En los últimos días, el debate público en Chile se ha centrado en una propuesta gubernamental que, bajo el argumento de “perfeccionar” los procedimientos de expulsión administrativa, busca obligar a hospitales, consultorios, colegios, jardines infantiles y organismos de previsión social a transmitir datos personales de personas en situación migratoria irregular al Servicio Nacional de Migraciones[1].
Vistas las dificultades, reconocidas por el gobierno, de ejecutar las expulsiones, esta medida aparenta ser antes un gesto populista que una medida viable. No obstante, más allá de la discusión técnica, es urgente analizar las profundas consecuencias sociales y sanitarias, culturales e institucionales, así como jurídicas y económicas que esta medida tendría para el país si llegara a aprobarse.
Consecuencias sociales y sanitarias: la erosión de la confianza y la salud pública
La propuesta genera un efecto disuasorio inmediato: personas que necesitan atención médica o que desean escolarizar a sus hijos podrían renunciar a estos derechos por temor a ser reportadas. Esto no es una especulación; es la lógica consecuencia de transformar instituciones diseñadas para proteger en espacios de control.
Esto trae problemas a toda la población, pues cuando un trabajador migrante evita un consultorio por miedo a la deportación, no solo se vulnera su derecho individual: se pone en riesgo la salud colectiva. Las enfermedades infecciosas no tratadas, los controles prenatales omitidos o las vacunaciones pendientes afectan a toda la comunidad. La salud pública es, por definición, un bien común que no puede fragmentarse por condición administrativa.
Además, esta medida profundiza la exclusión de poblaciones ya vulnerables: las mujeres embarazadas, los niños, niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad o las víctimas de violencia. Al condicionar el acceso a los servicios esenciales a la colaboración con procedimientos de expulsión, se crea una categoría de personas “invisibles” para el sistema de protección social, pero hipervisibles para el aparato sancionador del Estado.
Cuando se aplica el control a ciertos grupos humanos, como forma anexa a servicios esenciales se está aplicando en la sociedad formas propias de estados autoritarios, donde no existe el respeto a los derechos de las personas.
Consecuencias culturales e institucionales: normalizar la discriminación racista fractura la sociedad
La propuesta gubernamental envía un mensaje culturalmente corrosivo: que ciertas personas, por su estatus migratorio, no merecen un trato igualitario y que sus derechos pueden subordinarse a criterios de control administrativo. Eso es racismo.
La propuesta no opera en el vacío: llega en un contexto donde el 55% de los chilenos cree que existen conflictos muy fuertes entre migrantes y chilenos, un salto preocupante desde el 44% registrado en 2023[2]. Al transformar instituciones de protección en mecanismos de persecución de personas bajo la consigna del “control migratorio”, el Estado no solo vulnera derechos, sino que institucionaliza la discriminación, valida el racismo, y abre la puerta a que los derechos sociales que hoy se ponen al servicio de la persecución de población migrante, en el futuro sirvan a la persecución de personas bajo otros motivos. Esto es gravísimo, en la medida en que orienta a instituciones democráticas a una función que es más propia de un totalitarismo que persigue a segmentos de población en virtud de caracteres que el gobierno de turno pueda determinar.
Así, transformar escuelas y centros de salud en extensiones del control migratorio altera el significado mismo de estas instituciones. La escuela deja de ser un espacio de encuentro, aprendizaje y protección para convertirse en un posible punto de vigilancia. Esto no solo afecta a los estudiantes migrantes; también modifica la cultura institucional de docentes y funcionarios, quienes se ven forzados a elegir entre su rol ético-profesional y una obligación legal cuestionable.
A largo plazo, normalizar la discriminación por condición migratoria debilita los lazos de solidaridad que sostienen una sociedad diversa. Como advierte la Defensoría de la Niñez, esta iniciativa “implica discriminación arbitraria incompatible con la Constitución, la Ley de Garantías de la Niñez y los tratados internacionales vigentes”.
