Por Benjamín Bravo, Nicolás Cerpa, Nicolás Sepúlveda.
En la Isla Juan, en la Región de Magallanes, la empresa Cermaq —propiedad de la japonesa Mitsubishi Corporation y tercera mayor productora mundial de salmón del Atlántico— administra su centro de engorda de salmones desde un pontón con vista a un cordón montañoso que hace confluir en el paisaje la nieve y el mar. Un pontón es un barco amplio con oficinas y bodegas, y desde él Cermaq controla las ocho jaulas donde crecen los 650 000 salmones que tienen en producción en este centro.
Hasta este pontón arribaron el 22 de octubre pasado, y luego de un viaje de tres horas por tierra y mar desde Punta Arenas, dos fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), cuya misión era inspeccionar que la empresa estuviera cumpliendo las normas a las que la obliga su permiso ambiental. Pero como ha ocurrido cientos de veces durante los últimos años, los funcionarios descubrieron tres incumplimientos y una infracción grave, por lo que presentarán una denuncia. Al interior de las oficinas del pontón, los fiscalizadores notificaron a los representantes de la empresa.
La industria salmonera es una de las más relevantes económicamente en el país, pero desde hace varios años está en tensión con los organismos fiscalizadores, una tensión que se ha transformado en un problema político.
Cermaq es un buen ejemplo de ese conflicto. Controla un negocio bullente: solo en 2024 obtuvo retornos por 631 millones de dólares gracias a las decenas de centros de cultivo que opera en la zona austral de Chile, desde donde exporta salmones a Estados Unidos, Asia y Brasil. Pero, en paralelo, acumula 20 procesos sancionatorios en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas ambientales.
Ese paralelo se repite en toda la industria salmonera: ingresos multimillonarios y un número elevado de denuncias y sanciones por incumplimientos.
Desde el mundo científico y ambiental, se critica que la industria salmonera provoca un daño permanente en las áreas donde opera, y la industria responde que los daños son menores comparados con los beneficios económicos que se entregan al país. Según cifras de Salmonchile, uno de los gremios de los salmoneros, su actividad representó en 2021 el 1.7 % del Producto Interno Bruto de Chile.
¿Qué tan menores son los daños provocados por la industria? Para cuantificar el impacto y poner cifras a la tensión entre el sector ambiental y el salmonero, Mongabay Latam viajó a la zona austral del país para acompañar a funcionarios del Sernapesca en sus fiscalizaciones y analizó las denuncias presentadas por ese organismo, además de los procesos sancionatorios abiertos por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), los organismos estatales que concentran la fiscalización a la industria.
Tras procesar los cientos de datos oficiales obtenidos y revisar uno a uno los expedientes sancionatorios disponibles en la base de datos de la SMA, los hallazgos son contundentes: el Estado ha abierto un total de 710 procesos contra la industria, entre denuncias y expedientes sancionatorios.
El análisis arrojó que durante los últimos cinco años, Sernapesca presentó 475 denuncias contra empresas salmoneras por incumplimientos graves de la norma en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se concentra la industria. Los motivos van desde la sobreproducción —que es cuando una empresa produce una cantidad superior a la que está autorizada en su permiso ambiental—, problemas de mantenimiento de los centros, escape de miles de salmones de sus jaulas, contaminación de playas y la entrega de información falsa a los fiscalizadores.
En paralelo, desde que la SMA comenzó a funcionar, a fines de 2012, ha impulsado 235 procesos sancionatorios contra centros productivos vinculados a la industria salmonera. Los motivos son los mismos: incumplimientos de las normas establecidas para prevenir la degradación de un ecosistema marino único en el mundo.
475 denuncias por no respetar las reglas
El Sernapesca y la SMA son, principalmente, los organismos estatales encargados de la fiscalización a la industria. Mientras el primero ejerce un control cotidiano y aplica también prácticas de prevención, el segundo abre los procesos sancionatorios una vez que la norma ya fue violada.
Cuando el Sernapesca detecta las irregularidades, puede presentar denuncias ante la SMA y también ante la fiscalía, los tribunales civiles o la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dependiendo del tipo de infracción.
Según el registro interno del Sernapesca en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, entre enero de 2021 y septiembre de 2025, se presentaron 475 denuncias contra empresas salmoneras por incumplimientos de las normas.
