Por José Negrón Varela
Para la audiencia fijada hoy 26 de marzo, en la que comparecerán ante la justicia estadounidense el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, el equipo de defensa ha denunciado públicamente que el Gobierno de Estados Unidos intenta impedir que el mandatario pueda costear su representación legal.
Ante ello, en entrevista para Sputnik, la politóloga venezolana Carolina Escarrá advierte que este tipo de acciones refleja la naturaleza política y económica del proceso, por encima de cualquier sustento jurídico.
La especialista sostiene que la audiencia se resolvería más por negociaciones geopolíticas que por argumentos legales, y que Washington ha actuado desde el inicio con un interés claro: los recursos naturales de la nación sudamericana.
Para Escarrá, el secuestro de Maduro responde a “un interés económico, de transnacionales vinculadas a la élite política de EEUU. Tenían que generar una conmoción en Venezuela para acceder al petróleo, al oro y a las tierras raras”.
El desmontaje del Cártel de los Soles
Uno de los elementos centrales que destaca es la modificación de la acusación original tras la detención.
Señala que la demanda de 2020, impulsada por el entonces fiscal William Barr, “estaba llena de elementos vinculados al Cártel de los Soles”. Sin embargo, tras el secuestro de Maduro, la acusación sufrió cambios significativos.
“Cuando llegan al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, inmediatamente modifican esa demanda, y hay solamente dos menciones al [grupo]. Es como si fuera el nombre no de un cártel, sino de una cultura política de corrupción”, detalló la analista. “Así es como lo manejan en la propia demanda”, agrega.
Esta modificación, a juicio de Escarrá, permite “percibir que realmente no es un tema de narcotráfico, que tenga que ver con crimen organizado ni nada del tipo, sino que había una razón política y económica de fondo”, refiere.
La politóloga contextualiza aún más. “El secuestro y enjuiciamiento del presidente Maduro, responde a la estrategia de seguridad de EEUU en la que Washington admite claramente que busca hacer contrapeso a China en la región, para lo cual necesita los recursos naturales del continente”.
“Venezuela siempre fue como el dique de contención de ese poder que tiene EEUU sobre el resto del continente”, argumenta.
Violaciones al debido proceso
Sobre las expectativas para la audiencia del 26 de marzo, Escarrá considera que el escenario es incierto y dependerá de negociaciones políticas.
La analista retoma el concepto del analista Alfredo Clemente sobre la “doctrina del fruto del árbol envenenado”.
“Dicha tesis plantea ¿cuál es el origen, cuál es la razón que subyace en todo este juicio. Y la única respuesta es una razón financiera y geopolítica que busca sacar tanto a China (…) de Venezuela y de la propia región”, sostiene.
Escarrá advierte que lo que está en juego no es un proceso judicial convencional. “No se trata de un acto de justicia o jurídico (…), sino de un acto de supremacía de la fuerza y que está muy ligado a toda la visión del Destino Manifiesto, del supremacismo estadounidense, de imponer las cosas como ellos las consideran (…)”, recuerda.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la analista subraya la irregularidad del proceso.
“Aquí se está violando el derecho internacional, evidentemente, porque no se puede juzgar a un presidente de otro país, además, en tribunales que no son del propio país”, afirma.
La experta también indica que, incluso, el derecho interno estadounidense está siendo vulnerado.
Obstáculos inesperados
Clemente argumentó que, bajo la jurisprudencia estadounidense del caso Zivotofsky v. Kerry, el reconocimiento de un Gobierno extranjero es una facultad exclusiva del presidente, por lo que los tribunales de Nueva York estarían obligados a aceptar la legitimidad del mandato de Maduro y, por ende, su inmunidad soberana.
A ello suma la doctrina de los actos propios, que impediría a Estados Unidos reconocer a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como autoridad legal mientras mantiene un proceso judicial contra quien le dio origen al poder.
“Trump se ha encerrado a sí mismo en un callejón sin salida legal. Si el gobierno de Delcy Rodríguez es legal, entonces el origen de su poder [el nombramiento y el mandato firmado por Maduro] tiene que ser legal por obligación”, refirió.
“Aquí es donde aparece la Doctrina de los Actos Propios, conocida en latín como Estoppel. Esta regla dice que un Estado no puede ir en contra de lo que él mismo ya reconoció. Estados Unidos no puede reconocer la “flor” [la gestión de Rodríguez] y pretender que la “raíz” [el mando de Maduro] no existe o es “delictiva”.
Es un absurdo jurídico: no se puede decir el sábado que un Gobierno es legal y el lunes intentar juzgar al hombre que le dio vida a ese gobierno”, advertía Clemente.
El especialista enfatizó además que el bloqueo de los fondos venezolanos para impedir que Maduro pagara a su abogado de confianza constituye un “error estructural” que, según la sentencia United States v/s González-López de la Corte Suprema de EEUU, anula el juicio de forma irreversible.
Para el analista, el reconocimiento de Washington no solo confirma la legitimidad del presidente venezolano, sino que deja al descubierto que el asalto militar del 3 de enero fue una agresión bélica ilegal, y plantea una hoja de ruta que incluye una moción de hábeas corpus y desestimación del caso en el futuro.
El Maipo/Sputnik
