El Colegio de Profesores de Chile reiteró su rechazo al proyecto de ley Escuelas Protegidas, aprobado este miércoles en primera lectura por la Cámara de Diputados como vía para enfrentar la violencia escolar.
Mario Aguilar, presidente del Colegio, insistió en que se trata de una iniciativa pobre pues sólo aborda el tema de la contención y la urgencia, pero no los problemas de fondo.
El dirigente gremial hizo un llamado a la titular de Educación, María Paz Arzola, donde la invita a abordar las cuestiones más profundas de este flagelo.
Desde hace más de una década la violencia en los centros escolares viene creciendo, dijo Aguilar, y las autoridades siempre toman medidas como Aula Segura, destinadas a enfrentar los efectos, no las causas.
El representante de los docentes pidió atender la salud mental y revisar el currículo para centrarlo en la formación de buenas personas, en la convivencia y lo emocional, que son parte de la tarea en la educación.
Es verdad, señaló, que se debe actuar donde están ingresando armas a un colegio, pero eso no va a resolver el problema.
Respecto al proyecto aprobado hoy en general por la Cámara de Diputados, afirmó Aguilar que es pobre, insuficiente, efectista y carece de medidas para abordar de verdad el problema de la violencia escolar.
El texto que pasará al Senado prevé la revisión de bolsos y mochilas en la entrada de los establecimientos; otorga a los profesores facultades para imponer sanciones de carácter correctivo y disciplinario e incorpora penas por actos que causen la suspensión de clases.
También integra a los reglamentos de cada escuela la prohibición de usar gorros, capuchas o pasamontañas que dificulten la identificación de los alumnos.
Establece, asimismo, como un requisito para acceder a la educación universitaria de manera gratuita, no haber sido condenado por delitos que pongan en peligro la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o causen daños a la propiedad pública.
Legisladores de la oposición al gobierno anunciaron este martes su disposición de acudir ante el Tribunal Constitucional debido a que la iniciativa permitiría procedimientos policiales considerados invasivos hacia escolares menores de 14 años.
El Maipo/Prensa Latina