Aysén es la que concentra la mayor cantidad de denuncias con 203 casos. Le siguen Los Lagos con 142 y Magallanes con 130.
El Sernapesca denuncia tres tipos de faltas: las ambientales, como escapes de peces, problemas en la mantención y limpieza de los centros, además de estructuras construidas fuera del área concesionada; las sanitarias, como el mal manejo en la mortalidad de los peces, entrega de información falsa o fuera de plazo a las autoridades, o el uso incorrecto de tratamientos farmacológicos a los salmones; y las operacionales, que directamente son por sobreproducción.
Entre 2021 y 2025 la mayor cantidad de denuncias se presentaron ante la SMA (267) y otras 144 llegaron directamente al sistema judicial (tribunales o fiscalía). Los casos más graves incluyen la mortalidad masiva de salmones, vertimiento de desechos en el mar y la fuga de miles de peces desde las jaulas de los centros de producción.
Las denuncias que llegaron a la Justicia
Son 144 los casos que Sernapesca llevó ante tribunales o el Ministerio Público, tras considerar que habían responsabilidades civiles o penales en las irregularidades detectadas en sus fiscalizaciones. Del total, 59 corresponden a la región de Aysén, 55 a la de Los Lagos y el resto a Magallanes.
El 25 de agosto pasado la Corte Suprema ratificó una multa de 1000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (cerca de 70 000 dólares, según el valor de cambio de entonces) y la suspensión temporal de un centro de producción de la empresa Caleta Bay Mar, dado que la Justicia acreditó que la salmonera entregó información falsa a las autoridades.
El proceso detectó que no se reportó el destino de más de 50 000 salmones. La empresa se defendió indicando que aquello formaba parte del margen de error que permite la norma, pero ese argumento no fue aceptado por la corte.
En el caso de Aysén, la región que tuvo más denuncias judicializadas, las causas van desde problemas con el manejo de la mortalidad de los salmones (cuando la cifra es muy elevada puede aumentar el daño ambiental de la zona marítima donde opera el centro), incumplimiento en la frecuencia de los muestreos sanitarios y la entrega de información falsa a los fiscalizadores.
En total fueron 25 las condenas en esa región que implican multas que varían desde 50 hasta 1000 UTM (unos 80 000 dólares, según el valor de cambio actual). La mayoría de las causas que terminaron con sanciones en primera instancia, dice el Sernapesca, fueron a empresas que presentaron información falsa o incompleta, hicieron tratamientos con antibióticos fuera de plazo e incumplieron programas sanitarios. Las empresas salmoneras con más denuncias ante la Justicia en esa región son Exportadora Los Fiordos (11); AquaChile (ocho); Cultivos Yadrán (seis); Mowi Chile y Salmones Blumar (cuatro).
Las empresas no respondieron las preguntas de Mongabay Latam.
Salmones Blumar, de hecho, es protagonista de una de las sanciones más relevantes. La causa comenzó en junio de 2021 cuando el Sernapesca denunció, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, que la empresa entregó información falsa respecto a las fechas en las que utilizó un antibiótico para los salmones del centro de producción Concheo 2. El tribunal acreditó esa denuncia y también que la empresa entregó información falsa respecto del número de peces cosechados y de la biomasa que mantenía en el centro. La empresa se defendió diciendo que se trataba de una “errónea entrega de un dato específico, lo que constituye un error humano”. De todas formas, el juzgado ordenó el pago de una multa de 500 UTM (31 000 dólares, aproximadamente) y la suspensión temporal del centro de producción durante un ciclo productivo. El 27 de octubre pasado la Corte Suprema ratificó la condena contra Salmones Blumar.
La información entregada a Mongabay Latam por Sernapesca sobre la Región de Los Lagos fue limitada y no se puede hacer un desglose por causa judicial ni por empresa denunciada, pero incluyó causas por la utilización de sistemas de sonido para ahuyentar a la fauna silvestre en las cercanías de los centros (los lobos marinos, por ejemplo, pueden ser una amenaza para las empresas si rompen las jaulas donde crecen los salmones) y hubo otras por la existencia de residuos en el fondo marino.
