Por Imanol R.H.
Las comunidades indígenas del suroeste de Bolivia, donde se encuentran los mayores yacimientos de litio del país, instan al gobierno del presidente Rodrigo Paz a garantizar que los proyectos de extracción incluyan evaluaciones de impacto ambiental y consulta previa.
Las autoridades locales de Nor Lípez, en la región andina de Potosí, han redactado un proyecto de ley que busca aclarar las consecuencias a largo plazo de la explotación del litio y el reconocimiento formal de los derechos comunitarios.
Catorce comunidades aledañas al Salar de Uyuni que alberga la mayor parte de las reservas de litio de Bolivia, temen la escasez de agua y otros riesgos ambientales relacionados con la futura extracción e industrialización.
Pueblos indígenas y litio en Bolivia: demanda de consulta previa y protección ambiental
Pueblos indígenas del suroeste de Bolivia, donde está el mayor yacimiento de litio del país, piden al Gobierno de Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de ese recurso incluyan estudios ambientales y la consulta previa a esas comunidades, que buscan así ser reconocidas y que estas iniciativas no tengan impactos negativos.
La solicitud se refleja en un proyecto de ley que las autoridades de la provincia Nor Lípez, de la región andina de Potosí, elaboraron para conocer qué «les espera de aquí a diez años», dijo el secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de esa zona, Iván Calcina.
«Los puntos más importantes para nosotros es la consulta previa libre e informada, y el estudio del impacto al medioambiente, porque entendemos que en las anteriores leyes no estipulaba o estaba en líneas generales», precisó.
Comunidades afectadas alrededor del salar de Uyuni
Según Calcina, son 14 comunidades que están en los alrededores del salar de Uyuni, que contiene las reservas de litio, y que en eventuales proyectos de explotación e industrialización del recurso serían las directamente afectadas por la escasez de agua y otros problemas ambientales.
«Para las comunidades que viven alrededor del salar esa es su primera preocupación, quieren saber un estudio hidrológico porque va a ser importante, no solo para la región, sino para todos los bolivianos«, dijo Calcina.
La principal inquietud de estas comunidades indígenas surge de los contratos que firmó el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio a través de la tecnología de extracción directa (EDL), proyectos que carecían de estudios de impacto ambiental.
Contratos con empresas de China y Rusia bajo crítica
Las inversiones con las firmas extranjeras hubieran alcanzado los 2.006 millones de dólares, pero quedaron en suspenso por fuertes observaciones a dos contratos.
Para la firma de esos documentos, tampoco hubo la consulta previa a los pueblos indígenas afectados por los proyectos, como lo establecen las normas bolivianas.
Expertos en energía coincidieron en que los proyectos de las empresas china y rusa «no tienen las bases sólidas sobre el impacto ambiental«, por lo que su puesta en marcha podía generar «grandes impactos para las comunidades».
El papel del litio en la economía boliviana
Durante el Gobierno de Arce se calculó que las reservas de litio en los salares bolivianos alcanzan los 23 millones de toneladas, la mayoría en Uyuni, que tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados y es también uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia.
En diciembre de 2023 se inauguró allí un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio, pero solo alcanzó a operar con menos del 20 % de su capacidad y con defectos de diseño.
Si bien este proyecto fue iniciado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Arce anunció en 2023 que comenzaba «la era del litio» con el inicio de la planta industrial, pero en los años siguientes no logró los objetivos esperados.
Expectativas y tensiones con el nuevo Gobierno
El presidente Rodrigo Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, denunció que en las gestiones de Morales y Arce «se robaron el litio» por la falta de resultados en la explotación e industrialización, y anunció que su Gobierno trabajará en el tema para dar soluciones reales.
Su preocupación se deriva de los contratos firmados durante la administración anterior con empresas chinas y rusas para aplicar tecnología de extracción directa de litio sin los estudios ambientales adecuados ni las consultas legalmente exigidas.
Estos acuerdos, valorados en más de dos mil millones de dólares, fueron posteriormente suspendidos en medio de críticas. Bolivia estima que las reservas de litio ascienden a 23 millones de toneladas, principalmente en Uyuni, donde una planta estatal se inauguró en 2023, pero ha operado muy por debajo de su capacidad debido a fallas de diseño.
El Maipo/Ecoticias
