El Gobierno ingresó una nueva indicación al proyecto que busca perfeccionar el sistema de expulsiones administrativas, iniciativa que propone que distintas instituciones públicas y privadas entreguen antecedentes de migrantes en situación irregular al Servicio Nacional de Migraciones.
De acuerdo con lo revelado por el diario La Segunda, la propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión legislativa en la comisión de Gobierno del Senado.
La medida obligaría a organismos vinculados a salud, previsión y educación —tanto públicos como privados— a entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros que mantengan procedimientos pendientes.
Entre las instituciones consideradas aparecen Fonasa, isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles.
Según la propuesta, el objetivo es facilitar la identificación y eventual expulsión de personas que permanezcan irregularmente en el país, en el marco de la política migratoria impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
El proyecto también contempla la posibilidad de solicitar antecedentes como domicilio, número telefónico, correo electrónico y otros datos personales de los migrantes involucrados.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa. El senador Andrés Longton señaló que la medida permitiría “acelerar procesos de expulsión” y ayudaría a detectar irregularidades laborales vinculadas a contratación de extranjeros.
“Esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos”, afirmó el parlamentario.
La indicación establece además que toda la información recopilada deberá mantenerse bajo reserva y solo podrá ser utilizada para fines relacionados con procedimientos migratorios, conforme a la legislación vigente sobre protección de datos personales.
El Maipo