Consecuencias jurídicas: un conflicto normativo de alto costo institucional
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta colisiona frontalmente con múltiples garantías constitucionales y legales. La Constitución asegura derechos a “todas las personas”, sin distinción de nacionalidad. Leyes específicas como la N° 21.325 de Migración, la N° 20.584 de Derechos en Salud, la N° 21.430 de Garantías de la Niñez y la N° 19.628 de Protección de Datos consagran principios de no discriminación, confidencialidad, interés superior del niño y finalidad específica en el tratamiento de datos.
Obligar a transmitir información sensible —domicilio, historial de salud, datos educativos— sin consentimiento expreso ni control judicial previo vulnera el núcleo esencial del derecho a la vida privada. Además, contradice el principio de finalidad: los datos recolectados para fines asistenciales o educativos no pueden desviarse automáticamente a fines punitivos sin una justificación proporcional y un debido proceso.
En el plano internacional, Chile incumpliría obligaciones asumidas ante la Convención Americana de Derechos Humanos, los Pactos de la ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de no devolución (non-refoulement). La Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana es clara: “La condición migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos”.
Consecuencias económicas: expulsar riqueza y debilitar al país
Más allá de los argumentos éticos y jurídicos, existen implicancias económicas que se deben considerar. Un sistema de salud fragmentado por el miedo genera costos mayores a mediano plazo: enfermedades no prevenidas derivan en tratamientos más complejos y costosos, con lo que entorpecer el acceso a la salud termina siendo un costo económico para el Estado. Asimismo, la exclusión educativa de niños y niñas migrantes limita su futuro aporte productivo y perpetúa ciclos de pobreza.
Además, la propuesta podría afectar la credibilidad institucional de Chile en foros internacionales, con posibles repercusiones en cooperación técnica, financiamiento de programas sociales y relaciones bilaterales. Inversionistas y organismos multilaterales valoran marcos normativos estables y respetuosos de derechos humanos; medidas que debilitan estas garantías pueden tener un impacto indirecto pero real en la confianza país.
También es necesario subrayar que quienes migran, como trabajadores(as) y consumidores(as), son necesaria e ineludiblemente un aporte a la economía nacional. Los datos respecto del aporte económico de los y las trabajadores(as) migrantes son contundentes y deberían frenar cualquier impulso expulsivo irresponsable. Por ejemplo, en lo que refiere a la contribución al PIB, en 2024, la población migrante contribuyó con un 10,3% del PIB chileno, superior a su peso poblacional (8,7%)[3]. Desde 2018, su contribución al PIB ha crecido 3 puntos porcentuales, casi el doble que el incremento de su peso en la población[4].
Por otro lado, la migración también ha sido un aporte al crecimiento económico. Entre 2013 y 2023, casi el 50% del crecimiento del PIB se explica por la expansión de la población migrante, mientras que los trabajadores nativos explican solo el 18%[5]. Sin migrantes, Chile simplemente no habría crecido.
En lo que refiere al impacto fiscal, en 2023, los migrantes aportaron 863.000 millones de pesos (unos 921 millones de dólares) netos al Estado, equivalentes al 0,3% del PIB[6]. Cada migrante aporta en promedio 604 dólares netos al Estado, en comparación con 184 dólares per cápita en nativos: 3,6 veces más[7]. Así, por cada 10 pesos que ingresan a las arcas fiscales de un migrante, aproximadamente 6,5 pesos se utilizan en gastos orientados a personas migrantes[8].
Y es que los(as) migrantes representan 1.006.021 personas ocupadas en Chile y tienen una tasa de participación laboral del 78,8% (vs 67,4% de nativos) y una menor tasa de desempleo: 7,1% en trabajos en nichos que los trabajadores nativos no prefieren o no ocupan (vs 8,7% de nativos). Sin embargo, se debe subrayar que esta participación en el mundo del trabajo no daña a la población nacional, pues las personas migrantes suelen ocupar puestos que los(as) chilenos(as) no prefieren, como es en el caso de la agricultura[9]. Así mismo, y contra el discurso alarmista, la productividad media del trabajo creció más en el período 2018-2023 (0,8% anual) que en 2013-2017 (0,1% anual), lo que sugiere que la inmigración reciente no ha afectado negativamente la eficiencia laboral, más bien lo contrario.