En la Región de Magallanes, en tanto, se presentaron tres denuncias ante la fiscalía por maltrato animal, exceso de siembra de peces y enmallamiento o muerte de cetáceos, además de las 26 que se presentaron en tribunales civiles por entrega de información falsa, obstaculización a la fiscalización de las autoridades y mal manejo de las cosechas, entre otras irregularidades. La información entregada a Mongabay Latam para esta región, sin embargo, no especifica las empresas denunciadas.
La SMA detectó otros 235 incumplimientos
Si la autoridad ambiental consideró que el ecosistema del Canal Chacabuco, Región de Aysén —donde está emplazado uno de los centros de producción de Australis, salmonera controlada por Joyvio, de capitales chinos—, podía tolerar la extracción de 3500 toneladas de salmón por cada ciclo reproductivo, la empresa excedió, por mucho, ese límite. Y no una, sino dos veces: entre noviembre de 2019 y enero de 2021 extrajo más de 1700 toneladas por sobre lo autorizado (un aumento del 50 %), y entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 se excedió en cerca de 1100 toneladas (un 31.1 % sobre lo permitido).
Australis no respondió preguntas para este reportaje.
En la jerga salmonera ese exceso es conocido como “sobreproducción”, una práctica que provoca daños ambientales puesto que “incide en una mayor cantidad de fecas y alimento no digerido que caen al fondo marino, generando una especie de costra que provoca condiciones de anoxia [ausencia de oxígeno] y no permite el desarrollo de vida”, explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, una de las ONG ambientales con mayor incidencia política en Chile. El aumento de materia orgánica en el agua, precisa Liberona, “hace que exista una mayor proporción de fósforo y nitrógeno en la columna de agua, lo cual, bajo ciertas condiciones climáticas, favorece los florecimientos algales nocivos [FAN]”.
Además, “a esto hay que sumarle el mayor uso de antibióticos y de productos químicos para el tratamiento del caligus [un parásito conocido como piojo de mar], un mayor tránsito de embarcaciones que altera y/o interfiere en la vida y rutas de navegación de mamíferos marinos como ballenas y delfines, por solo nombrar algunos impactos”, añade Liberona.
Patricio Segura, periodista y ex director de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), agrega que la sobreproducción “aumenta la prevalencia de escape de salmones, que son especies exóticas en el hemisferio sur, impactando el equilibrio de la naturaleza, particularmente de áreas protegidas”.
El caso de Australis —que tuvo el agravante de sobreproducir al interior de la Reserva Forestal Las Guaitecas, la reserva nacional más extensa del país— es solo uno de los cientos de casos que registran las bases de datos oficiales, las mismas que revelan un aumento exponencial de los procesos sancionatorios abiertos contra empresas de la industria salmonera. En base a las cifras arrojadas por la Superintendencia de Medioambiente (SMA), Mongabay Latam elaboró una base de datos propia que reveló que desde 2013 a la fecha se han abierto al menos 235 procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a la industria salmonera.
Para la elaboración de la base de datos se consideraron empresas sancionadas que participan en todo el proceso productivo de la industria: desde las pisciculturas en ríos y lagos donde se cultivan las ovas y alevines, pasando por los centros de engorda en el mar, hasta las plantas procesadoras que están ubicadas en distintas regiones.
Del total de 235 procesos sancionatorios, 173 se abrieron de 2020 en adelante (el 73 %) y cerca de la mitad de todos ellos se concentraron entre 2022 y 2023, con 30 y 72 procesos abiertos, respectivamente.
Aunque la SMA también ha abierto procesos sancionatorios por irregularidades como rebalse de aguas lluvias que contenían residuos orgánicos, presencia de coliformes fecales o elementos químicos cuyos niveles superan lo autorizado e incluso falta de información de parte de las salmoneras a las autoridades, la irregularidad que más se repite es la sobreproducción. Incluso existen empresas que sobreprodujeron en más de un 100 % de lo que tenían permitido.
Del total de los procesos sancionatorios abiertos, al menos 118 fueron por esa infracción, lo que representa casi la mitad de los casos (47 %). Además, de esos 118 procesos, 60 ocurrieron en centros de cultivo o engorda de salmones que se encuentran funcionando en áreas protegidas como la Reserva Nacional Las Guaitecas, la Reserva Nacional Kawésqar, el Parque Nacional Isla Magdalena o el Parque Nacional Alberto de Agostini.
