Listo para su promulgación está hoy en Chile el proyecto que crea la figura jurídica de Ausente por Desaparición Forzada, el cual busca reconocer a las víctimas de ese delito durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La moción fue aprobada en su tercer trámite en la Cámara de Diputados por 89 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones y ahora será enviada al Ejecutivo para su publicación como ley de la República.
Impulsada por la legisladora Lorena Pizarro, del Partido Comunista de Chile (PCCh), la iniciativa prevé la creación de un registro público y gratuito de los detenidos desaparecidos en los 17 años del régimen de Pinochet.
La inscripción detalla el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, edad de la persona al momento de su detención y día del arresto, secuestro o privación de libertad.
De las 40 mil víctimas de la dictadura, todavía hoy se desconoce el paradero de mil 100 personas. El 50,28 por ciento de ellas eran obreros o campesinos y 13,6 menores de 21 años.
Para la parlamentaria Carmen Hertz, del PCCh, este es un paso fundamental y responde a las obligaciones estatales de reparación, prevención y no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura.
Mientras, Carolina Tello, del Frente Amplio, declaró que este proyecto viene a hacer justicia ante tantos años de impunidad y recordó que durante mucho tiempo cientos de familias han vivido sin verdad y sin ni siquiera tener el reconocimiento legal de la ausencia de sus seres queridos.
En fecha reciente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, declaró que con este proyecto se salda una deuda del Estado con el país y, sobre todo, con los familiares.
La creación de este registro permitirá a las familias tener un certificado que diga que sus adeudos están ausentes por desaparición forzada, dijo.
El 11 de septiembre, durante un acto en el Palacio de La Moneda en ocasión del aniversario 52 del golpe de Estado, el presidente chileno, Gabriel Boric, expresó que la figura jurídica de ausente facilita la vida de sus familiares.
El mandatario reiteró el compromiso de continuar con la búsqueda de los desaparecidos y anunció el uso de modernas tecnologías, incluidos drones, que sobrevuelan lugares para evaluar los movimientos del terreno en los últimos 50 años y así poder realizar excavaciones, con la esperanza de encontrar los restos.
“El Estado de Chile los hizo desaparecer, el Estado de Chile tiene el deber de buscarlos y debe poner todos sus esfuerzos para reunir los antecedentes dispersos, contrastar la información disponible y reconstruir las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada”, aseguró.
Para la diputada María Candelaria Acevedo, también del PCCh, la creación de la nueva figura jurídica responde a una demanda histórica que evitará la revictimización de las familias al realizar trámites administrativos.
El Maipo/PL
