Por Yvette Sierra Praeli
Las elecciones presidenciales en Perú han entrado en su etapa final. A menos de un mes de la votación fijada el próximo 12 de abril, las preferencias continúan volátiles y muy divididas alrededor de los 36 candidatos que pugnan por llegar al Palacio de Gobierno y lograr acceder a las curules de las cámaras de Diputados y Senadores. Los que lideran el ranking de votación apenas bordean el 10 % de la preferencia electoral en las encuestas y las diferencias son mínimas con los que van más abajo en esta contienda, cifras que cambian cada semana.
En esta avalancha de candidatos, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) decidió revisar los planes de gobierno de los 36 partidos en competencia para analizar cuáles son sus propuestas sobre un problema social y ambiental: la minería ilegal. Una economía ilícita lucrativa rodeada de criminalidad que está ocasionando problemas sociales y ambientales en todo el país.
El resultado, en términos generales, no ha sido alentador para los especialistas que realizaron este análisis. “Las propuestas en torno a la erradicación, a la contención, a la lucha contra la minería ilegal son pobres», dice Manuel Zapata, subdirector de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y uno de los autores del documento. «Los partidos enumeran una lista de acciones o de actividades, pero cuando las analizas, muchas de ellas son acciones que ya se han dado y que no han surtido efecto”, agrega.
Karina Garay, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt y coautora del estudio es más crítica en sus apreciaciones. “Ninguno de los partidos, como podemos ver en el estudio, toman la debida importancia al tema de la minería ilegal, considerando que es una de las actividades ilegales con mayor criminalidad en nuestro país“, afirma.
La poca presencia de los candidatos o representantes de los partidos políticos en la presentación del estudio podría entenderse como una muestra de su escaso interés en el problema de la minería ilegal. Solo nueve partidos enviaron a un representante a la cita.
Esta actividad ilícita está presente en gran parte del país y crece al ritmo del aumento del precio del oro que actualmente bordea los 5000 dólares la onza. En el caso de la Amazonía, la minería ilegal de oro afecta a nueve regiones de la selva peruana y se calcula que más de 200 ríos y quebradas de esta región están impactados por el mercurio que se utiliza para este fin.
Falta de visión integral
“Por más que 12 partidos políticos mencionan el tema de la minería ilegal, todavía no nos convencen con una estrategia clara, con algo nuevo que demuestre que, efectivamente, hay una propuesta para acabar con el problema o lo va a minimizar en los próximos cinco años. Eso es preocupante“, menciona Garay.
Para Garay también es cuestionable que cuatro de los partidos políticos ni siquiera mencionan el problema. Se refiere a los partidos Fe en el Perú, Frente de la Esperanza, Renovación Popular y Partido de los Trabajadores y Emprendedores, cuyo candidato presidencial acaba de fallecer en un accidente de tránsito. Otros tres partidos —Perú Libre, Obras y Un Camino Diferente— apenas si lo mencionan en sus planes de gobierno.
Garay explica que las 36 propuestas han sido divididas en tres grupos. Un grupo que menciona la minería ilegal y plantea algunas estrategias, pero que no son suficientes. “Quizá durante los cinco años [de gobierno] se puedan mejorar”.
Un segundo grupo menciona el tema de minería ilegal, pero “con propuestas que no tienen nada que ver con lo que se vive actualmente en el país”. Y un tercer grupo no menciona ni dice nada.
“El segundo grupo lo que ha hecho es simplemente mencionar el tema de la minería ilegal de una manera conceptualizada”, dice Garay. En muchos casos, agrega la coautora del estudio, copian la estrategia de lucha contra la minería ilegal implementada por el Estado, que parte de la estrategia establecida por el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal y la elaborada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). “Lo que han hecho estos partidos es copiar algo que ya sabemos, que ya se da y no nos ofrecen nada nuevo”.
Lo que más cuestiona Garay es que partidos con gran cantidad de seguidores no están considerando el tema y mientras se refieren a establecer estrategias contra la inseguridad ciudadana no consideran a la minería ilegal. “La minería ilegal está trayendo altos índices de inseguridad. En Pataz vemos cómo han crecido los índices de inseguridad y no solamente en la localidad donde se realiza la minería, sino a nivel regional, en La Libertad”, menciona en referencia a uno de los lugares con mayor criminalidad en Perú alrededor de esta actividad ilegal.
“Vemos también que la inseguridad está presente en otras regiones donde hay disputa por el oro. Vemos asaltos, sicariato, homicidios, vinculados a la minería ilegal”, agrega.
Para el abogado especializado en temas ambientales y coautor del estudio, César Ipenza, los planes de gobierno, en general, no tienen una lectura o un abordaje integral de la problemática. “Hay algunas medidas interesantes, pero de ninguna manera presentan propuestas para resolver la problemática”.
Ipenza también señala que ningún plan de gobierno “aborda de manera integral” el problema. “Son medidas aisladas. No se trata de separar la minería informal de la ilegal, como se ha planteado en algunos casos, sino de que se aborde de manera integral cuáles son las medidas para lograr, por ejemplo, la formalización, que no tiene que ser eterna», asegura. “No hay un enfoque integral”, añade.
