El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que en enero el Ejecutivo ingresará una reforma constitucional para traspasar Gendarmería al sistema de Orden y Seguridad Pública, junto a Carabineros y la PDI. La medida busca fortalecer el control de los recintos penitenciarios tras la operación Apocalipsis, que destapó una red de corrupción al interior de las cárceles.
Gendarmería se convertirá en institución jerárquica y obediente
Con la reforma, Gendarmería pasará a ser una institución jerárquica, obediente y no deliberante, incorporando formalmente la función de seguridad y control penitenciario. El director nacional de la institución, Rubén Pérez, respaldó la iniciativa, señalando que permitirá mayor colaboración con las policías y evitará que el crimen organizado opere libremente en las cárceles.
Un punto sensible del cambio es que las actuales asociaciones de funcionarios no podrán subsistir debido al nuevo carácter jerarquizado. Sin embargo, Pérez llamó a no asumir que el personal perderá sus derechos laborales.
Apoyo transversal con matices
La propuesta recibió respaldo de distintos sectores políticos en la Comisión de Constitución de la Cámara. La presidenta de la instancia, Javiera Morales, valoró la iniciativa y rechazó la idea de que no existe control en las cárceles, aunque reconoció la existencia de redes de corrupción vinculadas al tráfico de drogas y dinero.
Por su parte, el diputado Gustavo Benavente citó informes de Contraloría que revelan corrupción permanente, planteando la necesidad de mayor vigilancia, especialmente con el ingreso de abogados, ya que cerca de 400 falsos profesionales habrían accedido irregularmente a los penales.
El diputado Luis Sánchez criticó al gobierno por llegar tarde a abordar la crisis carcelaria, aunque esperó avances en control y seguridad. Leonardo Soto, en tanto, felicitó la operación Apocalipsis como un golpe al narcotráfico y la corrupción, reconociendo problemas crónicos como el hacinamiento que dificulta el control efectivo.
Operación Apocalipsis: 45 funcionarios involucrados
La operación, ejecutada en coordinación entre el Ministerio Público, la PDI y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería en el penal Santiago 1, identificó a 45 funcionarios (de un total de 21 mil) involucrados en delitos de cohecho, soborno y asociación ilícita relacionados con el ingreso de elementos prohibidos.
Gajardo reveló que el gobierno solicitó en 2022 un foco investigativo sobre lo que ocurría en las cárceles, petición que se concretó en 2023 con el fiscal nacional Ángel Valencia. El director Pérez destacó que se trata de una operación inédita y de alto impacto, confirmando que todos los funcionarios involucrados serán desvinculados de la institución.
El Maipo
