Ana Cristina Alvarado
Eran inicios de los años 60 y helicópteros sobrevolaban los densos bosques del norte de la Amazonía ecuatoriana. “Mis abuelos me contaban que veían una cosa gigante volar, un ave metálica, un ave que no tenía plumas”, recuerda Ramiro Ortiz, presidente de la nacionalidad a’i cofán. Las poblaciones indígenas estaban presenciando la llegada de la petrolera estadounidense Texaco.
“Texaco llegó, contaminó y destruyó”, asegura el líder indígena. La compañía, que operó en Ecuador entre 1964 y 1992, vertió más de 16 mil millones de galones de aguas tóxicas, derramó cerca de 17 millones de galones de crudo y dejó 1107 pasivos ambientales, entre piscinas de hidrocarburos, sitios contaminados y fosas, de acuerdo con la organización Amazon Watch y datos recabados por Mongabay Latam.
Sin embargo, 32 años después de que los afectados iniciaran demandas legales contra la petrolera, el tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó el 8 de diciembre de 2025 que Ecuador pague 220 millones de dólares a Chevrón, la empresa a la que se fusionó Texaco en el 2001. La sentencia vinculante determina, entre otros, que el país violó el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Estados Unidos por presunta denegación de justicia.
Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, dijo a un medio local que ahora corren tres meses para que las partes pidan una acción de anulación. De todas maneras, el Ministerio de Economía tendrá que planificar cómo realiza el pago, si lo hace de manera inmediata o mediante una fórmula o cronograma de pago.
El caso judicial comenzó en 1993, cuando un grupo de afectados de pueblos indígenas y mestizos presentó una demanda contra Texaco en Nueva York. La petrolera insistió en trasladar el juicio a Ecuador presentando declaraciones juradas sobre la integridad del sistema judicial ecuatoriano, según reseña Amazon Watch. En 2002, la Corte neoyorquina dijo no tener jurisdicción en el caso, por lo que en 2003 las comunidades afectadas presentaron la demanda en Ecuador.
En 2011, el juez Nicolás Zambrano de la Corte Provincial de Sucumbíos condenó a Chevrón a pagar 9500 millones de dólares por daños ambientales. La Corte Constitucional ecuatoriana ratificó la sentencia en 2013. Sin embargo, Chevrón se negó a pagar. La petrolera argumentó que la sentencia fue obtenida mediante fraude, sobornos y corrupción.
En 2009, dos años antes de que se emitiera el fallo en Ecuador, Chevrón presentó una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de Chevrón, determinando que hubo denegación de justicia para la compañía petrolera y que la sentencia ecuatoriana era fraudulenta. La Corte rechazó la apelación de Ecuador.
“El caso Chevrón evidencia el gran vacío jurídico que existe en el mundo para juzgar a las empresas transnacionales, donde las mismas tienen derechos, pero no obligaciones”, dijo a Mongabay Latam Pablo Fajardo, abogado de los demandantes y asesor jurídico de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT).
El sistema de arbitraje, en entredicho
A lo largo de los 32 años del proceso judicial, varios de los demandantes han muerto. “Mi tío Esteban ya no está, el compañero Marcelino tampoco. La compañera María Aguinda, que encabeza el caso, también falleció sin mirar la justicia”, señala Humberto Piaguaje, indígena de la nacionalidad siekopai que ha pasado más de la mitad de su vida esperando por justicia.
Judith Kimerling, experta en derecho ambiental que ha documentado el caso desde 1989 y profesora emérita de City University of New York, cuestiona la arquitectura del sistema de arbitraje internacional: “puede sobreponerse a las cortes nacionales y los derechos humanos, además, puede decidir sobre cuestiones legales de grandes consecuencias sin transparencia o participación de las personas directamente afectadas por la acción legal”. “Ha sido creado para defender los derechos de las compañías, de las transnacionales”, agrega.
Mientras tanto, dice, las comunidades afectadas no tienen un sistema equiparable al que acudir. Además, considera que el tribunal no evaluó ni tomó en cuenta el descuido de Texaco ni los daños causados por sus operaciones.
