En la historia reciente del Poder Judicial chileno, pocos nombres han concentrado tanta atención como el de Ángela Vivanco. Su trayectoria encarna un caso singular: el tránsito de una militante de la derecha política a una figura influyente en la Corte Suprema, que terminó envuelta en acusaciones de abuso de poder y vínculos impropios con redes políticas y empresariales.
Vivanco no emergió desde el anonimato técnico del derecho, sino desde una militancia activa. En los años noventa fue vicepresidenta, secretaria general y finalmente presidenta de la Unión de Centro Centro (UCC), partido liderado por Francisco Javier Errázuriz Talavera, un empresario con aspiraciones presidenciales que buscó aglutinar a la derecha populista de la transición. Esa primera etapa le permitió a Vivanco construir redes en el mundo empresarial y político conservador, en un tiempo donde la recomposición de la derecha post-pinochetista requería cuadros con formación académica y solvencia discursiva.
Posteriormente, su paso a Renovación Nacional (RN) consolidó su inserción en el ala institucional de la derecha. En 1997 fue candidata a diputada por ese partido en el distrito de El Bosque, La Cisterna y San Ramón. Aunque no logró un escaño, dejó establecidas relaciones con parlamentarios y abogados del entorno de RN, que luego serían relevantes en su carrera judicial y académica.
Desde entonces, Vivanco orientó su perfil en la Pontificia Universidad Católica, donde se especializó en derecho constitucional y bioética. Esa trayectoria le permitió articular una posición ideológica coherente con las tesis conservadoras de defensa de la vida “desde la concepción”, la objeción de conciencia y la primacía de los valores religiosos en el debate público. Su discurso jurídico se transformó en una fuente de legitimación doctrinaria para los sectores que resistieron reformas progresistas como el aborto en tres causales o la distribución de la píldora del día después.
Cuando en 2018 fue nombrada ministra de la Corte Suprema, su postulación fue respaldada por senadores de Chile Vamos, pese a las reservas expresadas por sectores de la oposición que veían en ella una figura demasiado alineada con el conservadurismo político. Sin embargo, esa misma afinidad ideológica se convirtió en su capital de poder: una red de contactos que abarcaba el mundo judicial, la academia católica y el espectro político de la derecha tradicional.
Esa red, que había sostenido su ascenso, se volvió también su talón de Aquiles. Las investigaciones judiciales recientes —por presuntas injerencias indebidas y vínculos con empresas involucradas en licitaciones con Codelco— revelaron la fragilidad de los límites entre independencia judicial y relaciones políticas. La acusación constitucional que culminó con su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años marcó el ocaso de una carrera que parecía destinada al liderazgo interno del Poder Judicial.
Paradójicamente, Vivanco ha buscado proyectar su caída como una cruzada moral contra lo que considera una “venganza política”. Su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneración del debido proceso sugiere que sigue dispuesta a disputar, incluso desde el descrédito, el relato de su propio poder.
El caso de Ángela Vivanco revela algo más profundo que un conflicto individual: la persistencia de redes políticas que, bajo el manto del mérito técnico, continúan modelando el funcionamiento de las instituciones judiciales chilenas. Su trayectoria es el espejo de una élite que supo vestir de toga sus convicciones ideológicas, hasta que el peso de sus alianzas hizo visible el límite entre justicia y poder.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