Las medidas populistas no son viables
Hoy, que las promesas de campaña son planteadas como “metáforas”, es necesario subrayar que instalar discursos populistas produce efectos sociales al naturalizar discursos de odio. Por eso es relevante recordar que cada expulsión no es solo un procedimiento administrativo: es un costo para el estado, la pérdida de un contribuyente neto, de un trabajador activo, de un consumidor, de un emprendedor potencial. Expulsar sistemáticamente a personas trabajadoras en situación irregular significaría una reducción del PIB en más de 10%, una merma en el crecimiento económico y en la recaudación fiscal en cientos de millones de dólares anuales. Además, se agudizaría el déficit de mano de obra en un país con envejecimiento demográfico acelerado y se perdería parte de la demanda agregada en el consumo interno de los migrantes
Sin la presencia de familias migrantes, Chile enfrentaría serias dificultades para sostener su modelo de crecimiento y bienestar. Con una natalidad en descenso (1,58 hijos por mujer en 2022, muy por debajo del 2,1 de reemplazo generacional) y un envejecimiento poblacional acelerado, el déficit estructural de mano de obra será cada vez más crítico.
Implementar un sistema de transmisión masiva de datos requiere recursos tecnológicos, humanos y de supervisión. Sin una autoridad independiente de protección de datos -un vacío que Chile aún arrastra con problemas de filtración de datos visto las últimas semanas[10]– los riesgos de uso indebido, filtraciones o errores administrativos son altos, generando potenciales demandas y costos judiciales adicionales.
Hacia una política migratoria con enfoque de derechos
Regular la migración es, en efecto, una medida que contribuiría al bienestar generalizado de quienes compartimos este territorio. Para ello, en lugar de convertir a funcionarios, médicos y profesores en agentes de control migratorio, Chile necesita fortalecer vías regulares de migración, agilizar procedimientos administrativos con garantías de debido proceso, y promover la integración social como estrategia de convivencia y desarrollo.
Las recomendaciones son claras: retirar sustancialmente esta indicación para que cualquier transmisión de datos sea excepcional, requiera autorización judicial previa, excluya expresamente a niños, niñas y adolescentes, y cuente con salvaguardas efectivas de protección de datos. Además, es indispensable consultar a organismos especializados —Defensoría de la Niñez, INDH, ACNUR— y a la sociedad civil antes de avanzar en reformas que afecten derechos fundamentales.
Además, una política de este tipo sentaría un precedente preocupante, pues la agregación y utilización de datos privados, obtenidos en servicios sociales, para la persecución de parte de la población, en el futuro podría responder a otros usos políticos igualmente preocupantes, pasando a llevar no solo la privacidad de las personas, sino la libertad, y siendo por tanto una medida cuyos tintes totalitarios deben llamar nuestra atención.
En un mundo cada vez más interconectado, la forma en que tratamos a las personas más vulneradas dice más de nosotros que de ellas. El racismo no es el camino. Chile debe reafirmar sus compromisos con la dignidad humana, la justicia y el Estado de Derecho. Es algo que no se debe callar. Lo contrario es un camino a la barbarie que nos afectará a todas y todos.
La historia no miente.
Referencias
[3] https://porcausa.org/wp-content/uploads/2025/04/Chile_ImpactoEconom_vFinal.pdf
[4] Ibídem
[5] Ibídem
[6] Ibídem
[7] Ibídem
[8] Ibídem
Columna publicada por Radio Universidad de Chile el 20 de mayo de 2026.
Para El Maipo, Eduardo Cardoza, Coordinador del Movimiento de Acción Migrante en Chile, Red Nacional de Migrantes y Promigrantes de Chile, en colaboración con Víctor Veloso
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