Martes, Abril 28, 2026

Desalojo de megatoma en San Antonio provocará emergencia social de gran magnitud

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La decisión judicial deja sin efecto la medida cautelar que buscaba paralizar la expulsión de más de 10.000 personas del asentamiento en Cerro Centinela, en la ciudad puerto de San Antonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó este miércoles el recurso presentado por los pobladores de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, en San Antonio, que pretendía detener el desalojo del lugar. Con este fallo, queda sin efecto la medida cautelar que impedía fijar una fecha concreta para la expulsión del asentamiento.

El recurso había sido interpuesto contra la Municipalidad de San Antonio y los ministerios de Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social. Los pobladores argumentaban que antes de ejecutar el desalojo debían garantizarse albergues transitorios, servicios básicos, transporte para las familias afectadas y equipos de salud para el día del procedimiento.

Sin embargo, la Corte estimó que estos requisitos no eran suficientes para paralizar la ejecución del desalojo, permitiendo así que el proceso judicial continúe su curso normal.

Inmobiliaria presiona por fecha de desalojo

La municipalidad ha sido instada por la Inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria del terreno, para establecer una fecha definitiva de desalojo. En el asentamiento viven más de 10.000 personas agrupadas en cerca de 4.000 familias, según datos del Ministerio de Vivienda.

Con lo resuelto por la Corte de Apelaciones, el proceso de desalojo continuará avanzando conforme al plan legal vigente.

Municipio advierte emergencia social

Ante esta situación, el Municipio de San Antonio emitió un urgente llamado a través de un comunicado público, advirtiendo que esta medida de desalojo provocará una emergencia social de gran magnitud. El gobierno local manifestó no contar con los recursos financieros ni la infraestructura necesaria para dar albergue a quienes se vean desalojados del Cerro Centinela.

La autoridad comunal calificó la situación como una “grave crisis país”, evidenciando la tensión entre el cumplimiento de la orden judicial y la capacidad real de respuesta ante una problemática social de estas dimensiones.

El Maipo

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