En apenas 72 horas, el gobierno de Kast reveló su verdadero programa: recortar derechos sociales conquistados por décadas mientras reduce la carga tributaria a los más ricos. Lo llaman “reconstrucción”. Parece, más bien, demolición.
Tres días. Eso tardó el presidente José Antonio Kast en mostrar la hoja de ruta real de su administración. El 14 de marzo, apenas 72 horas después de asumir, presentó desde Lirquén su proyecto de “Reconstrucción Nacional”: más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes que, bajo el manto emocional de los incendios del Biobío, configuran un programa de transformación estructural que afecta directamente los bolsillos y derechos de millones de chilenos.
Recorte del gasto público, rebajas tributarias, cambios laborales y desregulación para acelerar inversiones forman parte del paquete con que Kast intenta instalar desde el primer día el sello de su gobierno. La velocidad no es casual. El propio equipo del mandatario señaló que “es necesario actuar rápido para que el país pueda comenzar a ver los cambios ya durante el segundo semestre de 2026”. La urgencia, se advierte, es política, no sólo económica.
El golpe a la educación y a los deudores
Uno de los blancos más directos es la gratuidad universitaria. El gobierno plantea ajustes al sistema de gratuidad universitaria, limitándola a estudiantes menores de 30 años — sin importar si antes han sido trabajadores o han debido postergar su educación por razones económicas — y frenando su expansión a nuevos deciles de ingresos. Esta medida no es un ajuste técnico: es una señal ideológica que considera el acceso a la educación superior un privilegio, no un derecho. Hoy, cientos de miles de estudiantes de familias de ingresos medios y bajos se benefician de este sistema, fruto de movilizaciones sociales de más de una década.
El proyecto también contempla el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema. Reforzar el cobro del CAE significa intensificar la presión sobre una generación que ya carga con una de las deudas estudiantiles más onerosas de América Latina, un sistema que el propio gobierno anterior intentó reformar por sus evidentes vicios de abuso.
El regalo tributario a los más ricos
La iniciativa considera la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, junto a la eliminación del impuesto a las ganancias de capital. En un país con alta concentración del ingreso, rebajar el impuesto a las grandes empresas equivale a traspasar recursos desde el Estado —y, por ende, desde los servicios públicos— hacia quienes menos lo necesitan. El senador del Frente Amplio Diego Ibáñez lo dijo sin rodeos: “Una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos y un recorte a la gratuidad en la educación: eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre.”
La paradoja es brutal: el mismo gobierno que advierte sobre la estrechez fiscal heredada —un déficit estructural que alcanzó el 3,6% del PIB— propone simultáneamente reducir los ingresos tributarios del Estado.
La “permisología” y el medioambiente como obstáculo
Kast firmó una instrucción para resolver los atrasos en la tramitación de permisos que mantienen bloqueados proyectos por más de USD 16.000 millones, afectando a 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto propone también reformas al SEIA para mayor rapidez, agilización de concesiones marítimas y mecanismos de reembolso cuando el Estado anule resoluciones propias.
Presentado como desburocratización, este eje tiene una lectura más preocupante: debilitar los estándares ambientales que protegen a comunidades y ecosistemas frente a grandes proyectos extractivos. La regulación no es burocracia: es la única garantía ciudadana frente al poder del capital privado.
¿Y la jornada laboral y los adultos mayores?
Aunque el proyecto de Reconstrucción no los menciona explícitamente, el programa de gobierno de Kast contempla revisar la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas —aprobada transversalmente y con beneficios en calidad de vida y trabajo digno que nos acercan a los países de la OCDE con que nos gusta compararnos— y el subsidio de contribuciones a adultos mayores, ambos emblemas de derechos conquistados en los últimos años. La eliminación de contribuciones para adultos mayores figura también entre las banderas de la nueva administración. Pero aquí la aritmética no cierra, pues el gobierno propone simultáneamente: eliminar contribuciones a adultos mayores (gasto nuevo), bajar impuestos corporativos del 27% al 23% (menos ingresos), y recortar el gasto público. Los números no cuadran. Cuando los recursos escaseen, históricamente los primeros recortes afectan a los más vulnerables, incluyendo pensionados.