Según información recabada a partir de la base de datos elaborada por Mongabay Latam con información del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa), el total de toneladas sobreproducidas por las salmoneras asciende a más de 168 000 desde 2013 hasta septiembre de 2025.
A pesar de la cantidad de procesos sancionatorios abiertos, solo 11 han terminado en sanciones, —la mayoría de ellas multas—, mientras que el resto está con investigaciones en curso, absueltos o con programas de cumplimiento en ejercicio, un mecanismo mediante el cual la autoridad autoriza un plan para que las empresas puedan revertir el daño causado y volver a cumplir con la normativa ambiental.
Desde la SMA aseguraron que en caso de aprobar el programa de cumplimiento propuesto por el mismo titular del proyecto y si este se ejecuta de forma satisfactoria “el caso termina sin multas”. “Si no hay programa, no se aprueba o no se cumple, el procedimiento sigue su curso y podemos imponer sanciones, incluidas multas”, agregaron.
De las sanciones que se han aplicado hasta ahora, solo una es por sobreproducción.
Los montos de las sanciones económicas se movieron entre las 1.2 Unidades Tributarias Anuales (UTA), hasta las 3142 UTA (equivalente a unos 2.7 millones de dólares, según el valor de cambio), que es la multa más alta que se ha aplicado por este tipo de procesos. La sanción fue impuesta a Exportadora Los Fiordos Limitada, filial de Agrosuper, una de las mayores productoras de alimentos en Chile, propiedad de la familia Vial, por distintos incumplimientos en 17 centros de producción. Entre las infracciones están sobreproducir más salmones de lo permitido, mantener jaulas fuera del área de la concesión, y acumular basura en sectores aledaños.
Ni SalmonChile ni el Consejo del Salmón, las gremiales que agrupan a las empresas del rubro, ni ninguna de las salmoneras mencionadas en este reportaje —a excepción de Cermaq— estuvieron disponibles para hacer comentarios.
La fiscalización de Sernapesca
La institución pública que realiza la fiscalización más completa de la industria es Sernapesca, dependiente del Ministerio de Economía. Si bien también tienen labores fiscalizadoras la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y algunos organismos de la Marina, estas se relacionan con asuntos específicos de las concesiones en lagos, ríos y mar.
Para esta investigación viajamos a la Región de Magallanes y conocimos en terreno cómo opera la fiscalización que desarrollan los funcionarios de Sernapesca. Según cuentan, la pandemia marcó un punto de quiebre porque entonces se implementó un sistema de fiscalización remota que mejoró el proceso.
A diario los centros de producción de las salmoneras deben cargar sus datos en el Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA), lo que permite que los fiscalizadores de Sernapesca puedan monitorear el avance de ítems como la mortalidad y el crecimiento de los salmones.
En paralelo, realizan fiscalizaciones remotas. Los funcionarios pueden acceder a las cámaras que portan certificadores, muestreadores o personal de laboratorio que visitan los centros. Eso es posible gracias a que existe acceso a internet satelital.
La tercera modalidad de la fiscalización es la presencial, que en una región como Magallanes es dificultosa —es la región más extensa de Chile, con 132 000 kilómetros cuadrados—, lo que se suma a un clima austral extremo, que no siempre permite que los fiscalizadores pueden navegar hasta los centros. Con todo, sus funcionarios le dijeron a Mongabay Latam que intentan fiscalizar presencialmente cada centro, al menos, una vez al año. Priorizan aquellos que están dentro de zonas protegidas.
La directora del Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, asegura que a medida que se perfecciona la fiscalización, la industria mejora su comportamiento.
“El cambio de la conducta del sector ha ido mutando conforme a las gestiones sancionatorias que se han aplicado y que provienen de una fiscalización que es eficaz”, asegura. Por lo mismo, agrega, “la industria ha ido conduciendo su comportamiento conforme a esa realidad”.
En general, dice, en Magallanes —la segunda región de Chile con mayor presencia de la industria, con 132 concesiones otorgadas y entre 40 y 50 centros operando en simultáneo— la regla no ha sido el daño ambiental a partir de la actividad de las salmoneras.
