El proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno abrió un nuevo frente de críticas desde organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho ambiental, quienes advierten que las modificaciones propuestas podrían debilitar seriamente la protección de los ecosistemas y el acceso a la justicia ambiental.
La iniciativa, defendida por el Ejecutivo como una herramienta para reducir la denominada “permisología” y acelerar el crecimiento económico, contempla cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la Ley de Monumentos Nacionales.
Uno de los puntos más cuestionados es la creación de un mecanismo que permitiría compensar económicamente a empresas cuyos proyectos obtuvieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que posteriormente sea anulada por tribunales.
Desde ONG FIMA advirtieron que la medida podría transformarse en una especie de “seguro” para iniciativas aprobadas de manera irregular.
El director ejecutivo de la organización, Ezio Costa, aseguró que el proyecto instala “impunidad para proyectos ilegales”.
“Este seguro significa traspasarle todo el riesgo a la sociedad de las acciones que realizan empresas que no hacen bien su trabajo. Se está pasando por encima de quienes sí cumplen para dar beneficios a quienes no lo hacen”, sostuvo.
Otro de los aspectos cuestionados es la limitación de medidas cautelares en causas ambientales. La propuesta establece que los tribunales solo podrán paralizar proyectos cuestionados por un máximo de seis meses.
Especialistas advierten que ese plazo sería insuficiente para litigios ambientales complejos, permitiendo que proyectos potencialmente dañinos continúen avanzando antes de que exista una sentencia definitiva.
Además, el proyecto reduce las denominadas “adendas”, mecanismos mediante los cuales la autoridad solicita aclaraciones o antecedentes adicionales a las empresas durante la evaluación ambiental.
Para Pilar Moraga, la reforma restringe el acceso a la justicia y debilita las herramientas de control ambiental.
“Al limitar el acceso a la justicia, se limita la protección de cualquier ecosistema y la adaptación al cambio climático, ya que la autoridad ambiental no es infalible y por eso existen los recursos judiciales”, afirmó.
La iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ampliando los plazos para dictar reglamentos y postergando la definición de sitios prioritarios para la conservación.
Asimismo, propone nuevas facilidades para la relocalización de salmoneras sin exigir automáticamente su ingreso al SEIA, punto que también ha despertado cuestionamientos desde organizaciones socioambientales y académicas.
El Maipo
