En las actuales circunstancias, el proceso de empadronamiento de más de 185 mil inmigrantes irregulares durante el Gobierno de Gabriel Boric, podría transformarse en la peor encerrona de nuestra historia.
Si presionado por su propia promesa de campaña, Kast quiere dar señales de que su voluntad de expulsión no es solo retórica ultraderechista, serán estos 185 mil ciudadanos honestos, transparentes y confiados en las instituciones (no el resto sin empadronar al que hay que ubicar e identificar primero) quienes estarán disponibles para el show mediático que el Gobierno entrante quiera entregar a su base social xenófoba la cual ya está expectante de la promesa de los 102 días del último debate presidencial.
La última campaña presidencial estuvo marcada por las amenazas de expulsión, tan excesivas como impracticables, que el candidato Kast lanzó a más de 330 mil extranjeros en situación migratoria irregular que hoy viven en el país.
En la contraparte, la candidatura de Jeannette Jara nunca pudo dar con el tono adecuado para expresar la posición del sector progresista, o al menos defenderse de los embates ultraderechistas que hicieron del tema migratorio un verdadero chivo expiatorio para sostener esa percepción “del Chile que se cae a pedazos”.
Y es que el Comando de Jeannette Jara nunca integró un equipo especializado en el tema migratorio, quedando sus análisis y definiciones a merced de asesores generalistas, carentes de información suficiente o de reflexiones sistemáticas basadas en el conocimiento académico, político y social de un tema que, como ha quedado claro para todos, es tan complejo como estratégico para la definición de un proyecto país, ya entrados en el segundo cuarto del Siglo XXI.
Medidas propuestas en el Programa de Gobierno de Jeanette Jara
Solo para efectos de inventario, recordemos que el Programa del oficialismo redactó cuatro medidas sobre el tema migratorio. De éstas, la que se enarboló con mayor insistencia fue la N° 376 de Empadronamiento biométrico a inmigrantes irregulares.
“Empadronamiento biométrico nacional temporal para saber quién es quién, este proceso de empadronamiento será acotado a máximo 6 meses. Quienes no se empadronen serán expulsados del país.”
Recordemos que el mecanismo de empadronamiento biométrico ya fue implementado en Chile por el Gobierno de Gabriel Boric, por lo que la medida propuesta solo ampliaba el plazo temporal, sin introducir mayores innovaciones. Por otra parte, la formulación de la medida se centró en la sanción hacia quienes no participen del proceso, omitiendo posibles beneficios o garantías para quienes sí lo hicieran. Esta asimetría reforzaba la lógica punitiva y no apuntaba a incentivar la regularización, la cual debería ser el objetivo central de cualquier política de empadronamiento, como lo demuestra la evidencia internacional.
Empadronamiento biométrico: el registro de 185 mil migrantes irregulares levantado por el actual Gobierno.
Entre 2023 y 2024, el Estado de Chile desarrolló un proceso extraordinario de empadronamiento biométrico de personas migrantes en situación irregular, iniciativa coordinada por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) con apoyo operativo de la Policía de Investigaciones de Chile.
El proceso tuvo como objetivo identificar y registrar a personas extranjeras que se encontraban en el país sin autorización migratoria vigente, ya sea por ingreso por pasos no habilitados o por permanencia irregular, permitiendo al Estado contar con información actualizada para la gestión administrativa y el control migratorio.
Según los balances oficiales del SERMIG, el empadronamiento permitió registrar a aproximadamente 185 mil personas extranjeras a nivel nacional, constituyéndose en el mayor levantamiento de información biométrica de población migrante irregular realizado en el país.
De acuerdo con la información entregada por la autoridad, la mayoría de las personas empadronadas corresponde a adultos en edad laboral, concentradas territorialmente en la Región Metropolitana y en regiones del norte del país. De éstas, un porcentaje relevante de las personas empadronadas no contaba con RUN ni con registro previo en los sistemas del Estado.
El procedimiento consideró inscripción previa y comparecencia presencial obligatoria, instancia en la que se realizó la toma de huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos.
Sin promesa de regularización pero…
Uno de los aspectos más sensibles del proceso fue su eventual relación con procesos de regularización migratoria.
En el instructivo institucional del proceso, el SERMIG estableció expresamente que el empadronamiento “no constituye un proceso de regularización migratoria” y que “no otorga por sí mismo ningún permiso de residencia ni autorización para trabajar en el país”. Aclarando, también, que el registro biométrico “no suspende ni deja sin efecto órdenes de expulsión vigentes”.
No obstante, el propio SERMIG indicó que el empadronamiento podría ser considerado como un antecedente en caso de que el Estado defina eventuales procesos de regularización acotados, los que requerirían normas especiales y evaluación caso a caso.
En paralelo, organizaciones de la sociedad civil han planteado la necesidad de resguardar el uso de los datos recopilados y asegurar que el proceso se mantenga dentro de estándares de protección de derechos, especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes.
