La crisis de convivencia en las aulas chilenas ha escalado a niveles alarmantes. Ante un escenario donde los esfuerzos de los colegios parecen insuficientes, una nueva ofensiva legislativa busca trasladar parte de la responsabilidad al hogar. La senadora María José Gatica y el exsenador Juan Castro Prieto han presentado una moción para modificar la Ley General de Educación, estableciendo sanciones económicas severas para los tutores legales que ignoren el comportamiento agresivo de sus hijos.
Responsabilidad compartida: El fin de la “omisión” en el hogar
El corazón del proyecto es claro: la educación y la prevención del bullying no terminan en la puerta del colegio. La iniciativa propone que: los apoderados sean legalmente responsables si, tras ser notificados formalmente por la institución educativa sobre conductas de acoso de sus pupilos, no adoptan medidas correctivas.
De aprobarse, las sanciones no serán simbólicas. El texto legal contempla multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a casi $3.500.000.
“Los esfuerzos de los equipos de convivencia escolar no son suficientes si no existe un acompañamiento real desde el hogar. Actualmente, la carga recae casi exclusivamente en las escuelas”, argumentan los autores del proyecto.
Cifras críticas: Un 2025 marcado por la violencia
El proyecto llega en un momento de vulnerabilidad para el sistema educativo. Según datos de la Superintendencia de Educación, el año 2025 cerró con estadísticas preocupantes que justifican la urgencia de la medida:
- Aumento en agresiones a docentes: Se registraron 125 denuncias de estudiantes hacia profesores, un alza del 39,39% respecto al año anterior y la cifra más alta desde 2017.
- Foco en Convivencia Escolar: Este ámbito concentró el 75,3% de todas las denuncias a nivel nacional.
- Violencia contra adultos: El maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa subió un 33,6%, con 716 casos reportados.
- Impacto laboral: Según el Índice Nacional de Bienestar Docente 2025, 4 de cada 10 profesores reportan haber sido víctimas de agresiones.
El factor geográfico y de financiamiento
La Región Metropolitana sigue liderando la concentración de denuncias, mientras que, por tipo de dependencia, los colegios particulares subvencionados encabezan la lista de agresiones a adultos (58 casos), seguidos por la educación pública (33) y, en menor medida, los particulares pagados (7).
Solo en las provincias de Melipilla y Talagante, se acumularon el 2025 más de 500 denuncias, teniendo como factor principal la convivencia escolar.
Una señal de alerta para el sistema
Expertos coinciden en que la violencia ha pasado de ser un problema conductual a una amenaza de seguridad pública. Francisca Jaque-Morales, académica de la Usach, advierte que hechos recientes —como los ocurridos en Calama— muestran la irrupción de “violencia letal” en los recintos, cosignó e portal de emol.com
Por su parte, Paulina Guzmán, de la Universidad San Sebastián, enfatiza que la seguridad no puede seguir siendo un tema secundario: “Lo que sucede es un síntoma de un problema que necesita respuestas integrales y colectivas”.
¿Cómo identificar si un estudiante es víctima?
El proyecto también busca visibilizar las consecuencias del acoso, que en casos extremos han derivado en suicidios. Identificar las señales a tiempo es vital para la intervención:
1. Fase de Somatización (Primeras señales)
- Cambios repentinos de comportamiento.
- Temor persistente a asistir al establecimiento.
- Dolores físicos recurrentes (cabeza o estómago) sin causa médica.
- Alteraciones del sueño (insomnio y pesadillas).
- Bajo rendimiento académico y explosiones de ira.
2. Fase de Rendición (Nivel crítico)
- Cuadros de ansiedad y tristeza profunda.
- Síntomas de estrés postraumático.
- Conductas de autolesión.
- Ideación suicida.
El proyecto de ley será analizado próximamente por la Comisión de Educación, donde se espera un intenso debate sobre el rol sancionatorio del Estado frente a la crianza y la responsabilidad parental en la era digital y post-pandemia.
El Maipo