El laudo se apoyó en varios documentos firmados por los gobiernos de los años 90, explicó Pablo Fajardo en una rueda de prensa del 16 de diciembre de 2025 en Quito. En 1995, el Gobierno de Sixto Durán Ballén firmó un contrato en el que comprometió al Estado a no demandar a Texaco.
En 1998, el Gobierno de Jamil Mahuad firmó un acta final tras la supuesta remediación que la petrolera dijo haber completado. No obstante, informes de la Contraloría General del Estado del 2001 y del 2015 documentaron la falta de remediación y el rastro de los residuos de hidrocarburos en la zona.
Fajardo también señala que el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, uno de los principales argumentos de la sentencia en contra de Ecuador, entró en vigencia en 1997, años después de que Texaco cesara sus operaciones en Ecuador y retirara sus inversiones en el país. A pesar de eso, Chevrón logró que el tribunal arbitral aceptara la demanda basándose en ese tratado.
El abogado rechaza las acusaciones de fraude y asegura que solo Chevrón estaba en la capacidad económica de sobornar a jueces y testigos.
Fracaso del estado de derecho
Ahora quedan pocas opciones para la UDAPT. El caso se presentó en 2023 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero para Judith Kimerling esto es problemático, pues la CIDH podrá hacer recomendaciones a Ecuador, pero no directamente a Chevrón. Algo similar sucedería si el proceso llega a la Corte IDH.
“Luego de 32 años de acciones legales, el resultado es un trágico fracaso del estado de derecho”, dice Kimerling, con poca esperanza de que los afectados demuestren la responsabilidad de Chevrón mediante acciones jurídicas. En su opinión, la única vía para que la empresa se responsabilice del daño requiere de un diálogo y un proceso político para buscar soluciones.
Mientras tanto, los miembros de la UDAPT aseguran no haberse rendido. “Dicen que con el laudo arbitral se acaba, pero no es así. Llevamos desde 1993 en este proceso, nos unimos para exigir justicia y dignidad”, afirmó Ramiro Ortiz durante una rueda de prensa.
Cuando la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya publicó el monto que Ecuador tendría que pagar a Chevrón, la UDAPT presentó un pedido de embargo ante la corte Provincial de Sucumbíos para que los 220 millones de dólares se destinen a remediar los territorios amazónicos. La organización todavía no ha recibido respuesta de la Corte ni conoce cuánto tiempo tardará en dar a conocer su decisión.
En 2020, cuando el caso estaba en su fase final, Chevrón,una de las mayores petroleras del mundo emitió un comunicado en el que afirmó que estaba “buscando recuperarse de los costos en los que ha incurrido para exponer y defenderse del fraude” e insistió en que “cualquier responsabilidad por las condiciones ambientales actuales en Ecuador recae en la petrolera estatal, que continúa operando en la misma zona en la actualidad”.
Pueblos indígenas desplazados
En los años 60, con la llegada de las maquinarias desconocidas y el ruido de los motores, los a’i cofán que habitaban en el corazón de lo que se convertiría en la zona petrolera ecuatoriana navegaron por el río Aguarico y huyeron río abajo, relata el líder indígena Ramiro Ortiz.
Para él, esto significó el desplazamiento de la nacionalidad a’i cofán. Dejaron atrás el antiguo territorio de Amisacho –llamado así por la abundancia de caña guadua en el sector– mientras los recién llegados llamaron a la zona Lago Agrio, la traducción del inglés Sour Lake, un histórico pueblo petrolero en Estados Unidos donde nació Texaco.
Los a’i cofán eran nómadas y habitaban una amplia superficie entre el norte de la Amazonía ecuatoriana y el sureste de la Amazonía colombiana. Tras la llegada de la industria petrolera, el territorio quedó fragmentado y los indígenas fueron obligados a asentarse en comunidades para proteger sus límites.
Dureno, con 9500 hectáreas y ubicada a 30 minutos de Lago Agrio, es la comunidad más afectada por la pérdida de terreno y acorralamiento, de acuerdo con Ortiz. “Está rodeada de contaminación, de pozos petroleros y de derrames constantes que afectan al río Pisurie que pasa por la mitad de nuestro territorio”, dijo a Mongabay Latam.
