La Comisión de Obras Públicas del Senado avanza en el análisis de un proyecto de ley que busca endurecer los controles sobre el transporte de carga pesada en Chile, con el objetivo de proteger la infraestructura vial del país del deterioro causado por vehículos con sobrepeso.
La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, establece que todas las empresas que movilicen 60 mil toneladas anuales o más deberán contar con sistemas de pesaje automatizado autorizados en cada punto de embarque o recepción de carga, informó la sala de prensa de la Cámara Alta.
Audiencias con el sector
Durante la sesión del 21 de enero, la comisión presidida por la senadora María José Gatica, junto a los senadores Sergio Gahona, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti y Matías Walker, recibió a representantes del sector transportista y autoridades del Ministerio de Obras Públicas.
Entre los invitados estuvieron la presidenta de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Valdivia, Anadeska Pincheira; el gerente del Consejo Superior de Transportes, Carlos Salazar; y el jefe Nacional de Pesajes de la Dirección de Vialidad, Jorge Guerra, entre otros actores relevantes del rubro.
Alcances del proyecto
La propuesta modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°850 de 1997 y amplía la definición de Empresas Generadoras de Carga (EGC) y Empresas Transmisoras de Carga (ETC), incorporando a puertos marítimos, aeropuertos, terminales, bodegas y centros de transferencia.
El proyecto prohíbe la circulación de vehículos que excedan los límites máximos de peso y obliga a las empresas a registrar el peso de los vehículos al ingreso y salida, emitir certificados de cumplimiento y remitir esta información al Departamento Nacional de Pesaje.
Sistema de multas graduadas
En materia de sanciones, se contempla un sistema de multas que van desde 2 hasta 100 UTM según la gravedad de la infracción. En casos de incumplimientos reiterados, se establece incluso la posibilidad de clausura de las instalaciones hasta que se subsanen las deficiencias.
Las multas serán impuestas por el Director de Vialidad y podrán ser reclamadas ante el tribunal competente.
De aprobarse, la ley comenzará a regir un año después de su publicación, plazo destinado a que las empresas adecúen sus sistemas y procedimientos a las nuevas exigencias.
El Maipo
