Antes, los gabinetes se armaban como un rompecabezas político. Un poco de aquí, un poco de allá. Partidos, corrientes, sensibilidades. Nada perfecto, pero funcional. El objetivo era claro: reflejar una coalición, asegurar interlocución en el Congreso, traducir votos en poder efectivo. Política, en el sentido clásico del término.
Eso quedó atrás.
Hoy el gabinete ya no se lee como un mapa partidario, sino como un organigrama empresarial. Nadie pregunta de qué partido es el ministro. La pregunta correcta es otra: ¿a qué grupo económico pertenece?, ¿de qué holding viene?, ¿a qué directorio regresa cuando todo termine?
El presidente electo ha tomado una decisión nítida: los partidos que lo llevaron al triunfo ocupan un lugar secundario. El protagonismo lo tienen los grandes conglomerados del dinero. Los mismos de siempre. Los que no compiten en elecciones, pero ganan todas las licitaciones. Los que no hacen campaña, pero escriben la letra chica del programa.
Así, el gabinete se parece menos a un equipo de gobierno y más a una junta directiva. Mientras más grande el grupo empresarial, mayor la silla en la mesa. Finanzas, energía, obras públicas, salud: carteras estratégicas anunciadas como si fueran fusiones o adquisiciones. La política reducida a comunicado corporativo.
¿Gobernabilidad? Difícil. Sin partidos detrás, sin bancadas disciplinadas, sin proyecto colectivo, el Ejecutivo camina sobre hielo delgado. Cada ministro habla en nombre propio —o peor aún, en nombre de su antiguo empleador— y el Parlamento observa con la distancia del que no se siente parte del negocio.
Y luego está el elefante en la sala: los conflictos de interés. No como excepción, sino como regla. No como error, sino como diseño. Una mochila pesada que acompañará a estos ministros desde el primer día, erosionando cualquier promesa de imparcialidad.
Pablo Longueira los llamó “ministros yogurt”. Técnicos brillantes, pulcros, bien empaquetados. Con fecha de vencimiento visible. Cuando el costo político supera la utilidad, se botan. Fácil. Reemplazables. Como productos en góndola.
El problema es que un país no se gobierna como una empresa. Y la democracia no es un directorio. Cuando el gabinete deja de representar ciudadanos y empieza a representar balances, lo que caduca no es el ministro. Es la política misma.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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