En medio de cuestionamientos por eventuales gastos vinculados a la Oficina del Presidente Electo (OPE), el Gobierno salió a aclarar la situación y negó que se hayan utilizado recursos públicos para su funcionamiento, asegurando que los pagos realizados corresponden al proceso habitual de cambio de mando.
La declaración surge luego de que un equipo de la Contraloría General de la República llegara hasta dependencias de la Dirección Administrativa de la Presidencia, con el fin de revisar desembolsos asociados a personal y otros gastos efectuados entre enero y marzo de 2026.
Frente a este escenario, desde el Ejecutivo fueron enfáticos: “Al respecto, señalar que no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.
Sobre los pagos mencionados en un reportaje de prensa, el Gobierno precisó que estos forman parte de un mecanismo ya utilizado en administraciones anteriores. “Estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”, indicaron.
En esa línea, también compararon cifras con el proceso anterior, detallando que “en 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las ex ministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11”.
Finalmente, desde Presidencia recalcaron su disposición a colaborar con la revisión en curso, señalando que “la Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”.
El Maipo