La eliminación de contribuciones beneficia principalmente a adultos mayores propietarios de vivienda, es decir, a quienes en términos relativos están mejor. En cambio, los adultos mayores más vulnerables —arrendatarios, sin propiedad, dependientes de la PGU y del sistema público de salud— dependen de un Estado robusto que este gobierno está decidido a adelgazar.
En síntesis: Kast ofrece un beneficio visible y concreto a un segmento de adultos mayores (dueños de casa), mientras las políticas de fondo —recorte fiscal, debilitamiento del Estado, paralización de la ley de cuidados— amenazan a la mayoría más vulnerable de ese mismo grupo
Lo que viene
La diputada del Frente Amplio Emilia Schneider fue directa: “Restringir la gratuidad es restringir el derecho a la educación. Insistir en el CAE es mantener el despilfarro de recursos públicos y los abusos a las familias. Bajarle el impuesto a las empresas no es la vía al desarrollo: es favorecer a los que más tienen.”
El indulto que lo delata
Y si alguien dudaba de cuán en serio tomar las promesas de Kast a la clase media y a los más vulnerables, basta con observar su disposición a indultar a militares y agentes condenados por torturas, asesinatos y desapariciones durante la dictadura de Pinochet. Ante víctimas que aún esperan verdad completa y reparación, el nuevo gobierno elige la impunidad. No hay proyecto de país serio que se construya sobre esa complicidad con el horror. Un gobierno que relativiza los crímenes de lesa humanidad no tiene autoridad moral para hablar de justicia, de derechos ni de bienestar ciudadano. El indulto no es compasión: es una declaración de principios que obliga a leer todas sus demás promesas con la misma desconfianza. Es el síntoma más elocuente de un proyecto político que mira hacia atrás para proteger a los suyos, mientras le pide al resto que confíe ciegamente en su palabra.
El ensayo general de un guión conocido
Lo que comienza a tomar forma no es una agenda de emergencia sino una estrategia deliberada: instalar primero el clima cultural y discursivo necesario para ejecutar después los recortes que Kast negó sistemáticamente durante la campaña.
Cada una de estas medidas, tomada por separado, podría parecer un ajuste técnico. Juntas, forman el ensayo general de algo más profundo: el desmontaje sistemático de derechos que costaron generaciones construir, ejecutado por un gobierno que los negó durante la campaña, pero los tenía escritos desde antes. La llamada “batalla cultural” de la ultraderecha no es un debate de ideas: es la instalación del clima necesario para que los recortes parezcan inevitables y los privilegios, merecidos. Hasta Piñera, cuya derecha moderada promovió la ley de sala cuna y cuidados, queda hoy a la izquierda de sus sucesores. El modelo tiene referentes regionales concretos: la Argentina de Milei, que mediante el shock y el relato de la herencia maldita concentró la riqueza, precarizó el trabajo y desmanteló el Estado. No es casualidad. Es ideología aplicada con poder.
La llamada “batalla cultural” de la derecha radical no es solo retórica: es la preparación del terreno para desmantelar derechos sociales y laborales que costaron décadas conquistar. El modelo está probado: shock económico, relato de crisis heredada y beneficios orientados a los grandes grupos de poder: la Argentina de Milei o EEUU de Trump como botones de muestra…
Chile eligió a Kast con el 58% de los votos. Esa mayoría merece saber con precisión qué está en juego. Lo que se llama “reconstrucción” tiene un costo: lo pagarán los jóvenes endeudados, los trabajadores, los pensionados y quienes dependen de un Estado que, reducido y debilitado, dejará de protegerlos. La historia económica de Chile ya vivió este experimento antes, durante la dictadura civil militar. Las consecuencias también las conocemos.
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
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