Treinta muertos y 464 víctimas de daño ocular, en su mayoría a causa de proyectiles lanzados por fuerzas de seguridad, se registraron en Chile durante el estallido social iniciado en 2019, según confirmó informe.
El documento, elaborado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y su División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, fue presentado este viernes en ocasión de conmemorarse mañana el sexto aniversario de las revueltas populares.
El 18 de octubre comenzaron en Santiago manifestaciones espontáneas contra el aumento del precio del pasaje del Metro que luego se extendieron por todo el país, donde millones de personas salieron a las calles para rechazar el modelo neoliberal y las desigualdades sociales.
De acuerdo con el informe, de las 464 personas con trauma ocular, el 84 por ciento de ellas sufrió la lesión a causa de un balín, perdigón o bomba lacrimógena y el resto por los carros lanza agua o golpes con bastón retráctil, puños y otros objetos.
Con respecto a las víctimas, 87 por ciento eran hombres y 13 de cada 100 mujeres; el 92 por ciento del total mayores de edad y ocho eran menores en el momento de los hechos.
El informe precisa que 230 personas perdieron totalmente la visión y solo cuatro de cada 100 causas terminó en condena.
Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 ocurrieron en el país 35 mil 146 delitos, 34,1 por ciento de ellos cometidos por agentes del Estado.
Le siguen los saqueos y ataques a la propiedad (31,7), desórdenes públicos (22,7), maltrato a agentes (9,4) e incendios (2,1), precisa el balance de la Fiscalía.
Seis años después de aquellos acontecimientos, sectores de la derecha intentan enmarcarlo como un acto delincuencial y no como una demostración del descontento social.
El 18 de octubre no fue una explosión sin motivo, sino el desenlace de años de desigualdad y promesas incumplidas, dijo a la Radio Universidad de Chile la diputada Ana María Gazmuri, de Acción Humanista.
Mientras el también legislador Boris Barrera, del Partido Comunista, consideró que el estallido fue una expresión de descontento profundo por demandas no atendidas como pensiones, salud, educación y salarios.
Recordó que gracias a la movilización se abrió un proceso para sustituir la Carta Magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reconoció que “no fuimos capaces de lograr que se aprobara el primer texto constitucional”.
El Maipo/PL