“Los delitos por daño ambiental asociados a salmonicultura no han sido el estándar generalizado hasta ahora acá en la región”, aunque reconoce que “toda actividad que se realiza en el entorno marino, o en el fondo marino, naturalmente genera un impacto. Ahora, que eso genere un daño ambiental, esas son situaciones que como servicio nosotros debemos obligatoriamente denunciarlas a las instancias penales”.
Las denuncias presentadas por Sernapesca no necesariamente son por daño ambiental directo. Las que se estamparon en tribunales civiles, por ejemplo, son en su gran mayoría por la entrega de información falsa a las autoridades. Según Ximena Gallardo, durante 2025 no detectaron sobreproducción en los centros, algo inédito desde 2018.
Eso podría explicarse por el sistema de monitoreo en línea (SIFA), que permite que desde Sernapesca se advierta a un centro cuando sus índices indican que van camino a superar el límite legal de producción.
Pese a los progresos, dirigentes de organizaciones ambientales y científicos que hablaron con Mongabay Latam apuntan a “ilegalidades históricas”, daños al ecosistema irreversibles y problemas estructurales para fiscalizar a las empresas salmoneras. De hecho, en agosto de 2024 la Contraloría detectó que Sernapesca había fallado en el control de 170 concesiones salmoneras que habían caducado, pero que seguían funcionando.
La defensa de Cermaq: “Tenemos tecnología de punta”
Quien sí conversó con Mongabay Latam fue Raúl Rivera, jefe del área de producción de Cermaq, la empresa salmonera que es propiedad de Mitsubishi. Según él, las críticas a la industria obedecen a “desinformación”.
Rivera entregó su versión en octubre del año pasado, cuando acompañamos a los funcionarios del Sernapesca en Magallanes a fiscalizar el centro de producción que Cermaq opera en la Isla Juan, a unos 140 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, la capital regional más austral de Chile.
“Cermaq es del grupo Mitsubishi, empresa japonesa, y su principal aliado, o uno de los principales, es cumplir con la normativa vigente. Cermaq, o Mitsubishi, ‘prefiere’ cumplir con la normativa y quizás dejar de ganar ingresos. Primero está la normativa y la seguridad de las personas”, señaló.
Rivera agrega que las críticas históricas que se le hacen a la industria, como la utilización de antibióticos en los peces, así como las fugas de decenas de miles de salmones que se han producido en varios centros, no aplican para su empresa. “Todos los centros que tenemos actualmente en el agua, acá en la región, están con cero antibióticos. Y cuando es necesario, se medica y se puede medicar de forma parcializada. Si una jaula es la que tiene alguna enfermedad, se medica solamente la jaula (…) todos los centros de cultivo, además de tener la red pecera, también tienen una red lobera, tienen un cerco perimetral, que es para evitar que ingresen mamíferos o que hayan fugas. Nosotros, y la mayoría de la industria, tenemos tecnología de punta”, aseguró.
Pero los datos de la SMA revisados para este reportaje, dicen otra cosa: Cermaq ha enfrentado 15 procesos sancionatorios debido a la sobreproducción de salmones en sus centros.
Cermaq no respondió las preguntas específicas que les enviamos sobre los procesos de fiscalización.
Contaminación en el mar
Los procesos sancionatorios que han ido al alza en los últimos años no sólo fueron por sobreproducción. Entre los más graves se encuentra uno abierto en abril de 2020 en contra de la Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Quimeyco Limitada por cinco cargos —tres leves, uno grave y uno gravísimo—. Este último fue por la modificación del proyecto Piscicultura Quimeyco, ubicado en Pucón, sin contar con una calificación ambiental favorable o permiso ambiental.
Los fiscalizadores detectaron que, a pesar de que el proyecto contaba con dos ciclos de producción de seis meses cada uno, con una producción total de 120 toneladas anuales, este fue excedido entre 2015 y 2019 en más de un 100 % en todos los años, llegando a un máximo de 316 % en 2017, según la información proporcionada por la empresa y posteriormente corregida por la SMA. Debido a esto, aumentó el consumo de alimentos excediendo el límite autorizado, y también la producción de lodos (residuos) permitidos por el permiso ambiental, por eso se consideró que se modificó el proyecto sin contar con el permiso y no fue solo un caso más de sobreproducción.
