Por Iván Paredes Tamayo
El debate ambiental volvió a tomar la agenda en Argentina, luego de que el Senado dio media sanción el jueves pasado a una reforma de la Ley de Glaciares. La modificación a la norma es impulsada por el Gobierno de Javier Milei y busca flexibilizar la protección del ambiente periglacial para potenciar la minería y otras actividades extractivas en estos cuerpos de hielo, según legisladores de oposición, expertos y el propio oficialismo.
La reforma a la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo en un sector social, que sostiene que pone en riesgo las principales reservas de agua argentinas y amenaza a ecosistemas críticos de ese país. En medio del debate parlamentario, que ahora ingresó a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento, organizaciones ambientalistas exigen una audiencia pública a los diputados, que serán los encargados de aprobar o no la reforma.
El 26 de febrero fue una jornada de duro debate en el Senado. En esa cámara legislativa se aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, como pretendía el Ejecutivo. Esta iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que la ley actual protege. La reforma fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
Agostina Rossi, bióloga e integrante de Greenpeace Argentina, cuestionó la iniciativa que es impulsada por la administración de Milei. La experta explicó a Mongabay Latam que la norma actual que quieren modificar fija un piso obligatorio de protección en todo el territorio argentino pero que la modificación debilita ese piso o lo vuelve dependiente de decisiones de los gobiernos provinciales, que en la zona cordillerana, especialmente rica en minerales, son prominería y buscar explotar las zonas periglaciares. Así, dejaría de existir una garantía uniforme y se fragmentaría la tutela ambiental.
“En la práctica, eso significa que zonas que hoy están protegidas por una prohibición clara podrían quedar sujetas a autorizaciones locales [de explotación minera]. En regiones donde el agua es escasa y depende del aporte glaciar y periglaciar, esa flexibilización no es abstracta: implica mayor riesgo de intervención en reservas estratégicas de agua dulce y menor previsibilidad en su conservación frente a actividades extractivas”, detalló Rossi.
La experta añadió que la Ley de Glaciares –sin ningún tipo de reforma- no regula toda la actividad productiva ni prohíbe una actividad en particular en todo el país, pero lo que hace es fijar un estándar nacional para proteger glaciares y ambiente periglacial por su función hídrica y climática. “Cuando se propone modificarla, lo que está en discusión es si esos ecosistemas deben seguir teniendo una protección uniforme en todo el territorio o si ese estándar puede flexibilizarse”, dijo Rossi, quien aseguró que ahora la discusión “no es sobre una actividad en abstracto, sino sobre el nivel de protección que el país decide mantener sobre sus reservas estratégicas de agua”.
Por qué los glaciares y periglaciares son fundamentales para proteger las fuentes de agua
Organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa del Gobierno, apoyada por varios gobernadores de las provincias mineras, es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió. Estos sectores advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el traspaso de facultades desde el ámbito nacional hacia las provincias. La nueva redacción permite que cada distrito determine qué sectores del ambiente periglacial considera estratégicos para la conservación del recurso hídrico y en cuáles podrían habilitar actividades extractivas. De este modo, se relativiza la protección integral que hasta ahora ofrecía la normativa vigente.
Expertos calculan que la reforma pondrían en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas que viven en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.
El caso tiene alcance internacional. Relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares en el cumplimiento del derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.
Sobre la ley actual que buscan modificar, los relatores dijeron: “Pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en una carta.
Hernán Casañas, director de la organización Aves Argentinas, explicó que el 36 % de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de 7.5 millones de habitantes. El experto detalló, con datos del Inventario Nacional de Glaciares, que existen 16 968 cuerpos glaciares en el país, con una superficie estimada de 8484 kilómetros cuadrados distribuidos en 12 provincias.
Casañas remarcó que si se modifica la norma se debilitará este ecosistema, a sus habitantes y a la fauna y flora que habita estas zonas. “Pretender flexibilizar esta ley, desde mi punto de vista, no va necesariamente a atraer inversión. Pretender flexibilizar esta ley es no conocer cómo funciona el mundo de hoy”, afirmó el experto, quien dijo que en diciembre de 2025 expuso a los senadores sus observaciones sobre las reformas a la Ley de Glaciares.
“¿Ustedes piensan que lo que haga la provincia de Formosa con el bosque chaqueño no va a incidir en la provincia de Chaco o no va a incidir en las cuencas hídricas bajas? ¿Ustedes piensan que lo que pasa en el Mato Grosso no incide en Argentina? No, no es así. Los procesos ecológicos son extremadamente más complejos. Esto es algo que tenemos que repensar. La fauna no reconoce fronteras políticas. El yaguareté [jaguar] que está en la provincia de Formosa hoy, mañana pasa a la provincia de Chaco”, les dijo Casañas en esa ocasión. El experto apuntaba a que lo que suceda con los glaciares y zonas periglaciares en la Cordillera de los Andes y otras zonas mineras terminará afectando la provisión de agua en las ciudades y pueblos de Argentina.
Tras lo ocurrido en el Senado, el proyecto debe ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Esteban Paulón, del bloque Unidos, anticipó su rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares porque las reservas de agua se verán afectadas por las explotaciones mineras que estarían autorizadas por las provincias, como dice la reforma.