Con 185 mil personas empadronadas, el proceso se consolidó como uno de los hitos centrales de la política migratoria reciente, reflejando las tensiones entre control estatal, gestión administrativa y enfoque de derechos en un contexto de flujos migratorios sostenidos.
Al igual que la medida N° 376 del Programa de Jeannette Jara, el Programa implementado no hizo promesas de regularización migratoria pero si promovió, explícitamente, expectativas en ese sentido para cientos de miles de personas a lo largo del país, las cuales estuvieron en la base de la participación masiva de muchas personas.
Ya en las postrimerías del Gobierno actual, es dable preguntarse si el objetivo del empadronamiento biométrico se considera cumplido por el Gobierno.
Si esto es así, lo que se entregue al Gobierno entrante será una masa mayor de población extranjera irregular que la recibida. Claro, con un padrón cercano al 60% de personas identificadas y localizadas, disponibles para aplicarles las medidas que la autoridad disponga, sea vía legal o administrativa, incluidos los cambios legales que se verifiquen una vez instalado el nuevo Gobierno, lo cual podría incluir que la migración irregular sea considerada un delito y no solo una infracción administrativa.
De los posibles procesos de regularización acotados no se ha escuchado nada. Para quienes transparentemente entregaron sus datos y registros biométricos para mejorar sus opciones de integración plena a nuestro país es normal que hoy se sientan ansiosos, temerosos y también engañados.
Escenarios que se abren
A poco más de dos meses de entregar el Gobierno, una “actitud natural” sería asumir que lo que se haga quede en manos de la nueva administración. El problema es de ellos y tendrán que ver cómo y en qué medida concretan sus promesas y con qué herramientas administrativas, legales y con qué recursos lo hacen.
El problema para el Gobierno saliente es que, lejos de cumplir con el enfoque de derechos e integración de la nueva población extranjera, con el cual llegó a gobernar, el único legado relevante que habrá dejado es una base de datos con 185 mil personas. Ese grupo será el primero sobre el cual podrá operar la nueva política pública enfocada, orgullosamente, en lo punitivo y en su relato xenófobo que ha llegado a permear en importantes segmentos de la población chilena.
Un segundo escenario, sería que el Gobierno asuma de manera urgente, a partir de los instrumentos administrativos a su disposición, un proceso de regularización acotado a quienes forman parte del padrón de migrantes irregulares y que cumplan condiciones como no tener problemas penales o que tienen hijos o hijas chilenos, o están trabajando, entre otras.
Tal proceso podría favorecer a parte importante del padrón y permitiría entregar al nuevo Gobierno una cantidad muy menor de inmigrantes irregulares, lo cual baja la presión a sus propias promesas electorales.
Un tercer escenario, que ha sido propuesto por diversos actores, como Rodrigo Sandoval ex Jefe de Extranjería durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, supone una gestión política en el marco de la transición entre los gobiernos de salida y entrada que beneficie a ambos, y de “pasada” a miles de familias que están en medio de este “embrollo”.
La idea es simple y supone pensar en criterios de eficiencia política, más que en definiciones ideológicas de uno u otro lado. Minimizar costos futuros generando un pacto entre Gobierno saliente y Gobierno entrante que en lo central signifique una disminución sustantiva de la población migrante irregular en el país. El pacto podrá basarse en medidas administrativas, legales, o ambas, y debiese tener un tiempo acotado.
Un arco importante de actores sociales, políticos, académicos, religiosos y económicos estarían disponibles para apoyar un acuerdo de esta naturaleza. Solo falta saber si hay agua en la piscina del liderazgo y quienes están a la cabeza del proceso de transición gubernamental pueden sacudirse prejuicios e ideologismos para poner en el centro soluciones concretas a un tema que busca solución desde diversas veredas.
Ya iniciando este 2026, y en pleno proceso de transición a la nueva administración, veremos si el Gobierno tiene la fuerza, pero sobre todo la voluntad, para resarcir, en alguna medida la enorme brecha que deja entre los objetivos declarados y lo concretamente realizado en política migratoria.
No hacer nada, por otra parte, significa que el esfuerzo y expectativas asociadas al empadronamiento biométrico, solo serán utilizadas en un contexto distinto para el cual supuestamente fueron creadas, ahondando la creciente brecha de credibilidad y desconfianza entre la población migrante, que ya se acerca al 10%, y las fuerzas de izquierda, progresistas y de centro izquierda.
Si el 11 de marzo comienza la captura de extranjeros empadronados, y se empiezan a ver cuadros similares a las detenciones realizadas por el ICE en Estados Unidos, el actual Gobierno habrá aportado de manera significativa a concretar lo que, seguramente, constituirá la encerrona del siglo.
Miguel Jara Gómez, colaborador y miembro del equipo de El Maipo (elmaipo.cl), es antropólogo social, magister en Educación y Comunicador Social, Coordinador Paritario del Comité de Migraciones del Frente Amplio.
