedio, menos propensos a relocalizarse que la población general. La razón es bastante obvia cuando uno piensa en el caso chileno: las grandes fortunas locales están construidas sobre concesiones mineras, licencias regulatorias, posiciones dominantes en el retail, contratos con el Estado, infraestructura. El dueño de una concesión portuaria en San Antonio no puede llevarse el puerto a Dubái. El controlador de una cadena de supermercados con cuatro millones de clientes no puede empacar los clientes en un container.
Lo que sí puede moverse son los activos financieros líquidos. Para eso existe la coordinación: el mismo mecanismo que produjo el impuesto mínimo corporativo global del quince por ciento —hoy vigente en más de ciento treinta países— puede aplicarse a las fortunas personales. Chile ya suscribió el estándar OCDE de intercambio automático de información financiera. La infraestructura existe. Lo que falta no es técnico.
De qué se trata realmente
Zucman lo dijo en una entrevista reciente con una frase que vale más que un paper: “Hay que proteger la democracia del auge de la riqueza extrema.”
No es retórica. La concentración extrema de patrimonio produce concentración extrema de poder: poder para financiar campañas, para comprar influencia en medios, para capturar reguladores, para instalar en la agenda pública exactamente los temas que conviene discutir y enterrar los que no convienen. En Chile, donde el ochenta y seis por ciento de la ciudadanía dice querer más intervención estatal y más redistribución[7] —pero donde esa demanda mayoritaria rara vez produce legislación— la pregunta sobre quién bloquea los cambios no es retórica: tiene nombres y tiene estados de resultados.
El gobierno de Kast no está proponiendo una política tributaria técnicamente neutra. Está eligiendo a quién protege el sistema y a quién le pide el esfuerzo. Bajar cuatro puntos el impuesto corporativo mientras se eliminan las contribuciones que financian los municipios más pobres es una decisión sobre la distribución del sacrificio. Y la distribución que resulta es la de siempre: la enfermera paga, el accionista cobra.
Lo que no resuelve y lo que sí
Tres mil millones de dólares no financian el Estado de bienestar que Chile necesita. La reforma tributaria integral —ganancias de capital, herencias, abusos societarios— sigue siendo la tarea pendiente. El impuesto mínimo a grandes fortunas no la reemplaza.
Lo que sí hace es algo más difícil de conseguir que la recaudación: cortar el nudo del debate. La fuga de capitales no ocurre, o ocurre mucho menos de lo que el argumento supone. La coordinación regional es posible porque ya existe en otros ámbitos. Afectar a doscientas familias para financiar servicios que usan catorce millones de personas no es confiscación. Es lo más básico que puede exigir un sistema tributario que se tome en serio a sí mismo.
La enfermera paga sus impuestos sin que nadie le consulte si tiene ganas. No se entiende bien por qué el criterio debería ser distinto para quien tiene quinientos millones de dólares en activos. Y se entiende todavía menos cuando el gobierno de turno responde a esa pregunta bajándole los impuestos al segundo.
Referencias
[1]Zucman, G. (13 de abril de 2026). “Es hora de gravar la riqueza extrema en Chile y América Latina”. La Tercera.
[2]López, R. y Sturla, G. (2020). “Hiperfortunas y superricos: ¿por qué tiene sentido un impuesto al patrimonio?”. CEPAL.
[3]Zucman, G. (2024). A Blueprint for a Coordinated Minimum Taxation Standard for Ultra-High-Net-Worth Individuals. Informe G20, presidencia brasileña.
[4]La Jornada (25 de abril de 2026). “Chile: negativas secuelas en sectores vulnerables con nuevo plan fiscal de Kast.”
[5]Agostini, C. (agosto de 2025). Entrevista en Lo Que Importa, podcast de Daniel Matamala.
[6]La Jornada (19 de abril de 2026). “Chile: proyecto de Kast que recorta impuestos a ricos causa controversia.”
[7]ICSOH-UDP (junio 2026). Serie Clima Social, Capítulo 9: Garantías sociales en tiempos de incertidumbre.