El abogado señala que en los planes de gobierno de los partidos que sí abordan el tema no se menciona “eliminar las medidas de impunidad”. Por el contrario, Ipenza recuerda que hay los partidos que llevan candidatos al Parlamento que están inscripto en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una postergada medida oficial para registrar a mineros informales que se viene extendiendo durante años, promoviendo la minería ilegal.
El abogado explica que la mayor cantidad de postulantes al Parlamento con inscripción en el Reinfo —y menciona a Alianza para el Progreso (APP)— también proponen “una formalización sin criminalización”.
¿Qué dicen los planes de gobierno?
Manuel Zapata, de FCDS, agrega que muchas de las propuestas “giran en torno a la erradicación, a la contención, a la lucha contra la minería”. Sin embargo, añade que “no es la única dimensión del problema“.
Si se revisan los planes de gobierno, se encuentran propuestas como “Interdicción Firme, Permanente y con Poder de Disuasión Estatal el Estado ejecutará una política de interdicción continua bajo liderazgo de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Ministerio Público”, como presentó el partido Integridad Democrática.
También: “No se dará tregua alguna a los mineros ilegales que operan en reservas naturales, cabeceras de ríos y zonas prohibidas, para erradicar a estos se convocará a toda la capacidad del estado policial y militar”, del partido Perú Acción.
Zapata considera que “la dimensión preventiva debe tener una connotación mayor” y que se deben “atender las causas estructurales que la propician”. “Eso tiene que ver con cuestiones transversales y una lógica de gestión pública. La minería ilegal es una actividad económica ilegal, que afecta a ecosistemas, al medioambiente, a las personas, y se sustenta en una serie de debilidades estructurales”.
“Lo que hay que entender de la minería ilegal es que no es una actividad solo minera, sino que hay un cúmulo de convergencia de economías ilegales o ilícitas”, dice Zapata. “Tienes minería ilegal, pero también narcotráfico, tráfico de insumos, deforestación, grupos armados. Se debe tener esa perspectiva de que no estamos enfrentándonos solo a un fenómeno, sino a distintos fenómenos que convergen, a veces, en un mismo espacio territorial”.
Por otro lado, Zapata considera que lo rescatable en los planes de gobierno que toman en cuenta el tema es que tienen un panorama claro de la problemática. Además, comenta algunas propuestas que vinculan, por ejemplo, el trabajo articulado de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e involucran a la Dirección Regional de Minería.
Por ejemplo, el partido Avanza País propone “el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y establecer un sistema digitalizado de intercambio de información entre SUNAT, UIF, PNP [Policía Nacional del Perú] y Ministerio Público, con mayores sanciones administrativas por operaciones sospechosas”.
O el partido Ahora Nación que propone fortalecer “la articulación entre la PNP y la UIF para el seguimiento y la trazabilidad del flujo de dinero proveniente de extorsiones”, implementar “el Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles de la SUNARP”, medida aprobada hace más de 10 años. También propone realizar la “fiscalización y control de plantas de beneficio en coordinación con el MINEM [Ministerio de Energía y Minas], OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental] , MTPE [Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo] , SUNAFIL [Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral] y OSINERGMIN [Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería]”.
Este partido también presentó como propuesta crear “un Banco de ADN de mineral aurífero, a cargo del Laboratorio Criminalístico para Delitos Ambientales de la DIRMEAMB [Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú] para identificar la procedencia del oro ilegal”, según indica su plan de gobierno». «Esa medida me parece, por ejemplo, interesante”, dice el abogado.
Ipenza, por otro lado, destaca que hay partidos que hablan de trazabilidad de insumos usados en la extracción de oro como el mercurio, así como de sustituir y eliminar el uso de este elemento tóxico y recuperar los suelos contaminados con mercurio. Entre ellos están Alianza para el Progreso, Avanza País, Perú Moderno y SíCreo.
El abogado lamenta que uno de los temas urgentes relacionados con la minería ilegal esté prácticamente fuera de los planes presentados. “Lamentablemente no se menciona la necesidad de generar condiciones para defensa de los defensores ambientales», comenta y destaca que la excepción es el partido del Buen Gobierno.
Esta agrupación política es la única que entre sus propuestas contra la minería ilegal incluye la justicia ambiental y como parte de este segmento propone la “protección integral de personas defensoras de derechos ambientales, con la implementación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección a Defensores Ambientales, y que incorpore protocolos de fiscalización para frenar la minería ilegal, tala y economías ilícitas en ecosistemas vulnerables”.
El partido Verde, por su parte, incluye una mención a la “protección a poblaciones indígenas”. Perú Moderno también incorpora “la coordinación con comunidades indígenas para la protección de sus territorios”. Mientras que Integridad Democrática incluye como propuesta la protección de comunidades indígenas y líderes ambientales. “La minería ilegal ha generado amenazas, desplazamientos y violencia contra líderes ambientales”, dice en el plan de gobierno.
Otro tema crucial para Ipenza y que no está presente en las propuestas es la referencia a las fuentes de financiamiento y los recursos para llevar adelante estos planes. ”Muchas de esas iniciativas requieren importante asignación de recursos financieros para atenderlos o para implementarlas y esto no aparece, ningún plan de gobierno plantea eso”.
*Imagen principal: minería ilegal en el Área de Conservación Privada Panguana, en Yuyapichis, Huánuco, Amazonía peruana. Foto: cortesía ACP Panguana
El Maipo/Mongabay
