La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Aguas Marítimas, una iniciativa impulsada por CRAMSA Infraestructura SpA que busca levantar la planta desalinizadora más grande del país y posicionarse entre las principales de Latinoamérica.
La propuesta, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en marzo de 2022, completó un extenso proceso de revisión que se prolongó por más de cuatro años. Con una inversión estimada que supera los US$5.000 millones, se trata del proyecto de mayor envergadura económica aprobado por el organismo desde 2018.
Alcance de la iniciativa
El plan contempla la construcción de la infraestructura en el sector de Caleta Bolfín, ubicado a unos 15 kilómetros al sur del radio urbano de Antofagasta. Desde ese punto se captará agua de mar para su procesamiento, con el objetivo de distribuir el recurso hacia las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Calama.
La iniciativa incluye un sistema de conducción cercano a los 480 kilómetros, junto a 17 estaciones de bombeo y más de 300 kilómetros de خطوط de transmisión eléctrica. El agua desalinizada estará destinada tanto al consumo humano como a actividades productivas, incluyendo minería, agricultura e industria.
De acuerdo con los antecedentes ingresados al SEIA, el proyecto apunta a cubrir la demanda en sectores que actualmente presentan limitaciones en el acceso al agua potable, particularmente en zonas como Antofagasta Norte y el sector de La Negra.
Observaciones y controversias
Pese a la aprobación, el proceso no estuvo exento de cuestionamientos. La SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta manifestó su desacuerdo con parte de la evaluación técnica.
A través del Ord. N°471 del 4 de mayo de 2026, el organismo señaló que sus observaciones no fueron incorporadas en el Informe Consolidado de Evaluación, argumentando que fueron consideradas de carácter sectorial.
En ese contexto, la entidad advirtió que “sus observaciones técnicas fueron excluidas del documento bajo el argumento de tener carácter exclusivamente sectorial”, lo que —a su juicio— dejó fuera elementos relevantes para el análisis del proyecto.
Asimismo, la SEREMI sostuvo que dicha decisión implicó que “se desestimaban condiciones técnicas esenciales establecidas por la institución frente a la evaluación del proyecto”, planteando reparos sobre la forma en que se desarrolló el proceso.
El Maipo