Aunque la petrolera estadounidense dejó Ecuador en 1992, las prácticas contaminantes continuaron, aseguró la abogada Kimerling. En el país se registran unos 12 derrames de petróleo mensuales, según encontró Mongabay Latam en 2022.
Cuando se descubrieron cantidades comerciales de petróleo en las cercanías del territorio waorani, Texaco se alió con una misión evangélica para contactar de manera forzada y evangelizar a los indígenas, facilitando la ampliación de las operaciones en la zona, relata Kimerling. Esto provocó el desplazamiento de los Tagaeri –un grupo familiar waorani que se mantiene como no contactado– de gran parte de su territorio ancestral. “Su mundo fue cambiando completamente, están en peligro de desaparecer”, afirma.
Para Ortiz, otras nacionalidades indígenas enfrentan el mismo riesgo. En Ecuador hay unos 1500 a’i cofán, 1000 siekopai y 800 siona. “Es una población muy pequeña que con el tiempo va a desaparecer”, se lamenta.
Asimismo, el impacto cultural fue devastador, de acuerdo con Mayra Piaguaje, indígena siekopai y vocera de la UDAPT. Los hombres fueron requeridos en las compañías petroleras y mientras esto representaba un ingreso económico que les permitía insertarse en el sistema económico, también significó la llegada del alcoholismo y de otras dinámicas que han provocado la pérdida cultural. “No es justo, es indignante que mi pueblo se muera”, lamenta Mayra Piaguaje.
Territorios empobrecidos
La ampliación de la industria petrolera también se superpuso y afectó a indígenas siona, kichwa, shuar, así como a mestizos. “Cuando Texaco ingresó a nuestros territorios, todo era selva”, señala Mayra Piaguaje.
Antes de los derrames y de las piscinas de hidrocarburos, los indígenas vieron la deforestación de bosques megadiversos que sostuvieron su vida y cultura durante siglos. De hecho, uno de los puntos calientes de la deforestación en la Amazonía ecuatoriana está alrededor de la zona petrolera y Mongabay Latam ha corroborado que las carreteras de la industria han facilitado la extracción de madera.
“Los 9500 millones de dólares que Chevrón nos debe es menor a la pérdida de la biodiversidad [que ocasionó]”, afirma Humberto Piaguaje. “Nos han empobrecido, porque los pueblos indígenas todavía dependemos de la naturaleza para vivir”, añade.
Cuando la abogada Kimerling llegó a la Amazonía ecuatoriana, hasta el momento solo se hablaba de la deforestación y de la colonización a lo largo de las carreteras construidas por las petroleras como impactos de la actividad. Preguntó a los miembros de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) si es que había contaminación, algo que ya se había visto en otras zonas de extracción petrolera. “No conocían la palabra”, recuerda.
La especialista les explicó de qué se trataba y entonces los miembros de la FCUNAE le llevaron a ver lo que había quedado de un derrame reciente en el río Napo y a una comunidad con una piscina de desechos de un pozo exploratorio. Le conmovió saber que una empresa de Estados Unidos, donde ya se había aprendido que no es viable abrir un hueco en la tierra y botar desechos tóxicos, estuviera haciendo eso mismo en la Amazonía.
Mayra Piaguaje opina que las mujeres han sido particularmente afectadas. “En esa época existieron violaciones a las mujeres”, asegura. Además, relata que aguas tóxicas –un producto de la extracción petrolera–, derrames y desechos eran enviados directamente a los esteros y a los ríos, de donde las mujeres obtenían agua, bañaban a sus hijos y lavaban la ropa y los platos.
“Chevrón nos debe 9500 millones de dólares por su crimen ambiental”, insistió Donald Moncayo, coordinador ejecutivo de la UDAPT, en la rueda de prensa. Moncayo reclama ese dinero para invertirlo en la reparación de la naturaleza y la cultura, y para la construcción de infraestructura de educación y salud.
Foto principal: Una comunidad indígena reflejada en una piscina de hidrocarburos que dejó Texaco. Foto: Cortesía UDAPT
El Maipo/Mongabay