“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce afectando no solo la función ambiental, sino también la función que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas. Así, la ley actual no tiene ningún sentido de ser modificada. De hecho, no impidió el desarrollo de la actividad minera, que en nuestro país se cuadruplicó desde que existe la Ley de Glaciares”, afirmó Paulón a Mongabay Latam.
Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce apta para el consumo humano más importante de Argentina, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país, resaltó Paulón.
En línea y en contra de la idea de Milei
En el Senado argentino uno de los que votó a favor de la reforma de esta norma fue el senador Agustín Coto. El legislador, que representa a la provincia de Tierra del Fuego y es parte de La Libertad Avanza (LLA), bloque que responde a Milei, explicó que la reforma a esta norma apunta a “devolver a las provincias” su derecho constitucional a administrar sus recursos naturales, “corrigiendo” un esquema que limitó inversiones productivas y “frenó” el desarrollo regional.
“La media sanción [que se aprobó en el Senado] significa más empleo, más inversión y más desarrollo. La modificación busca compatibilizar el cuidado ambiental con un marco regulatorio razonable y moderno, que brinde previsibilidad jurídica y permita poner en marcha proyectos productivos responsables en todo el país”, resaltó Coto en contacto con Mongabay Latam.
El senador añadió que la reforma está en línea con la política que impulsa el presidente argentino y que como estaba la ley –vigente desde 2010- había “deficiencias técnicas”, por lo que ahora existe “claridad y seguridad jurídica” con la modificación de la norma: “Sin reglas claras no hay desarrollo”, dijo.
La senadora Juliana Di Tullio, del Partido Justicialista (PJ), fue una de las 31 voces en contra de la reforma de la norma y denunció la forma en cómo se votó la modificación de esta iniciativa. La legisladora afirmó que en la sesión ni siquiera se leyeron las modificaciones de último momento y que el contenido definitivo de la reforma no circuló de manera completa y consolidada con la antelación suficiente entre todos los legisladores.
“En menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas. Era un papelito sin membrete. La población necesita saber qué se negoció con esta reforma, cómo se negoció. Así, la norma aprobada no dará seguridad jurídica para las inversiones que se quieren traer”, dijo Di Tullio a Mongabay Latam.
Antes del comienzo del debate en el Senado, 12 activistas de Greenpeace Argentina fueron detenidos mientras protestaban contra el proyecto, luego de traspasar las rejas del edificio para levantar pancartas en las escalinatas de acceso. Luego de varios minutos, la policía intervino, arrebató los carteles y los detuvo, según medios locales. La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación. Los manifestantes fueron liberados más tarde.
La Oficina del Presidente celebró la media sanción mediante su cuenta en la red social X y afirmó que el proyecto “clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”. Así, el Gobierno de Milei dijo que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
Dura afectación a la fauna
Según un informe elaborado por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands International, el 56 % de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. Esta dependencia asciende al 86 % en mamíferos, 78 % en reptiles y 69 % en anfibios. Además, en estas áreas se concentra la mayoría de las especies amenazadas: el 83 % de los anfibios, el 70 % de los mamíferos, el 56 % de los reptiles y el 53 % de los peces de agua dulce categorizados como Vulnerables o En Peligro a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Además, el informe subraya que alrededor del 35 % de las áreas protegidas argentinas se encuentran en cuencas que dependen de aportes hídricos de los glaciares, lo que evidencia la interconexión entre las zonas clasificadas como protegidas y los sistemas de drenaje alimentados por deshielo.
Marcelo Giraud, geógrafo, investigador y militante de la Asamblea del Agua Pura, expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares. El experto, advirtió en contacto con Mongabay Latam que, aunque se mantiene formalmente las definiciones centrales de la norma, se introduce cambios que habilitarán el avance de actividades extractivas sobre zonas protegidas.
“Hace tiempo veníamos preocupados imaginándonos qué podría venir con el famoso proyecto de Ley de Glaciares”, cuestionó el experto, quien apuntó a gobernadores de regiones mineras por impulsar la reforma. “Hay proyectos muy grandes de cobre que están justamente donde los inversores están queriendo tener la seguridad jurídica para ellos e inseguridad para la población sanjuanina, por ejemplo”, dijo.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) exigen a los miembros de la Cámara de Diputados que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un “proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental”.
La Comisión de Recursos Naturales y la de Asuntos Constitucionales, ambas de la Cámara de Diputados, convocó para este 4 de marzo a las 10 de la mañana a una reunión plenaria de sus miembros para elaborar un plan de trabajo para el tratamiento de la Ley de Glaciares. Se estima que el martes 10 de marzo se realizará una audiencia pública con organizaciones ambientales. Esa idea también fue impulsada por el bloque Unidos. Un día después se firmará un dictamen para que la norma sea abordada en el pleno de Diputados, por ahora sin fecha.
Imagen principal: activistas ambientales en Argentina se manifestaron en las cumbres montañosas contra la reforma de la Ley de Glaciares. Foto: cortesía Agencia Presentes
El Maipo/Mongabay
