El plan de austeridad impulsado por el Ministerio de Hacienda comienza a generar un intenso debate político, luego de que se conociera una propuesta de recortes que afectaría a cerca de 260 programas estatales, con reducciones que en algunos casos podrían llegar al 15%.
La iniciativa, liderada por el ministro Jorge Quiroz, no solo apunta a programas de bajo perfil, sino que también incorpora políticas sensibles y de alto impacto social, entre ellas la Pensión Garantizada Universal (PGU). La inclusión de este beneficio ha encendido las críticas, considerando que durante su campaña el presidente José Antonio Kast aseguró que no sería objeto de ajustes.
Las primeras señales concretas de este plan se evidenciaron en el Ministerio de Desarrollo Social. Según informó BioBioChile, ya se aplicaron recortes a programas como el ajuar para recién nacidos, tras una circular firmada por el propio titular de Hacienda que instruye medidas de contención del gasto. A ello se sumarían otras iniciativas destinadas a hogares vulnerables y líneas administradas por el Instituto de Previsión Social (IPS), lo que ha abierto cuestionamientos por su eventual impacto en la red de protección social.
El ajuste también alcanza al ámbito educacional. De acuerdo a lo publicado por La Tercera, diversas becas estudiantiles figuran dentro de los programas bajo revisión, incluyendo Vocación de Profesor, Juan Gómez Millas y el beneficio para hijos de profesionales de la educación. Asimismo, se mencionan posibles recortes en iniciativas como los Liceos Bicentenario y el financiamiento del Museo Interactivo Mirador (MIM).
La eventual afectación de la PGU se mantiene como el punto más delicado del debate. Aunque no se han precisado los alcances concretos del ajuste, su sola inclusión en la revisión ha tensionado al Ejecutivo, que enfrenta críticas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas.
El plan de reducción del gasto también se extendería a áreas como Seguridad Pública, Deportes, Mujer y Transportes, configurando un ajuste de carácter transversal. En ese contexto, el Gobierno ha defendido la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, en medio de un escenario de estrechez presupuestaria.
Sin embargo, el desafío para La Moneda no solo será implementar estos recortes, sino también manejar sus efectos políticos y sociales. La discusión recién comienza y promete instalarse con fuerza en el Congreso, donde se definirá el alcance real de una estrategia que pone en tensión la responsabilidad fiscal con el impacto en beneficios clave para la ciudadanía.
El Maipo
