El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió este martes absolver a Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, joven que perdió la vista tras recibir impactos de balines durante una manifestación en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.
Durante la lectura del veredicto, la jueza Cristina Cabello determinó que no se configuraron los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas que imputaba la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Junto con la absolución, el tribunal ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre el acusado.
En su resolución, el tribunal acogió parte de los argumentos presentados por la defensa, señalando que el actuar policial del 8 de noviembre de 2019 respondió a una situación de riesgo grave e inminente. Según se expuso, en ese momento Carabineros enfrentaba ataques violentos, incluidos lanzamientos de bombas molotov y daños a infraestructura pública y privada, lo que justificó una respuesta defensiva activa.
La jueza explicó que el avance de infantería con el uso de armas menos letales permitió despejar temporalmente el sector de Plaza Baquedano y recuperar el control del orden público, calificando dicha acción como legal, necesaria y proporcional conforme a la normativa vigente. En ese sentido, el tribunal concluyó que la intervención no fue arbitraria, sino una maniobra destinada a resguardar la seguridad del personal policial.
El proceso judicial tuvo como eje los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019, cuando Gustavo Gatica recibió impactos que le provocaron la pérdida total de la visión. De acuerdo con la acusación, Crespo habría disparado su escopeta antidisturbios apuntando al cuerpo de los manifestantes, a una distancia aproximada de 24,5 metros.
Claudio Crespo fue detenido en agosto de 2021 por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y previamente había sido dado de baja de Carabineros, tras detectarse irregularidades en los registros de su cámara corporal correspondientes a esa jornada. El juicio oral se inició el 4 de noviembre de 2024.
Durante el desarrollo del proceso, la Fiscalía solicitó una condena de 12 años de presidio, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió una pena de 15 años de cárcel, además de inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y derechos políticos. Por su parte, la defensa sostuvo que no existían pruebas ni testimonios suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado, postura que finalmente fue respaldada por el tribunal.
El Maipo