La empresa presentó un Programa de Cumplimiento Refundido (PdCR) para poder subsanar las irregularidades cometidas, pero esta fue rechazada por la SMA. Tras esto, recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental para que este dejara sin efecto la medida. Sin embargo, el tribunal rechazó la reclamación, respaldando la decisión tomada por la Superintendencia.
Alex Muñoz, abogado ambientalista y ex director de la ONG Oceana Chile, afirmó que los fondos marinos bajo las jaulas están “tremendamente afectados por la gran cantidad de sedimentos que caen de estas jaulas abiertas, entre ellas las fecas de los salmones y también el alimento que no se consume”. “Esto tapa y termina matando a corales de agua fría, algas y muchas especies que viven en el fondo del mar”, explicó.
Otro caso donde se incurrió en una falta gravísima lo protagonizó la gigante salmonera de origen noruego Mowi. En octubre de 2018 se inició un proceso sancionatorio en su contra por dos cargos, donde el más complejo de ellos fue por no mantener las condiciones de seguridad apropiada en el Centro de Cultivo Punta Redonda, ubicado en la Región de Los Lagos, lo que produjo el escape masivo de más de 690 000 salmones.
Posteriormente la salmonera recapturó cerca de 39 000 salmones, equivalente a un 5.54 % del escape registrado. Actualmente la causa sigue en curso. Desde Mowi no respondieron las preguntas enviadas para este reportaje.
Muñoz, también ex director para América Latina de National Geographic Pristine Seas, aseguró que el escape de salmones implica un impacto profundo en el ecosistema: “Como son carnívoros y una especie exótica e invasora, una vez que salen al mar abierto empieza a depredar a las especies nativas, como los róbalos y otras especies”.
Un problema político
La tensión entre la industria y la autoridad ambiental ha escalado hasta transformarse en un problema político. Las quejas de los dueños de las empresas salmoneras se reproducen en los diarios. Glenn Cooke, dueño de Cooke Inc, salmonera de origen canadiense que opera en Chile desde 2008, le dijo hace pocas semanas al diario El Mercurio: “Tenemos un problema con el sistema regulatorio chileno (…) hoy la industria chilena es probablemente la más regulada del mundo”.
Su queja surge por un proceso sancionatorio que impulsó la SMA luego de que descubriera que Cooke estaba sobreproduciendo en sus centros, y que dos de ellos operaban dentro del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael. Las sanciones incluyeron la suspensión de la operación de esos centros.
El abogado que representa a Cooke ante los tribunales, David Cademartori, del estudio Barros & Errázuriz, no respondió las preguntas que se le enviaron para este reportaje.
En todo caso, la SMA no es la dueña final de las decisiones. Una práctica habitual de la industria es apelar a sus resoluciones ante los tribunales ambientales. Es lo que hizo Cooke con la paralización de sus centros en la Región de Aysén. A fines de octubre pasado el Tercer Tribunal Ambiental le otorgó la razón.
Steven Rafferty, CEO de Cermaq, la salmonera de Mitsubishi que está en plena expansión mundial, le dijo al medio Salmon Expert: “En Chile no reduciremos el volumen, pero somos cautelosos de crecer hasta que consigamos una normativa más adecuada que apoye a la industria, en lugar de la situación actual, donde la normativa añade costos y burocracia innecesarios a las operaciones”.
El reclamo empresarial podría dar un giro con el cambio político que por estos meses se vive en Chile. En marzo asume el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quien llega con la promesa de desregularizar las distintas industrias que operan en el país para impulsar el crecimiento económico. A inicios de enero en un encuentro de Kast con los empresarios, Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo Del Salmón, el otro gremio que agrupa a los salmoneros, alabó al nuevo mandatario: “Ha demostrado su interés en impulsar el crecimiento en Chile”, indicó, según recogió El Mercurio .
Antes de ser electo, Kast se reunió con la industria del salmón y afirmó que era necesaria una “desregulación sustantiva” para impulsar el crecimiento de esa industria.
Frente a esa promesa aparecen los cientos de denuncias e incumplimientos que la industria acumula durante los últimos años.
El Maipo/Mongabay
Imagen principal: inspección del Sernapesca en un centro de engorda de salmones. Foto: Nicolás Sepúlveda
